DIPUTADO IGNACIO MIER VELAZCO (IMV). Siempre en el Senado de la República son más generosos con el tiempo, en Cámara de Diputados no nos permiten más de 3 o 5 minutos, pero como el senador dio una cátedra, bien valía, como sucedió en la Guerra de los 30 años, su fin, diría Gerardo Fernández Noroña, que Francia bien valía una misa, creo que este foro bien valía una Navor.

Gracias, mi querido amigo.

Quiero saludar en principio al gobernador del estado, agradecerle su generosidad, reflejada en la colaboración republicana entre poderes; el llamado que hizo la Comisión Permanente a la Cámara de Diputados, y a su vez la Junta de Coordinación Política, aquí están los coordinadores del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, y del Partido Verde Ecologista, Carlos Puente, y del partido Movimiento Ciudadano, Braulio Ochoa, así como integrantes de la Legislatura.

El acuerdo fue que se ampliara el diálogo y que fuera a través de la Comisión de Puntos Constitucionales y que los diálogos fueran temáticos para ir profundizando en la iniciativa de reforma que aquí ya se ha comentado, no lo voy a hacer en obvio de tiempo y porque están empapados de ello, decirles que la iniciativa que presenta el Presidente López Obrador de reforma al Poder Judicial tiene como antecedente una primera reflexión que se hizo en la Cámara de Diputados por el cual se preguntar a los especialistas, juristas, colegios, barras de abogados, universidades, centros de estudio, investigación del Derecho, y a la población, para que reflexionáramos sobre la conveniencia de reformar el artículo 96 constitucional, que es el que establece el procedimiento para elegir a los ministros de la Corte, que es un procedimiento que data desde hace 150 años.

Esa fue la primera reflexión. Cuando se hizo este ejercicio, este conversatorio por todo el país, que lo condujo la Junta de Coordinación Política se llegaron a varias conclusiones.

Ministros en retiro de la Corte dijeron que se requería, no solamente una revisión al procedimiento electivo que establece el 96 constitucional, sino que debería haber una reforma integral, incluso, en voz de otro gran jurista mexicano, Diego Valadés, él decía “y hay que hacerle un juicio al juicio”, porque presenta distorsiones que se viven en las diferentes estancias, y siempre termina en juzgados federales vía el amparo, o como bien decía el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, en una cuarta instancia.

El otro aspecto tenía que ver en una decisión política, fíjense ustedes, saludando con cariño y aprecio la presencia de quienes hoy son motivo de análisis en este ejercicio dialéctico, a los presidentes de los tribunales de justicia en los estados, para hablar de lo que es el 116 y el octavo transitorio, que estoy seguro de que es el que más les llama la atención de la iniciativa de reforma.

Decirles que cuando se decidió en la reforma del 2011, que se creara el Consejo de la Judicatura Federal como un instrumento que evaluara que efectivamente lo que establece la Constitución de contar con una justicia pronta, expedita y gratuita, se viera plasmado a través de un instrumento administrativo de evaluación del desempeño, que incluía la carrera judicial y que permitiera efectivamente ir midiendo el desempeño de los jueces.

¿Quién juzga a los juzgadores, sus resultados? El reclamo del pueblo es que no se estaban cumpliendo esos propósitos y estructuralmente un problema, comentaba uno de los ministros en retiro, es que fue una decisión política la que llevó a que el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea al mismo tiempo el titular del Consejo de la Judicatura Federal, en otras palabras, juez y parte.

Eso generó distorsiones, generó compromisos, y hoy que se presenta la reforma, lo que se hizo fue cuáles son las fuentes más importantes que nos van a permitir lograr el propósito constitucional de justicia para las y los mexicanos.

Primero era modificar el procedimiento para elegir a jueces, magistrados y ministros de la Corte, extensivo para las entidades federativas; segundo, eso conllevaba a la modificación de la estructura orgánica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

El otro tema sustantivo es la austeridad republicana, que está establecida en la Ley, pero que es producto de lo que señala la propia Constitución; y el otro tema que generaba distorsión es el de la justicia de los tribunales locales, que es el que veremos el día de hoy.

¿Qué les quiero decir y aprovechar porque nos están cubriendo a nivel nacional?, los tiempos, decirles que el diálogo que se está realizando en todo el país, que ha generado que en las plataformas de la Cámara de Diputados y del Congreso mexicano, y en sus canales, tengamos la participación de más de 600 mil mexicanos interesados, que hemos sistematizado todas las ponencias que se han presentado en todos los diálogos, que los micrositios que están alojados tanto en la Comisión de Puntos Constitucionales, como en la propia Cámara de Diputados, están los comentarios, las versiones estenográficas y los videos de todas las ponencias.

Que esa leyenda urbana política de que “no se toca ninguna iniciativa” es una falsedad, no ha habido en este movimiento y por parte del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y hoy de la presidenta virtualmente electa, Claudia Sheinbaum, otra disposición que no sea lo que le dio origen a nuestro movimiento que sea la discusión y deliberación democrática.

Por esa razón es que lo estamos haciendo, y ya encontramos, por lo que hace a la modificación de la estructura de la Suprema Corte, de su conformación y el procedimiento y método electivo que ya hay una, prácticamente ya no hay discusión, hay una aceptación, porque ha sido sensible la Comisión de Puntos Constitucionales, y de manera compartida con la Cámara de Senadores y en la Permanente, de que tiene que haber gradualidad en el proceso.

Segundo, que se tienen que respetar los derechos adquiridos de todos los trabajadores del Poder Judicial.

Tercero, que debe de haber participación democrática abierta para todos; que los criterios de elegibilidad que se definan en la convocatoria tienen que garantizarle a todos la posibilidad de participación, pero preferentemente de manera directa a quienes actualmente se desempeñan como jueces, magistrados y los propios ministros.

La otra cuestión importante y que se ha establecido para el caso de los gobiernos de los tribunales locales en el 116, es que tiene que haber un procedimiento que respete el federalismo, que respete la soberanía, la autonomía de los estados, representados por sus congresos locales. Y que, en ese sentido, como ya aquí se señaló, que se empiecen a equilibrar las distorsiones, de cada 10 casos que se presentan o asuntos, 8 son en el fuero común; y cuando llegan al fuero federal, de manera verdaderamente indignante, lo he escuchado de jueces locales, de magistrados locales, cómo en esa instancia, jueces y magistrados de circuito dicen que se regrese al fuero vulgar.

Y eso habla, ese comentario habla, puntualiza qué es lo que estamos viviendo en términos del federalismo de justicia.

Por eso vinimos a este foro, por eso le agradecemos al magistrado Guerra que haya convocado a una cantidad muy importante, ya son mayoría calificada en este momento, su presencia, que los vamos a escuchar con atención, que está de testigo el gobernador electo del estado de Puebla de nuestra vocación republicana, de división de poderes y fortalecimiento del federalismo.

Está con nosotros quien viene en su calidad de senadora electa, pero que también ya fue anunciada que va a ser la consejera jurídica del Gobierno de México y eso debe de servirles a ustedes como garantía de que este esfuerzo de discusión, deliberación, de diálogo apunta, como único propósito, a que este país tenga efectivamente justicia pronta, expedita y gratuita.

Muchísimas gracias.

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