LORENA VILLAVICENCIO AYALA (LVA). Buenos días a todos los medios de comunicación que nos acompañan.

Darles las gracias por su presencia y decirles que en mi carácter de parlamento abierto me corresponde abrir esta tribuna no solamente a las diputadas para presentar sus iniciativas o puntos de acuerdo, presentarlas yo misma mis iniciativas y puntos de acuerdo, sino, en este caso, estamos abriendo este espacio para una organización que es muy importante en la Ciudad de México que ha sido generadora fundamental de muchas iniciativas que hoy forman parte del cuerpo jurídico de la ciudad.

Entonces, les voy a dar el uso de la palabra a ellas y nada más decir que bueno, entiendo que el tema fundamental es la conmemoración del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Es un llamado por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, una manifestación por nuestro derecho a decidir.

Yo solamente quisiera hacer también un llamado junto con ellas, con los llamados que seguramente harán nuestras compañeras de que, así como se ha hecho un esfuerzo muy importante en esta Cámara por lograr la separación del poder político, del económico, yo quiero hacer la exigencia de la separación clara del Estado y las iglesias en cada una de nuestras decisiones de carácter legislativo.

Que hagamos ese esfuerzo de que quede perfectamente delimitada la línea entre el poder político y el poder de las iglesias. Bueno, es mi comentario, y al final pedirles a las constituyentes que pudieran hacer la invitación del evento que vamos a realizar en un momento más.

Bueno, adelante.

MINERVA RAMÍREZ TORRES (MRT). Hola, bueno días. Bueno, a nombre de las Constituyentes CDMX quisiéramos agradecer el espacio que se nos está brindando, particularmente a la diputada Lorena Villavicencio.

Pronunciamiento Político de Las Constituyentes CDMX Feministas en el marco del 28 de septiembre, Día de Acción Global por Nuestro Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Cifras oficiales demuestran que el aborto representa la cuarta causa de muerte de las mujeres mexicanas en edad reproductiva y 7 mujeres por cada mil se hospitalizan cada año por razones relacionadas.

México tiene el primer lugar en embarazo adolescente a nivel mundial, solo en 2016 unas 11 mil 808 niñas entre 10 y 14 años de edad fueron madres y mueren 92 por ciento más niñas y adolescentes por embarazo que por aborto en nuestro país según la Organización Mundial de la Salud.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2009 a 2016 se recibieron 111 mil 413 denuncias por violación sexual en las procuradurías de justicia local y en la Procuraduría Federal de la República, hoy Fiscalía. Estas cifras contrastan con el número de procedimientos de aborto por violación practicados durante el mismo periodo, que fue de tan solo 636.

En el país se violan los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres y niñas al incumplir la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres, CEDAW, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres Belén Do Pará, la Conferencia Interamericana Sobre la Población y el Desarrollo (Cairo 1994), la Declaración y Plataforma Acción Bejing y la Declaración y Guías Técnicas de la Organización Mundial de la Salud OMS.

El Estado mexicano hace caso omiso al llamado de la CEDAW para que armonice las leyes federales y estatales relativas al aborto a fin de eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que desean interrumpir un embarazo de forma legal y amplíe también el acceso al aborto legal.

Así también, el Estado mexicano no toma en cuenta que uno de los objetivos del Desarrollo Sostenible relativo al acceso universal a la salud sexual y reproductiva es la prestación de servicios de aborto legal y sin riesgos.

El aborto no es un delito, sino un derecho que amerita un servicio. Estas omisiones han profundizado la brecha de género respecto al ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, la salud sexual y la salud reproductiva reforzando además los estereotipos de género.

A partir de la legalización de la Interrupción Legal del Embarazo, ILE, en la Ciudad de México en 2007, en casi todo el país se dio una embestida de la derecha que aún no termina y se inició un proceso de regresión de derechos en 19 estados de la República a través de reformas a las Constituciones locales para incorporar el derecho a la vida desde la concepción.

Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la ILE no era inconstitucional en la Ciudad de México, esta resolución no entró al fondo del asunto.

Es decir, no se fundamentó sobre la base del respeto al derecho a la integridad, a la salud, a la autonomía y dignidad de las mujeres, sino que expuso que cada estado tiene la facultad de legislar atendiendo al carácter federalista de la República y que el legislador es libre de determinar cuándo utiliza el derecho penal para proteger la vida.

Este argumento permitió y facilitó que esas entidades federativas efectuaran contrarreformas que tienen carácter de candados y violentan el artículo primero constitucional, porque esas reformas son regresivas y violentan el principio pro persona y la progresividad de los derechos, además de violentar otros derechos como: el derecho a la dignidad de la persona, el derecho a la vida privada, el derecho a la intimidad personal, a los derechos sexuales y reproductivos, al libre desarrollo de la personalidad y plan de vida, a la protección de la salud, y a decidir sobre el número y esparcimiento de los hijos.

ANDREA SAUCEDO PÉREZ (ASP). Recientemente tuvimos algunos avances con respecto a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a que las mujeres con riesgo de salud durante su embarazo puedan abortar y no solo cuando se encuentre en riesgo su vida.

Así como también la resolución en contra respecto a las dos acciones de inconstitucionalidad de la reforma a la Norma Oficial Mexicana 046 que promovieron los Congresos de los estados de Aguascalientes y Baja California, demandando al poder ejecutivo la invalidez de dicha reforma que consiste en que la Secretaria de Salud eliminó el requisito para que las niñas y mujeres víctimas de violación presenten una denuncia penal y que tuvieran la autorización de la autoridad competente para acceder al servicio de aborto.

Estas medidas han significado un avance importante en materia de derechos sexuales y reproductivos; sin embargo, no son suficientes, la deuda del Estado mexicano en relación al respeto a los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres y niñas, sigue pendiente.

En tanto se siga criminalizando a las mujeres por hacer uso de su derecho a decidir y se invisibilice desde una visión heteronormada a personas con cuerpos gestantes que no se reconocen política e identitariamente como mujeres, aunque biológicamente hayan nacido con genitales femeninos, se seguirá practicando una política discriminatoria que atenta contra la dignidad y autonomía de las personas, que son principios subyacentes al derecho al libre desarrollo de la personalidad.

En un Estado democrático y laico, como constitucionalmente está establecido, los derechos sexuales y reproductivos deben ser garantizados.

El aborto no es un tema del ámbito moral, sino un problema de salud pública, fortalecer la laicidad es ejercer el gobierno sin permitir que se antepongan creencias personales o de grupo ya sean religiosas o de otro tipo. Todo esto con respeto a la pluralidad y en referencia a todos los derechos de mujeres y niñas.

Las posiciones fundamentalistas no pueden estar por encima de los derechos humanos de mujeres y niñas, por eso saludamos la decisión del Congreso de Oaxaca en establecer en su marco jurídico, la ILE.

Después de décadas de lucha por la legalización del aborto, las feministas y el movimiento amplio de mujeres de este país, nos encontramos justo en el momento propicio y necesario para que se efectúen las reformas necesarias y se arribe en un marco jurídico nacional que vaya acorde con el marco jurídico internacional, mismo que el Estado mexicano ha signado y ratificado en diversas ocasiones, y en el que las recomendaciones de los organismos internacionales han sido contundentes en este sentido.

Por todo lo anterior, en esta jornada de acción global por el aborto legal, seguro y gratuito, las integrantes de las Constituyentes CDMX Feministas nos pronunciamos en contra de la violación de los derechos sexuales y reproductivos que hace el Estado mexicano, y exigimos al Poder Legislativo garantizar el aborto legal, seguro y gratuito a nivel nacional, sin discriminación y con perspectiva de género feminista.

Derogación de todas las disposiciones legales que discriminan a las mujeres.

Aprobación de la ley de amnistía en relación a las mujeres que se encuentran en prisión por haber abortado.

Creación de la Comisión Legislativa Ordinaria para el respeto y garantía del Estado Laico.

Al Poder Ejecutivo, un Sistema Nacional de Salud Pública que permita a los profesionales médicos ejercer su objeción de conciencia sin violentar los derechos de las mujeres y todas las personas no binarias con capacidad de gestación.

Fin a la criminalización de las mujeres que interrumpan su embarazo.

Se aplique la legislación para hacer prevalecer el carácter laico de la República.

A la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelva de manera expedita y favorable las acciones de inconstitucionalidad interpuestas en contra de los Congresos locales que realizaron reformas regresivas en la materia.

Hacemos un llamado a la ciudadanía a participar en las actividades de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito este sábado 28 de septiembre, a las 3:00 PM en el Monumento a la Madre.

Ciudad de México, a 27 de septiembre del 2019, Comisión de Estado laico, derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres, las Constituyentes CDMX feministas.

LVA. Si no existiera alguna pregunta…adelante.

PREGUNTA (P). Hola diputada, buenos días.

Yo quiero preguntarle sobre lo que pasó en Oaxaca, precisamente con esto que mencionan ¿Se caería en una controversia constitucional a nivel local, porque la constitución local protege la vida desde la concepción y ahora el Código Penal Local, lo discriminaliza? Entonces, de avanzar estas normas ¿Ocurriría lo mismo en los 19 estados que mencionan? ¿Y cuál sería el cauce legal para evitar que las normas contravengan?

LVA. Bueno, me parece una pregunta muy importante, porque en efecto, la Constitución establece el respeto a la vida desde la concepción en el estado de Oaxaca, pero también tenemos una constitución federal y hay un principio que establece el artículo primero, que es el principio pro persona.

Entonces, esto quiere decir que cuando una ley favorezca más los derechos de las personas, se aplicará ese ordenamiento jurídico.

Entonces, nosotros apelamos a que la Suprema Corte de Justicia haga valer los convenios internacionales y los contenidos en el artículo primero constitucional, donde habla que los derechos humanos son universales, son progresivos, son interdependientes y que se aplique el principio pro persona.

Que sería lo mismo que nosotros invocarías en el caso de que proceda la reforma al Código Penal Federal, exactamente sería la misma situación, porque se argumenta que son los códigos penales locales los que tienen la competencia de regular el tema de la interrupción del embarazo.

Sin embargo, con base a este principio pro persona, si nosotros modificamos el Código Penal Federal, las personas pueden promover un amparo y acogerse a la ley que mayores beneficios le generen.

P. ¿Ven la posibilidad de que se presente una acción de inconstitucionalidad local en Oaxaca?

LVA. No sabemos. No sabemos, es posible.

No sé si tengan el número suficiente de diputados, porque tendría que ser el 33 por ciento de los diputados. Hasta donde entiendo no tienen ese número, y bueno, si no tienen el número de 33 diputados para promover la acción de inconstitucionalidad, pues no se promovería.

Al menos que lo hiciera el gobernador, que no lo creo, porque recientemente nos presentó aquí una iniciativa muy preocupado por el tema de los derechos de las mujeres, concretamente el tema del feminicidio.

Entonces, yo pienso que no tienen las condiciones para promover esta acción de inconstitucionalidad.

Y obviamente, el responsable de derechos humanos, pues siempre ha tutelado los derechos humanos de las mujeres, como es el derecho a decidir.

Quiere hacer un comentario.

ESPERANZA OLGUÍN HERNÁNDEZ (EOH). Quisiera ahondar sobre lo que tú preguntas, desde nuestra colectiva.

Mi nombre es Esperanza Olguín, integrante de la Comisión de Estado laico, derechos sexuales y reproductivos.

En el documento que leyeron las compañeras, ahí se señala cómo actuó la Suprema Corte de Justicia cuando se dan todas las contra reformas o reformas regresivas en más de 19 estados de la República, una vez que en el 2007 aquí en la Ciudad de México, se legaliza la interrupción legal del embarazo.

Esto puso en alerta al conservadurismo en el país y empezó a diseñar toda una embestida de contra reformas en el territorio nacional.

La Corte, cuando aborda las acciones de inconstitucionalidad que se interpusieron en ese entonces, estamos hablando que en dos años más o menos se hizo esa contra reforma, no entraron al fondo del asunto. No resolvieron en base a los derechos humanos de las mujeres, lo señalamos en el documento, sino que se basaron en la competencia que tenían las legislaturas locales para legislar.

Pero se olvida un asunto fundamental, que es la regulación que debe de haber en las legislaciones de que un derecho no se puede anteponer a otro derecho. En este caso ese derecho a la vida, se está anteponiendo al derecho de las mujeres.

Ojalá y lo que pasó en el estado de Oaxaca, sirva para apuntalar una, ahora sí, que una justicia restaurativa, o legislativa -no sé cómo llamarle- en todos esos estados donde se reformó de manera regresiva y se pudiera, entonces sí, actuar conforme a Derecho, a los tratados internaciones que el Estado de México ha signado.

Y en ese sentido creo que ha sido muy favorable y que precisamente ése es el momento histórico para que haga justicia a las mujeres.

¿En qué? En un derecho elemental que es tener la autonomía corporal, el derecho a nuestro cuerpo.

Entonces saludamos lo que pasó en Oaxaca y ojalá y esto se reedite en todos los demás estados.

Gracias.

LVA. Y bueno, nada más reiterar la invitación, en un momentito más iniciaremos un parlamento abierto sobre justamente la despenalización y la amnistía.

Nos parece que es muy importante que nos acompañen porque van a estar muchas organizaciones, incluyendo la que está en este momento con nosotras, con ustedes, que es las Constituyentes. Pero van a ir organizaciones que se han dedicado durante muchísimos años a este tema y que tienen una postura muy clara sobre el tema de la amnistía, que fue presentada recientemente por el Poder Ejecutivo, y sobre el tema de la despenalización del aborto.

Hay posiciones mucho más radicales que las que se han aprobado en los estados por parte de estas organizaciones, que creo que es muy importante que conozcan. Y bueno, por eso están cordialmente invitados todos los medios de comunicación.

Gracias.

LINK PARA DESCARGAR VIDEO:
https://youtu.be/Nm9Kr6KiLOw

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