DIPUTADO ALEJANDRO VIEDMA VELÁZQUEZ (AVV). Gracias, Buenas tardes. Agradecer a los medios de comunicación que nos acompañen.
Como integrante de la Comisión Permanente, el día de hoy me acompañan Itzayana Burgoa, coordinadora del Colectivo Derechos sin Barreras y me acompaña también Daniel Serrano del Regil, presidente de la Asociación Civil Interculturalidad, Salud y Derechos, Insade.
Insade es una Asociación Civil que se encarga de una importante labor, pues genera estrategias de autonomía y de reinserción social. Tema que hoy nos une y por eso estamos aquí.
El Sistema Penitenciario mexicano, como eje fundamental para la reinserción social de las personas privadas de su libertad, nos ha dejado, hay que decirlo, una deuda pendiente para la seguridad pública nacional y en consecuencia para los Derechos Humanos de las personas en esta situación.
Por eso es fundamental, contar con un sistema integral que responda adecuadamente a las necesidades de quienes egresan de la prisión y ahí es donde queremos poner el acento. También es importante reconocer la importancia de la formación educativa, laboral y emocional para evitar la exclusión social, pero sobre todo y lo más importante, dignificar sus vidas.
La reinserción social involucra más que el retorno a la sociedad. Se trata de evitar la reincidencia delictiva por falta de oportunidades una vez que ha sido concedida la libertad. Para ello se requieren procesos de reinserción social efectivos que garanticen la justicia social.
Estamos hablando de la readaptación para que ésta sea capaz de convivir plenamente con su entorno, de tener relaciones interpersonales, culturales, laborales, sin negación alguna que por derecho les corresponde.
Por eso, en coordinación con Insade y con Derechos sin Barreras hemos presentado un Punto de Acuerdo por el cual exhortamos respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas y a sus dependencias competentes en materia de seguridad pública para integrar Comisiones Intersecretariales para realizar políticas dirigidas a la reinserción social de las personas egresadas del sistema penal.
Estos temas, como ustedes saben, han sido tocados de distintas maneras por el Presidente de la República a través de distintos decretos que tienen como objetivo el énfasis en la situación carcelaria de distintas personas. Éste también es un esfuerzo adicional por sumar hacia esa estrategia que ha venido impulsando el Gobierno federal particularmente a través de la Secretaría de Gobernación.
Por eso también le cedo la palabra a Itzayana, quien me acompaña, coordinadora como les comenté, de Derechos sin Barreras, para que les comente un poco más de qué va este Punto de Acuerdo.
ITZAYANA BURGOA (IB). Buenas tardes.
Primero agradezco el tiempo y también la disposición de presentar en conjunto este Punto de Acuerdo con el diputado Alejandro Viedma.
Asimismo, en este Punto de Acuerdo lo único que queremos es acuerpar el decreto que el Presidente anunció el mes pasado, en el que se decide liberar a las personas que llevan más de diez años privadas de su libertad sin una sentencia.
Además, debido a que vivimos una crisis humanitaria de salud pública debido a la Covid-19, esta decisión de este decreto requieren liberar a las personas. Sin embargo, hay un problema latente que es que los estados de la República, de acuerdo a la Ley nacional de Ejecución Penal con base en el artículo 207, indica que se deben de crear Comisiones Intersecretariales que brinden servicios postpenales a las personas externadas.
En este sentido, para que esas personas puedan tener un retorno a la sociedad que los vio ingresar a la cárcel, es necesario que existan estas políticas para que puedan acceder a un trabajo digno.
De esa manera también en conjunto con Insade queremos presentar algunas experiencias del porqué a nosotros nos movió esta iniciativa y por qué queremos realizar este punto acuerdo.
AVV. También le daremos la palabra a Daniel Serrano, de Insade.

DANIEL SERRANO DEL REGIL (DS). Diputado, muchísimas gracias por este Punto de Acuerdo que se está presentando el día de hoy en el marco del decreto que anunció el presidente López Obrador en días pasados.

Este decreto es una punta de lanza muy importante porque, pese a que ya estaba la nueva Ley de Ejecución Penal, ningún Presidente había puesto el tema sobre la mesa. Por ende, tanto los estados de la República como la Ciudad de México tienen retos importantes no sólo para fortalecer sus servicios post penales, sino para crear servicios post penales en aquellas entidades donde no existen.

Hay dos retos muy fuertes. De nada va a servir que las personas estén saliendo de la cárcel si no van a tener una credencial de elector con la cual puedan identificarse para acceder a un empleo o un programa social.

No estamos muy lejos de un ejemplo claro con las recientes vacunaciones a la población mexicana. Muchas personas que salieron de los reclusorios no pudieron vacunarse porque no tenían una credencial de elector; llegan a las oficinas estatales del INE y se topan con discriminación y estigma, y con una serie de obstáculos relacionados a su reinserción social. No es una política del INE desde arriba obstaculizar la renovación de los derechos político electorales, el problema viene desde abajo; y el otro problema es la famosa carta de antecedentes no penales.

Si bien ya hay un antecedente de la Suprema Corte sobre este tema. Todavía en los estados se está pidiendo la carta de antecedentes no penales y algunas empresas ya se están sumando a este tema y le están dando la importancia donde no están pidiendo ya esta carta porque están reconociendo que estas personas que piden una segunda oportunidad o que fueron encarceladas de manera injusta merecen reinsertarse en la sociedad.

De nuevo celebramos y aplaudimos este Punto de Acuerdo y le agradecemos mucho al diputado Alejandro que nos haya cobijado y que lo hayamos presentado de manera conjunta. Muchísimas gracias.

AVV. Muchas gracias.

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