• Necesario establecer como agravante del delito robo, cuando éste se cometa en contra de una institución educativa pública.
• El robo a las escuelas públicas constituye un obstáculo para la educación de excelencia y para la justicia social.

La diputada federal por Morena, Sonia Rincón Chanona, presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 381 del Código Penal Federal, con el objeto de establecer como agravante del delito robo, cuando éste se cometa en contra de una institución educativa pública, “ya que la pena debe ser proporcional al daño causado, es decir justa tanto para el delincuente como para la víctima”.

Rincón Chanona considera importante castigar con mayor severidad la conducta delictiva para inhibir su comisión, ya que este delito ha ido en aumento. Señaló que “hasta mayo de este año, entre 40 y 50 por ciento de los planteles fueron vandalizados o registraron robos durante los 14 meses de la contingencia sanitaria. Lo que representa entre 86 mil y 108 mil escuelas públicas en dicha situación, de las 216 mil 130 que existen en el país”.

La legisladora, también perteneciente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), apuntó que la infraestructura educativa está irremediablemente asociada a la escuela en su concepto más amplio e integral y ésta al de educación en tanto es valor supremo y derecho humano, de ahí que la educación NO puede concebirse sin infraestructura. Por lo tanto, el robo a las escuelas públicas debe constituir una agravante en razón del daño causado en lo individual a cada estudiante y docente, así como en lo general a toda la comunidad educativa y, desde luego, a la sociedad mexicana, con independencia del monto económico.

El robo a las escuelas públicas -aseguró la legisladora chiapaneca- es un impedimento para avanzar hacia una educación de excelencia; además, constituye un atentado contra el derecho humano a la educación de la comunidad estudiantil y el derecho humano al trabajo de las maestras y maestros. “Por sus consecuencias es una conducta repudiable que atenta contra la dignidad humana y contra los bienes públicos”.

En este sentido, la diputada Sonia Rincón, estima que el robo a las escuelas públicas no debe ser sancionado con una pena menor al cometido por un trabajador en contra de su patrón, al que se comete en caminos y carreteras, o al que se refiere al apoderamiento de vías, partes o equipo ferroviario. De ahí que es importante que constituya una agravante, para que además de la pena que corresponda conforme a las modalidades del Código Penal Federal, se agreguen de 2 a 7 años de prisión, en la idea de inhibir su comisión, lo cual, además lo convierte en un delito de naturaleza federal, asegurando que se castigue de la misma manera en todo el país.

Finalmente, la legisladora enfatizó que proteger a la escuela pública es indispensable para dar paso a la justicia social y al progreso de todas las mexicanas y mexicanos, particularmente de los más vulnerables, es proteger el futuro de las presentes y futuras generaciones, y es proteger a México, lo que reclama acciones contundentes por parte del Poder Legislativo.