·         El derecho a la búsqueda no sustituye el derecho a la investigación, pero ambos conforman el de la verdad, apuntó la legisladora.

La diputada de Morena, Erika Vanessa Del Castillo Ibarra presentó una iniciativa con el fin de obligar constitucionalmente a los tres niveles de gobierno, a garantizar el derecho a toda persona desaparecida a ser buscada, de forma inmediata y efectiva, así como a la identificación y entrega digna de ser el caso, y consecuentemente a asegurar derecho a la verdad y la justicia.

Para ello, indicó se determina en el proyecto una coordinación entre todas las instancias y dependencias para iniciar las medidas consecuentes para la localización de las personas, debido a que es “la obligación del Estado y no de los familiares” realizar la búsqueda.

Sin embargo, aclaró que no todas las obligaciones de búsqueda deben ser realizadas por una sola institución, ni todas tienen las mismas responsabilidades; explicó que es en ese momento, cuando se presenta la necesidad de complementar y coordinar los esfuerzos.

Además, la diputada puntualizó que la búsqueda y la investigación de los hechos de desaparición deben avanzar de manera paralela, pero la primera no sustituye a la segunda.

Ante ello, recordó que de acuerdo al Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, “se establece que la búsqueda de la persona desaparecida y la investigación penal de los responsables de la desaparición deben reforzarse mutuamente”.

También, apuntó que este derecho ya había sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual determinó que todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, con todos los recursos y medios institucionales disponibles, y en completa coordinación, deben ejecutar sin dilación la búsqueda de toda persona desaparecida.

Asimismo, la Corte refiere que el derecho a la búsqueda incluye la obligación por parte del Estado de desarrollar e implementar todos los mecanismos e instrumentos requeridos para encontrar, identificar y preservar los restos de las víctimas en condiciones de dignidad hasta mientras son entregados sus personas queridas.

En ese tenor, Castillo Ibarra manifestó que si bien el gobierno de México ha asumido como prioridad la búsqueda de personas desaparecidas, esto es un compromiso adquirido por la actual administración, que solo reafirma su obligación como Estado.

“Toda persona cuyo paradero se desconoce tiene el derecho humano a ser buscada por las autoridades del Estado mexicano”, expresó.

La iniciativa en comento propone la adicción de párrafos al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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