• El sistema carcelario en México, así como el sistema de justicia penal, presentan una serie de desgajes de legalidad y de respeto a los derechos humanos, refirió
El diputado federal Alejandro Viedma Velázquez promovió, ante la Comisión Permanente, una reforma al Código Penal Federal, a razón de atender las diversas problemáticas de legalidad y respeto a los derechos humanos que se viven al interior del sistema judicial penal y carcelario.
Apuntó que es imperante reflexionar sobre las circunstancias que se dan en los reclusorios del país, dado que “el crecimiento de la población penitenciaria se ha concentrado en el sector de las personas en prisión preventiva sin condena,” en los últimos años.
En ese tenor, señaló que la iniciativa tiene la misma dirección que lo anunciado anteriormente por el Ejecutivo Federal en esta materia.
Indicó que estos elementos “sirven de orientación para que las instituciones penitenciarias reconozcan las necesidades que se deberían cubrir,” en cada caso.
Además, señaló que, de acuerdo al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, en marzo pasado se reportaba una sobrepoblación en 172 centros penitenciarios federales, es decir 60 por ciento del total.
La iniciativa suscrita por el legislador permitiría la libertad preparatoria de reclusos en casos especiales, como los no sentenciados de fuero federal con más de 10 años reclusos que no hayan cometido delitos graves; adultos mayores de 75 años que no hayan cometido delitos graves; o personas mayores de 65 años con enfermedades crónicas; y todo interno que sufriera de tortura y está se compruebe a través del protocolo de Estambul.
Llenados los requisitos expuestos, la autoridad competente contará con un plazo no mayor a 30 días hábiles para conceder la libertad preparatoria o informar el resultado del trámite al imputado, indicó.
Asimismo, Viedma Velázquez puntualizó que, de acuerdo a los datos oficiales, la cifra de presuntos culpables presos hasta febrero de este año, ascendía a 92 mil 821, lo que equivale al 42 por ciento del total de la población reclusa.
Agregó que la tortura o los malos tratos son altamente frecuentes y están asociados a confesiones involuntarias y testimonios forzados. “Sin embargo, estas prácticas ilegales siguen siendo empleadas como método de investigación,” apuntó.
Advirtió que, en las 32 entidades federativas del país, los detenidos reportan algún tipo de tortura y van del 60 hasta el 85 por ciento.
“Esto debilita la confiabilidad del sistema penal mexicano, ya que la tortura o malos tratos están asociadas con confesiones involuntarias y testimonios forzados”, expuso el diputado.