• “La extorsión tiene graves repercusiones en la seguridad pública, la economía y la vida de las personas”, señaló el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.
Palacio Legislativo de San Lázaro. Sesión vespertina. El diputado Leonel Godoy Rangel (Morena), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, fundamentó el dictamen a la iniciativa que reforma el inciso A de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, en materia de extorsión, y subrayó que se trata de un paso decisivo para enfrentar uno de los delitos que más lastiman a la sociedad.
Godoy recordó que la iniciativa fue presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el 10 de julio ante la Comisión Permanente y turnada a Puntos Constitucionales el 17 de julio. Explicó que la extorsión es un delito concurrente (tipificado en el Código Penal Federal y en los códigos estatales), lo que ha generado criterios y alcances distintos; por ello, la reforma dará pie a una Ley General contra la Extorsión que homologue el bien jurídico tutelado, unifique el tipo penal y sus agravantes y garantice su persecución de oficio.
“La extorsión afecta la seguridad, la economía y la vida de las personas; es el delito que más ha crecido”, enfatizó.
¿Qué plantea el dictamen?
- Facultar al Congreso de la Unión para expedir una legislación general en materia de extorsión.
- Homologar penas y criterios de punibilidad en todo el país para combatir eficazmente el delito.
- Uniformar herramientas jurídicas e investigativas, bajo coordinación y colaboración institucional.
- Clasificar la extorsión como delito de alto impacto, perseguible de oficio y con posibilidad de denuncia anónima.
- Unificar el tipo penal, delitos vinculados y sanciones, e incorporar mecanismos de atención a víctimas, ofendidos y testigos.
Magnitud y modalidades del fenómeno
El legislador citó que en 2018 se registraban 19 extorsiones diarias, y para enero de 2025 la cifra subió a 29, un incremento de 58% en seis años. Las dos principales modalidades son las estafas telefónicas y el cobro de piso.
El cobro de piso presiona a comercios, carreteras, negocios, huertas y ganadería, afectando toda la actividad económica.
La extorsión telefónica, con frecuencia orquestada desde centros penitenciarios, requiere medidas diferenciadas de investigación y prevención.
Consenso y coordinación nacional
Godoy Rangel destacó el consenso alcanzado en la Comisión al aprobar el dictamen: “Los partidos podemos ponernos de acuerdo para atender una demanda sentida del pueblo”. Añadió que la reforma se articula con el Plan Nacional de Seguridad Pública y la Estrategia Nacional contra la Extorsión, así como con la reforma al Artículo 21 que otorga atribuciones de coordinación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a fin de alinear esfuerzos federales y estatales.
El presidente de la Comisión concluyó que el dictamen abre la ruta para un marco homogéneo y efectivo que inhiba la extorsión, proteja a las víctimas y devuelva certidumbre a la ciudadanía y a la economía del país.
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