DIPUTADA JULIETA KRISTAL VENCES VALENCIA (JKVV). Con su venia, diputada presidenta. Durante décadas, las mujeres de todo el mundo han alzado la voz exigiendo el reconocimiento y el respeto del derecho a elegir libremente sobre sus cuerpos.

Este llamado, se ha extendido en los últimos años de manera especialmente significativa. La marea verde llegó para quedarse y México no es la excepción. Esas voces que incansablemente han tomado las calles de nuestro país exigiendo que se garanticen sus derechos sexuales, han llegado a ciudades y pueblos en los que hasta hace unos años parecía imposible siquiera pronunciar la palabra de aborto.

Hoy, sus voces, hacen aquí en el Congreso de la Unión un gran eco, en donde escuchamos su llamado y reconocemos su valor. El impacto de esta incansable lucha ha sido tal que tan solo en unos meses Veracruz, Hidalgo, Oaxaca se sumaron a la Ciudad de México como entidades en las que las mujeres pueden abortar hasta las 12 semanas de gestación de manera legal y a solicitud de la mujer sin importar las causas.

A esta lista se sumará Coahuila, como consecuencia de la histórica sentencia recientemente emitida por la Suprema Corte de Justicia. El pasado 7 de septiembre, compañeras, compañeros, ojalá me pongan atención en este pleno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, por unanimidad, que es muy bueno señalar que hubo unanimidad, que es inconstitucional la criminalización absoluta del aborto.

Como lo señaló el propio presidente de la Suprema Corte, esta sentencia es el resultado de la lucha incansable de todas las mujeres por el reconocimiento de sus derechos sexuales, reproductivos y de acceso a la salud.

En México, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo ha sido perseguido judicialmente y estigmatizado socialmente. Tan solo en lo que va de este año 20021 se han abierto 432 investigaciones en contra de las mujeres por casos de interrupción del embarazo. Por ello, es que en atención al criterio emitido por las ministras y los ministros de la Corte presento este punto de acuerdo para exhortar a las 32 fiscalías y procuradurías estatales a frenar la persecución que han emprendido en contra de las mujeres. Asimismo, pedir que en el ámbito de sus atribuciones realicen una revisión exhaustiva sobre las acusaciones abiertas por este supuesto delito.

Quiero destacar la disposición de la Secretaría de Gobernación y la Conavim, quienes, en cumplimiento de la resolución de la Corte y en conjunto con las autoridades judiciales y administradoras de los sistemas penitenciarios han identificado e iniciado los procesos para liberar a las mujeres procesadas o sentenciadas por interrupción del embarazo, así como aquellas que hayan sido partícipes de estos procedimientos.

Igualmente, reconozco el acuerdo del Poder Judicial de la Federación, porque el Instituto de la Defensoría Pública asesore, represente y defienda a todas las mujeres que estén siendo procesadas...

–Concluyo–. Porque la criminalización del aborto es un castigo a la pobreza, es un acto de criminalización por el cual se estigmatiza a las mujeres y se les reduce como instrumento de reproducción y se les condena a prisión o a morir por el simple hecho de decidir sobre sus cuerpos. Es por ello que, en México, compañeras y compañeros, la maternidad será deseada o no será. Es cuanto, diputada presidenta.