DIPUTADA LIDIA GARCÍA ANAYA (LGA): Gracias, presidente. Con la venia de la Presidencia. Inicio mi participación felicitando a mis compañeras diputadas de las diferentes bancadas por el interés y acompañamiento que le dieron a este dictamen, en especial a la vicecoordinadora de mi grupo parlamentario, a la diputada Aleida Alavez Ruiz.

En este dictamen encontramos un gran consenso, derivado de amplios esfuerzos por conciliar posturas y visiones diversas, las cuales encontraron eco en los parlamentos abiertos y mesas de expertos, que generaron un compromiso plural que se refleja en este trabajo legislativo.

Recordemos que desde el año 2021 la iniciativa tres de tres en contra de la violencia fue un lineamiento para el proceso electoral de ese año, cuyo objetivo era otorgar garantías para erradicar cualquier tipo y modalidad de violencia contra las mujeres en razón de género.

En ese año las personas aspirantes a una candidatura firmaron un formato de buena fe y bajo protesta de decir verdad, en donde manifestaron no haber sido condenadas o sancionadas mediante resolución firme por las siguientes conductas: violencia familiar y/o doméstica o cualquier agresión de género en el ámbito público o privado, por delitos sexuales contra libertad sexual o la intimidad corporal, o como persona deudora alimentaria morosa.

Este mecanismo fue una petición firmada por legisladores federales y locales, por organizaciones feministas, activistas de derechos humanos, ciudadanas, entre otros, con la única finalidad de dotar de mayores garantías para erradicar cualquier tipo y modalidad de violencia contra las mujeres en razón de género.

Sin embargo, la suma de estos esfuerzos no ha sido suficiente, es por ello de la necesidad de aprobar esta reforma a los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en esta reforma.

En esta reforma se materializa la suspensión de derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público cuando se tenga sentencia firme en cualquiera de sus tipos penales por estar prófugo de la justicia desde que se dicte la orden de aprehensión, hasta que prescriba la acción penal.

Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión y por tener sentencia firme por la comisión internacional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexual, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos. Y no menos importante, por ser declarada como persona alimentaria morosa.

Lo he dicho en varias ocasiones en esta tribuna, me dediqué a la docencia y en la Ley Federal del Trabajo en la materia que siempre impartí –derecho laboral– en el artículo 97 y 110 de la Ley Federal del Trabajo contempla el descuento a los salarios y a los salarios mínimos por concepto de pensión alimenticia, lo cual siempre compartí con mis alumnos.

Si las personas, si los padres, si las madres fueran responsables con sus hijos estos artículos en estas fracciones no tendrían que existir, porque tiene que ser mediante un juicio para que una autoridad ordene a la empresa o a un patrón a descontar del salario de los trabajadores la pensión alimenticia para alimentar a sus hijos.

El día de hoy avanzamos significativamente, dejando de ser observadores de actos de irresponsabilidad para las familias mexicanas, velando porque los cargos de elección popular sean para personas congruentes y comprometidas con las personas más importantes, con nuestros hijos.

El día de hoy dejamos por sentado un avance histórico en materia legal al prohibir el registro como candidato o candidata a cualquier cargo de elección popular para que no pueda ser nombrada para ningún empleo, cargo o comisión en el servicio público, fijando por ley los casos en los que se pierden o suspenden los derechos como ciudadanos.

Con este dictamen estamos dando cumplimiento a la necesidad fundamental de prever en la Constitución Política las causales de suspensión de derechos ciudadanos como requisitos de elegibilidad, con lo que se garantice que no ocupen puestos públicos personas sentenciadas por la Comisión de Ilícitos o por el incumplimiento de obligaciones alimentarias que lesionen bienes y valores.

De la misma forma, celebro las acciones realizadas por el Senado de la República al aprobar por unanimidad la creación de un Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, con el objetivo de garantizar el oportuno cumplimiento de la pensión alimenticia de manera homologada en todo el país, a fin de concentrar la información de las personas deudoras alimentarias, dotándolas de protección efectiva para los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Esta reforma fue enviada al Ejecutivo federal para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno dispongan de lo necesario, con la finalidad de establecer como requisito la presentación del certificado de no inscripción en dicho registro para realizar procedimientos y trámites, como permisos de conducir, pasaportes o documentos de identidad, trámites notariales, así como participar en procesos de selección a cargos populares como la reforma que hoy nos ocupa.

De la misma forma y por lo que corresponde al artículo 102 constitucional, avanzamos de manera sustancial al hacer obligatorio que el titular de la Fiscalía General de la República deba tener ciudadanía mexicana por nacimiento y deba estar en pleno uso y en ejercicio de sus derechos.

Esto es un gran avance, celebramos que esta Cámara de Diputados haya aprobado esto en la Comisión de Puntos Constitucionales, y yo les pido que votemos a favor de este importante dictamen, dictamen que va en beneficio de las y los ciudadanos mexicanos, pero sobre todo de las familias mexicanas. Es cuanto, presidente.

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