Morena destaca reducción de homicidios y respalda investigaciones contra el contrabando de combustibles
El Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados afirmó que la estrategia de seguridad del Gobierno de México continúa dando resultados positivos y reiteró que el combate a la corrupción y al crimen organizado debe aplicarse sin distinción de personas o partidos políticos.
En conferencia de prensa, el vocero de la bancada, el diputado Arturo Ávila Anaya, destacó los avances de la estrategia nacional de seguridad, al señalar que el país registra una tendencia sostenida a la baja en los homicidios dolosos y en otros delitos de alto impacto durante la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Asimismo, subrayó que estos resultados responden a una estrategia sustentada en la atención a las causas de la violencia, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, el uso de herramientas de inteligencia y la coordinación con las fiscalías estatales.
En otro tema, el legislador se refirió a la investigación que autoridades federales realizan por un presunto esquema de contrabando de combustibles, en el que estaría involucrado el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. Indicó que la indagatoria, desarrollada por diversas instituciones federales, estima un daño al erario por aproximadamente 4 mil 600 millones de pesos y sostuvo que se trata de un procedimiento sustentado en una carpeta de investigación, no de una persecución política.
Al responder preguntas de los medios de comunicación, Ávila Anaya aseguró que cualquier persona relacionada con actividades ilícitas debe ser investigada conforme a la ley, sin importar su filiación política. Añadió que el Gobierno de México ha fortalecido el marco legal para combatir el contrabando de combustibles mediante reformas en materia aduanera, mayores controles y mecanismos de supervisión para prevenir la evasión fiscal y recuperar los recursos públicos.
Finalmente, el vocero parlamentario reiteró que Morena respalda las acciones institucionales encaminadas a combatir la corrupción, fortalecer el Estado de derecho y consolidar la estrategia nacional de seguridad, privilegiando la coordinación entre las autoridades y el respeto al marco jurídico.
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