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Cumplimos

Anuncian iniciativa para reformar el Código Penal Federal y la Ley General de Salud sobre interrupción legal del embarazo

30 septiembre, 2019 - Prensa

· Wendy Briceño precisó que la iniciativa no es un trabajo final, pero coinciden en que es un gran paso hacia la progresividad de los derechos de las mujeres.

· El enfoque principal es la garantía que tiene que dar el Estado mexicano para el acceso al derecho a la salud de las mujeres.

Tras recorrer 20 estados del país y 22 ciudades sedes en los que se desarrollaron foros con ejercicio de parlamento abierto, legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario de Morena, en voz de la diputada Sandra Paola González Castañeda, presentaron una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y la Ley General de Salud, en materia de progresividad de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres, donde se aborda la interrupción legal del embarazo.

En este encuentro denominado ‘Conclusiones de foros regionales’ la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Wendy Briceño Zuloaga, expresó que se trata de derechos que plantean problemáticas sociales, que plantean también la diferencia entre vivir o morir para las mujeres.

Agregó que para eso llegaron al Congreso, para que los derechos de las mujeres estén garantizados y defendidos hacia la igualdad sustantiva en la que avanzamos, “un paso cada vez, de manera constante, y a pasos apresurados al mismo tiempo porque no podemos detenernos”.

Apuntó que mientras más mujeres sigan coartadas en sus derechos por ejercer la libertad en sus cuerpos con plena autonomía, no se podrá descansar y añadió que es fundamental ampliar los diálogos, porque todo va articulado desde la educación sexual.

También hizo la precisión de que éste no es un trabajo con sello final, “pero hemos buscado, conversado y argumentado entre los y las diputadas quienes inscribimos esta iniciativa, que es un gran paso hacia la progresividad de los derechos de las mujeres”.

En su intervención Sandra Paola González, integrante de la Comisión de Igualdad de Género, subrayó que en estos foros participaron alrededor de mil 200 personas, entre ellos especialistas, médicos y médicas, jueces, juezas, magistrados, académicos y personas que están involucradas en la progresividad de derechos, para llegar a las conclusiones y hacer este planteamiento.

Destacaron también que esta iniciativa incluye la perspectiva de garantizar el derecho a la salud de las mujeres y el enfoque principal es la garantía que tiene que dar el Estado mexicano.

La iniciativa plantea reformar los artículos 329, 330, 331, 332, así como la derogación de los artículos 333 y 334 del Código Penal Federal.

El artículo 329 establecería que el aborto es la interrupción del embarazo después de las 12 semanas de gestación.

En el artículo 330, refiere que quien hiciere abortar a una mujer sin su consentimiento se le aplicará de 3 a 6 años, y si mediare violencia física o moral, se impondrán de 6 a 8 años de prisión.

El artículo 331 hace alusión a que el personal médico que causare un aborto sin consentimiento de la mujer, además de las sanciones que le corresponden conforme al anterior artículo, se le suspenderá de 2 a 5 años en el ejercicio de su profesión.

En tanto que el artículo 332, establece que se impondrá de 3 a 6 meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta en que otra persona la haga abortar después de las 12 semanas de embarazo. En este caso el delito de aborto sólo se sancionará cuando se haya consumado. La misma pena se le impondrá a quien hiciere abortar una mujer después de las 12 semanas de embarazo con el consentimiento de ésta.

Mientras que en Ley General de Salud, su artículo tercero se modificaría para señalar que el término de esta ley es materia de salubridad general y se adhiere el párrafo 5 bis que contempla la interrupción legal del embarazo.

En el artículo 10 bis de la misma ley, la adición se refiere a que el personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud, podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación del servicio que establezca la ley, pero las instituciones públicas de atención médica deberán contar en todo momento con personal para que los procedimientos médicos deban garantizarse.

Las modificaciones establecen que la Secretaría de Salud reconocerá y garantizará los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluida la interrupción legal del embarazo.

La Secretaría de Salud por medio de personal capacitado, deberán proceder a la interrupción del embarazo en condiciones de calidad cuando la mujer interesada así lo solicite y para tales efectos, la Secretaría de Salud proporcionará servicios de consejería médica y social con información veraz y oportuna.

Además, esta reforma plantea un transitorio para que se exhorte a los congresos locales a armonizar sus legislaciones penales.

La legisladora por Nuevo León, señaló que también se habla de libertad de conciencia, “además de reconocer la libertad de conciencia, tanto para las mujeres, como para las y los médicos, resulta imprescindible que cada institución de salud pública, pueda asegurar que al menos una persona dentro de todos sus turnos, se encuentre disponible para practicar el procedimiento de la interrupción legal del embarazo”.

La diputada por Morena consideró que este tema no puede ser ya político, porque se trata de salvaguardar, proteger y sobre todo de enaltecer los derechos humanos consagrados, que es precisamente el derecho a la salud, y es lo que se está planteando.

Durante este encuentro, Nadine Gasman, titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), indicó que garantizar el compromiso por el derecho a decidir sobre la salud sexual y reproductiva, es un componente fundamental para avanzar hacia una política integral de Estado.

La funcionaria dijo que la transformación sólo será posible de la mano de los tres órganos de gobierno, por lo que hizo un llamado a no frenar el avance que fortalecerá el marco jurídico de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva.

“Nuestras abuelas nos dieron el voto, nuestras madres la paridad, nosotras el derecho a decidir”.

Yo llamo a las legisladoras y a los legisladores para que en esta oportunidad histórica, tengamos la fuerza, la convicción que nos da la razón y la historia, por garantizarle a todas y a todos una vida digna, una vida libre de discriminación y la posibilidad de decidir, por su vida, su cuerpo y sus derechos.


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