• Reconoce que el ingreso ilegal de ganado de Centroamérica ha afectado a la ganadería mexicana, además que pone en riesgo la salud de los consumidores.

• Anualmente, ingresan a territorio nacional cerca de un millón de cabezas de ganado ilegal con un valor de 10 mil millones de pesos.

Con el propósito de proteger al sector ganadero de México, así como la salud de las y los consumidores, la diputada federal Olga Juliana Elizondo Guerra presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma y adición a los artículos 171 y 175 de la Ley Federal de Sanidad Animal para elevar la pena al delito de “tráfico de ganado”.

Propone de dos a quince años de prisión y una multa de hasta dos mil veces el salario mínimo vigente en la zona económica de la que se trate, “al que ingrese al territorio nacional animales, bienes de origen animal, así como productos para uso o consumo animal y por cualquier medio evada un punto de inspección en materia zoosanitaria y puso en peligro o en riesgo la situación zoosanitaria del país incumpliendo el carácter normativo respectivo”; pena que podrá incrementar en una mitad cuando el delito sea cometido por un servidor público.

En su iniciativa, la diputada del Grupo Parlamentario de MORENA planteó que, desde hace varios años, el sector pecuario de México ha sido afectado por la introducción ilegal de ganado bovino originario y procedente de Centroamérica, situación que ha puesto en riesgo el estatus sanitario de la producción ganadera y las exportaciones comerciales; lo que en noviembre de 2019 llevó a los gobiernos de México y Guatemala a firmar un memorándum para regular esta actividad económica.

Este escenario ha alertado a las autoridades sanitarias de México y Estados Unidos, quienes han puesto sobre la mesa los riesgos que conllevaría para las cadenas productivas un cierre de la frontera para el ganado y los productos mexicanos; sobre todo, los peligros para la salud de las personas que consumen productos cárnicos y derivados.

Mencionó que el Gobierno de México ha implementado diversas campañas para la detección de enfermedades en el ganado, como la Campaña Nacional Contra la Tuberculosis Bovina y la Campaña Nacional contra la Brucelosis en los Animales; acciones que han hecho posible el diagnóstico oportuno de enfermedades zoonóticas, generando una “movilización en territorio nacional de más de 8 millones de cabezas de ganado bovino y 800,000 cabezas exportadas a Estados Unidos.

Olga Elizondo agregó que la normatividad mexicana obliga a los productores a que “el ganado en México debe contar con un dispositivo de identificación oficial conocidos como ‘aretes amarillos’, instrumentos autorizados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y empleado por el Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado (SINIIGA); la obtención de estos dispositivos se realizan en centros autorizados y en las Uniones Ganaderas a fin de identificar de manera única, permanente e irrepetible, así como asegurar el cumplimiento de las normas de trazabilidad y sanidad en el ganado bovino”.

Durante su intervención en tribuna de este jueves, la legisladora aseguró que “el ilícito se comete bajo diversas modalidades, desde el trasiego ilegal de ganado y que no cumple con las normas sanitarias, el traslado ilegal entre regiones o entidades federativas que evaden los cercos sanitarios, hasta el robo o falsificación de aretes, documentos y marcas”.

Finalmente, reconoció que el tráfico ilegal de ganado es llevado a cabo por organizaciones delictivas que “compran ilegalmente o alteran los certificados de sanidad, aretes de identificación y guías de tránsito, aparentando cumplir con la normatividad nacional y acreditar la legal procedencia del ganado”, dando lugar al ingreso a territorio nacional de cerca de 1 millón de cabezas de ganado ilegal anualmente con un valor de 10 mil millones de pesos.

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