Nueva Ley de Extorsión pone un alto definitivo a este delito: diputada Azucena Arreola Trinidad
Palacio Legislativo de San Lázaro, — Durante la discusión y aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, la diputada Azucena Arreola Trinidad afirmó que, con esta nueva legislación, “el Estado mexicano pone un hasta aquí a este delito que por años ha vulnerado a miles de familias y trabajadores”.
Desde tribuna, la legisladora chiapaneca sostuvo que esta norma representa “la herramienta que las familias, los comerciantes, los transportistas y miles de víctimas han estado esperando” y subrayó que permitirá recuperar la tranquilidad del pueblo de México.
Penas más severas y cerco total a extorsionadores
Arreola Trinidad explicó que la minuta aprobada fortalece el marco jurídico al realizar 20 modificaciones en 15 artículos y un transitorio clave, con el propósito de cerrar cualquier resquicio que permita la evasión de la justicia.
Detalló que las penas por extorsión aumentan de 15 a 25 años, lo que impide que personas sentenciadas accedan a beneficios de libertad anticipada y rompe el incentivo criminal. Además, estas sanciones homologan criterios con entidades donde este delito ya se castiga con penas más altas.
“Con este cambio se manda un mensaje contundente: la extorsión se acabó como negocio de bajo riesgo”, recalcó.
Cero tolerancia a la corrupción institucional
La diputada precisó que la nueva ley restablece sanciones severas contra servidores públicos corruptos, como fiscales, agentes del Ministerio Público, custodios y policías que, por omisión o complicidad, han permitido la operación de este delito.
“Ya basta de autoridades que miran hacia otro lado. Recuperamos el espíritu de la iniciativa de la presidenta de México: cero tolerancia a la corrupción institucional”, enfatizó.
Extorsión desde reclusorios: fin a la impunidad
Arreola Trinidad recordó que una parte considerable de las extorsiones se originan desde centros penitenciarios. Por ello, la ley ahora endurece las penas para quienes introduzcan celulares o dispositivos, faciliten telecomunicaciones clandestinas o permitan estas prácticas desde posiciones de autoridad.
Además, obliga al uso de inhibidores de señal y prohíbe beneficios de preliberación a quienes cometan extorsión desde prisión.
Protección real para quienes denuncian
La legisladora destacó que esta reforma coloca en el centro a las víctimas al:
- Mantener la persecución de oficio del delito.
- Reservar la identidad de quienes denuncian.
- Facilitar denuncias vía telefónica a través del 089.
- Permitir declaraciones remotas para evitar la revictimización.
“Se rompe con el miedo, porque antes quien denunciaba quedaba expuesto. Hoy, el Estado se pone del lado de la víctima, no del delincuente”, concluyó.
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