• La legisladora puntualizó que la Corte tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales mexicanas.
La diputada Laura Imelda Pérez Segura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, suscribió una iniciativa para reformar la Constitución a fin de que el Estado mexicano reconozca la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, para prevenir y erradicar la presencia de la impunidad en crímenes de lesa humanidad.

Expresó que en el gobierno de la Cuarta Transformación se mantiene el compromiso de respetar y garantizar los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte, buscando la materialización de la dignidad humana bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Sin embargo, señaló la diputada, queda el antecedente de violaciones a los derechos humanos alimentadas por la impunidad, acontecidas en pasadas administraciones.

Explicó que, bajo este precepto, quedarían sin castigo crímenes de lesa humanidad ejecutados por administraciones pasadas, como lo ocurrido a finales de 2006, cuando el gobierno federal, por instrucciones del titular de Ejecutivo, ordenó un despliegue nacional a gran escala de las fuerzas de seguridad para combatir el crimen organizado.

Esta estrategia, señaló Pérez Segura, “sólo dio como resultado que los índices de asesinatos, desapariciones, tortura y otras atrocidades se dispararan traduciéndose en una de las épocas más violentas de la historia moderna de nuestro país”.

En ese sentido recordó el involucramiento de las Fuerzas Armadas en situaciones de crímenes lamentables como las matanzas de Tlatlaya y Acteal, los cuales permanecen impunes, así como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa o la masacre en Tlatelolco del 2 de octubre del 68.

La legisladora señaló que la impunidad prevaleciente en estos crímenes, la justica pudo haberse atendido por medio de la Corte Penal Internacional, “pero las disposiciones normativas contempladas en nuestra Carta Magna, constituyen una reserva encubierta hacia el Estatuto de Roma, estatuto del que nuestro país es parte, configurándose así un obstáculo para atender la presencia de crímenes de lesa humanidad”.

Es en este contexto que la diputada Laura Imelda Pérez presentó iniciativa con proyecto de decreto a fin de reformar el párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución, con el objetivo de establecer el reconocimiento por parte del Estado mexicano de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

Subrayó que la Corte tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales mexicanas pues, en apego a Estatuto de Roma, estará facultada a ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de crímenes graves de trascendencia internacional.

“Debemos refrendar nuestro compromiso con el resto del mundo en materia de derechos humanos, y atender las disposiciones del Estatuto del que México es parte”, expresó.

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