DIPUTADA LIDIA PÉREZ BARCENAS (LPB). Con su venia, presidenta.

Compañeras y compañeros legisladores, presento ante ustedes, en representación de la diputada Guadalupe Chavira, del Grupo Parlamentario de Morena, esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos segundo, cuarto, del artículo 10 Bis, así como los artículos 71 Bis, 71 Ter y 71 Quáter de la Ley General de Salud.

Si bien la despenalización del aborto dentro de las primeras 12 semanas de embarazo en diversas entidades federativas significó un gran avance en el reconocimiento de nuestros derechos reproductivos, además del impulso que han brindado las recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto no ha sido suficiente para garantizar el acceso efectivo al derecho de todas las mujeres a decidir sobre su maternidad.

Para que el cambio pueda ser más efectivo, se tendrá, además, que despenalizar a nivel nacional. Un claro ejemplo de ello se manifiesta con el alto porcentaje de mujeres, provenientes de otras entidades federativas de la República, que acuden hasta la Ciudad de México para poder interrumpir de forma legal su embarazo, situación que las coloca en una situación franca vulnerabilidad, pues además tienen que hacerse llegar de recursos económicos para poder acceder a este derecho, lo cual vuelve aún más tortuoso el ya de por sí complicado momento.

En Morena siempre nos hemos manifestado por el respeto de las creencias y libertades de todas y todos, por ejemplo, el derecho del personal sanitario a ser objetor de conciencia. Sin embargo, ello no deberá ser un obstáculo para el ejercicio de las mujeres para acceder a los servicios médicos, seguros y gratuitos, para dar por terminado su embarazo cuando así lo soliciten.

Por lo cual, con esta iniciativa de reforma se propone establecer que cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una emergencia médica no podrá invocarse la objeción de conciencia, en caso contrario se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional.

Al mismo tiempo, se establece la obligación de las personas titulares del sistema nacional de salud, para coordinar programas ininterrumpidos de difusión a todo el personal médico y de enfermería respecto a su derecho a ser objetores de conciencia.

Con esta reforma se busca garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo de forma gratuita, segura y sin condicionamiento alguno, cuando de acuerdo con las legislaciones locales o federales, no se persiga como delito al dar por concluido de manera voluntaria.

Esta iniciativa prevé que se realice por un médico especialista ginecoobstetra, que se lleve a cabo en una clínica acreditada por la Red del Sistema Nacional de Salud, que se realice con el consentimiento expreso y por escrito de la mujer embarazada o, en su caso, del representante legal.

Deberá brindarse con perspectiva de género su derecho al libre desarrollo de la personalidad, integridad física y moral, libertad ideológica y no discriminación.

Las instituciones de salud pública deberán proporcionar servicios de consejería médica y social, con información veraz y oportuna de los derechos, prestaciones y apoyos públicos de maternidad, además de la interrupción legal del embarazo.

Cuando la mujer decida practicarse la interrupción del embarazo, la institución habrá de efectuarla en un término no mayor a cinco días, contados a partir de que sea presentada la solicitud y satisfechos los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables.

Compañeras y compañeros legisladores, los invitamos a apoyar esta iniciativa de reforma y, con ello, se garantice que las instituciones públicas de salud del gobierno federal, de las entidades federativas y de la Ciudad de México la oportuna prestación de servicios y la permanente disponibilidad del personal de salud. Por su atención, gracias.