·         Se trata de una acción deshonesta que debe ser considerada como delito penal, puesto que es equivalente a robar a los trabajadores, sostuvo el diputado.

El diputado Carlos Sánchez Barrios, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, suscribió una iniciativa para tipificar como delito la omisión de enterar al ISSSTE las cuotas y aportaciones de seguridad social.

El legislador puntualizó que se trata de establecer que cometen el delito de peculado los titulares de las dependencias y entidades, sus oficiales mayores o equivalentes, y los servidores públicos encargados de realizar las retenciones y descuentos de seguridad social, que omitan enterar ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las cuotas, aportaciones, cuotas sociales o descuentos que se realicen al salario de los trabajadores, independientemente de la responsabilidad civil o administrativa en que incurran.

En ese sentido, busca también establecer en este marco legal que debe considerarse como servidor público a los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las legislaturas locales, los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, los integrantes de los ayuntamientos y alcaldías, los miembros de los organismos a los que las constituciones locales les otorguen autonomía y en general todas las personas que desempeñen algún cargo o comisión en los gobiernos locales.

El legislador expresó que la medida propuesta es importante porque la omisión de enterar cuotas y aportaciones al ISSSTE se ha normalizado.

Informó que, de acuerdo a información pública con datos a enero de este año, “gobiernos de distintos órdenes y colores adeudan al ISSSTE poco más de 70 mil millones de pesos”.

“Esta situación implica serios problemas financieros para que la institución cumpla a cabalidad su objetivo primario, la Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado”, dijo.

Comentó que uno de los signos más evidentes de esta anomalía que perjudica a la clase trabajadora, es la negativa al acceso de créditos.

Señaló que miles de maestras, maestros, médicos, enfermeras, empleados y trabajadores de gobierno viven esta realidad, a pesar de que los descuentos de las cuotas a sus salarios sí se las hacen efectivas.

“Esa acción deshonesta, además de ser una falta administrativa, debe ser considerada como delito penal, puesto que es equivalente a robar a los trabajadores”, declaró el diputado.