DIPUTADA MARTHA BARAJAS GARCÍA (MBG). Con su venia, diputada presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la tarea del legislador parte del principio básico de dotar al Estado de un marco jurídico de vanguardia que le permita atender a todas aquellas situaciones que reclama la ciudadanía, pero también para generar un clima óptimo para la convivencia en la colectividad.

Nuestro país se caracteriza por su gente solidaria, por su carencia y por su cercanía a los demás. Sin embargo, al día de hoy seguimos sin lograr una plena inclusión en las personas con discapacidad, por él y sin el fin siguen siendo existiendo barreras que siguen existiendo, impidiendo el desarrollo integral de este grupo vulnerable.

Según informes del secretariado ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas pese a las promesas de la agenda 2030, en la que el compromiso fue no dejar a nadie atrás, las personas con discapacidad siguen figurando entre las más excluidas, en las que respecto al acceso a la educación los servicios de salud, el empleo y la participación en la adopción de decisiones políticas.

Esta afirmación no puede considerarse tema menor, toda vez que según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en nuestro país existen casi 21 millones de personas con discapacidad, limitación en la actividad cotidiana o con alguna condición mental, lo que representa el 16.5 de la población mexicana.

Por lo que sí asumimos que este sector es de lo que se están quedando atrás, estamos condenando a la falta de oportunidades del bienestar y garantizar su mínimo derecho de orden político, un alto porcentaje de la población porque lo que resulta necesario plantearnos hasta cuándo continuaremos sin alcanzar la inclusión en nuestro país y eso compañeros es lo que motiva a plantear cambios en las leyes que garanticen la inclusión de este sector que ha sido, sigue y seguirá siendo olvidado por muchos, pero aún no logramos la inclusión en todos los ámbitos de la vida democrática de nuestro país.

En 2007, México firmó en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ahí dentro de los compromisos adquiridos se consagró la obligación del Estado de construir con las personas con discapacidad toda decisión que implique alguna modificación constitucional de nuestros derechos y obligaciones, o simplemente, cualquier legislación y/o política que pueda influir de manera directa en su vida.

De ahí el principio básico de la inclusión que demandan las personas con discapacidad. Con nosotros todo, sin nosotros nada. Pero desgraciadamente, este principio aún está muy lejos de ser una realidad.

¿Cuántos casos no hemos constatado, de legislaciones estatales que han sido declaradas inconstitucionales por la falta de la consulta a las personas con discapacidad? ¿Cuántos planes estatales y municipales de desarrollo han sido frenados desde el Poder Judicial de la Federación por olvidar a este sector?

Si algo se encuentra marcado en la ley, no hemos logrado garantizar en la cultura política de nuestro país cuánto pretendemos que la inclusión llegue a todos, sin distinción. Por ello, la iniciativa que hoy presento ante esta soberanía pretende establecer una regulación en un área oscura que se olvida, considerar a las personas con discapacidad y ello es el Diario Oficial de la Federación.

Sí estamos obligados a consultar a las personas con discapacidad, que opinen sobre sus decisiones que están tomando respecto a ellos. Es correcto, ¿pero correcto no es notificar a las personas con discapacidad las decisiones que se han tomado? ¿De qué sirve consultarles para que tomen una decisión si no podemos garantizar el entender que al final sepan qué modificaciones se le hizo a la ley?

Por ello, se propone que en la hemeroteca se conserve un ejemplar en sistema Braille, para consulta, pero también que la página de Internet cuente con las herramientas para que cualquier persona con discapacidad pueda conocer a plenitud de qué se habla y qué se publica. Es cuanto, diputada presidenta.