DIPUTADA ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS (ABC) : Muchas gracias.

Pues es muy importante utilizar este espacio precisamente como caja de resonancia de las preocupaciones de todas las voces en México. No podemos negar que es el tema más relevante en la agenda pública y por eso se repite semana tras semana en este espacio de diversidad de voces.

Esta semana los diálogos se ha enfocado en destacar los objetivos de la propuesta de reforma respecto a la conformación y reorganización del Poder Judicial, el tema de austeridad, fideicomisos, los derechos laborales de sus trabajadoras y trabajadores.

Respecto a esto mucho se mencionó que esta reforma de avanzada le resta autonomía presupuestal al Poder Judicial y curiosamente también se escucharon voces diciendo que no es posible hablar de austeridad en el debate de esta reforma, que mejor se debería de estar en favor de una suficiencia presupuestal, de la racionalidad del gasto, además de su aplicación oportuna, transparente y eficiente en el Poder Judicial.

Sobre este punto, pues no de extrañar, que algunos miembros del Poder Judicial tengan este tipo de inquietudes, que en su vida cotidiana no quepa la palabra austeridad, pues sabemos ciertamente que por años y años el Poder Judicial ha imperado una burocracia dorada que le cuesta mucho al pueblo de México, aproximadamente 54 mil millones de pesos hablando sólo de los sueldos base.

Esto sin considerar lo que cuestan las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus ostentosos salarios mensuales de casi 300 mil pesos y que además tienen prestaciones por casi otros 300 mil pesos más.

Se tiene que decir y se tiene que decir fuerte, ganan más que el Presidente de la República, pero ganan más que el 90 % de la población en nuestro país. Se debe saber que el Poder Judicial derrocha el dinero del pueblo de México en seguros de separación individualizados excesivos, en el mantenimiento y conservación de sus propias propiedades, en telefonía celular, en alimentos para ellos y para sus familias.

La implementación de esta reforma garantiza un manejo eficiente del presupuesto judicial sin afectar los derechos de las y los trabajadores, pero con reglas claras de transparencia y rendición de cuentas.

Por otro lado, nos cuestionan acerca de la reorganización y la estructura de los órganos administrativos y disciplinarios del Poder Judicial.

Quiero destacar ejemplos que sobran.

En la última década esta estructura encargada de procurar justicia ha otorgado en favor de los intereses particulares sentencias, y como ejemplo de eso están las declaraciones de inconstitucionalidad de las reformas propuestas en favor del pueblo de México y enviadas por el Ejecutivo.

Aun así, debemos tener claro que no se trata de doblegar a los jueces y juezas, ministros y ministras, magistradas y magistrados, lo que esta reforma busca es ayudar a reducir la impunidad, que la justicia esté cercana al pueblo de México y pues que no sucedan casos como el del juez Rodrigo de la Peza, quien abusando de sus facultades interfirió en la autonomía del Tribunal Electoral bajo una clara encomienda.

Este caso debe de ser atendido por el Consejo de la Judicatura Federal, mismo que ahora según las cifras sólo resuelve el 4 % de las denuncias de irregularidades respecto a las faltas a jueces, ministros, ministras y magistrados.

Incluso el Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial reconoció durante el primer foro que el Consejo de la Judicatura Federal retrasa la resolución de las denuncias presentadas por los trabajadores del Poder Judicial en contra de sus superiores jerárquicos por temas como acoso y explotación laboral con horarios no establecidos.

Por esta razón necesitamos esta reforma, que abone a la especialización de los órganos administrativos y disciplinarios del Poder Judicial con el objetivo de garantizar su autonomía, su independencia, la especialidad técnica y así desligar la función jurisdiccional de las tareas estrictamente administrativas que inciden en el nombramiento, formación de jueces y magistrados.

Necesitamos que se incorporen funciones sancionadoras y de disciplina personal que hoy se encuentran a cargo de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de consejeras y consejeros de la Judicatura que no necesariamente cuentan con la intención, las aptitudes o la independencia para cumplir con sus funciones.

Por esta razón vamos por una República justa, honesta, transparente, austera, pero, sobre todo, por justicia para todas y todos en México.

Por esta razón la reforma judicial va.

Es cuanto.

Muchas gracias.