Palacio Legislativo de San Lázaro. En el marco de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer, legisladoras de México y representantes de América Latina y el Caribe sostuvieron tres mesas de trabajo para abordar la implementación de sistemas integrales de cuidados, el financiamiento para la igualdad incluida la innovación y alianzas hacia la sostenibilidad y la corresponsabilidad social y de género en el trabajo decente y licencias para cuidar.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Anais Miriam Burgos Hernández, afirmó que en México hay más condiciones para el desarrollo de las mujeres, aunque “aún falta evolucionar en muchos temas”. Desde la Cámara de Diputados, voces de Morena, MC y PVEM coincidieron en que el presupuesto y la política fiscal son palancas para redistribuir la riqueza y garantizar derechos (Mariana Benítez); que la crisis de cuidados, reconocida en la Agenda 2030, sigue siendo la menos financiada (Anayeli Muñoz); y que el país ha avanzado con reformas de igualdad sustantiva y paridad, así como con la definición de recursos específicos para mujeres en el Plan de Desarrollo (María Magdalena Rosales y María Rosete).
Se subrayó que los presupuestos deben defenderse al igual que la igualdad (Claudia García) y que el cuidado es un derecho fundamental cuyo reconocimiento permite consolidar marcos políticos en la región (Mónica Fernández y Patricia Mercado).
Hubo llamados a cambiar patrones culturales, ampliar licencias parentales, ofrecer horarios flexibles y guarderías en centros de trabajo (Karina Trujillo, Amalia García y Beatriz Mujica), así como a visibilizar que las tareas de cuidado limitan acceso de las mujeres a pensiones, salud mental y patrimonio (Julieta Vences). Delegaciones de Uruguay, República Dominicana, Perú, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Chile, Paraguay, Guatemala, Argentina y Venezuela compartieron avances y retos: desde sistemas nacionales de cuidados, licencias y servicios de atención, hasta la urgencia de blindar presupuestos, evitar retrocesos institucionales y contar con indicadores de impacto.
La OIT llamó a alinear normas internacionales, sostener el diálogo social y prohibir regresiones. Las y los participantes acordaron empujar una agenda que convierta el cuidado en asunto de Estado, con recursos, corresponsabilidad y transparencia, y llevar estos insumos a los procesos legislativos nacionales y a los compromisos regionales.
