Palacio Legislativo de San Lázaro, 5 de agosto de 2025.
Por unanimidad de 37 votos, la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Leonel Godoy Rangel (Morena), aprobó el dictamen que reforma el inciso “A” de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, con el fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general que tipifique y sancione la extorsión de manera homogénea en todo el país.
El dictamen que será turnado a la Mesa Directiva para su programación legislativa ratifica sin cambios la iniciativa presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 10 de julio, al considerar que la propuesta es “fundada, motivada, oportuna y necesaria”. Una vez publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación, el Congreso tendrá 180 días para emitir la nueva ley; entre tanto, seguirán vigentes las disposiciones federales y locales sobre extorsión.
La reforma busca unificar el tipo penal, sus agravantes y delitos vinculados, además de establecer mecanismos de prevención, investigación y atención a víctimas. Actualmente la extorsión cuyo modus operandi se ha diversificado con el uso de tecnologías y la delincuencia organizada presenta disparidad de sanciones en cada estado y un aumento del 87 % en la última década, con 5889 víctimas solo en el primer semestre de 2025.
Durante la discusión, legisladoras y legisladores de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC coincidieron en la urgencia de armonizar la legislación para frenar modalidades como la estafa telefónica y el cobro de “derecho de piso”, muchas veces operadas desde centros penitenciarios. Subrayaron que la ley secundaria deberá fortalecer la coordinación entre Federación y estados, definir claramente competencias de fiscalías y tribunales, y garantizar la atención integral a las víctimas.
El presidente de la Comisión recordó que la futura ley general deberá revisar tanto el tipo penal especial como los procedimientos de prueba y denuncia de oficio. Las bancadas se comprometieron a incorporar la opinión de gobiernos estatales, fiscalías, academia y sectores productivos, a fin de construir un marco jurídico robusto que permita “prevenir, investigar y sancionar” la extorsión en todas sus vertientes y devolver seguridad a la ciudadanía.
