DIPUTADA ERIKA VANESSA DEL CASTILLO IBARRA (BANP). Con su venia, presidenta. Cuántas historias hemos escuchado de esas madres, de esas familias que preguntan una y otra vez: ¿Has visto a mi hija? Llevaba camisa blanca. ¿Has visto a mi hermana, era estudiante?, no se fue con el novio porque él está en su casa. ¿Has visto a mi hijo?, andaba en la manifestación, es bueno, a veces es un poco terco cuando opina, pero me dicen sus amigos que lo han detenido y no fue la policía ni fueron los militares, porque quien se los llevó no llevaba uniforme. Me dijeron búsquelo, ya lo busqué, lo busqué en el río, en la colonia, cerca de la fábrica, afuera de la escuela, en el monte, a cada momento y lo traigo en el pensamiento.

Es una sensación que aprieta y estruja el alma y el corazón, ¿dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde estás?, pero su recuerdo, su cara, su voz, yo lo parí. Estoy muerta en vida. Lo que hoy vengo a presentar es refrendar mi compromiso con cada una de las familias que busca sin encontrar respuesta, a la una, a la única pregunta, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gobiernos van, gobiernos vienen, cifras son más, cifras son menos, pero nuestros hijos, sus hijos e hijas no son más números, no son folios, no son oficios.

Esta iniciativa que venimos a presentar es un respeto a los derechos humanos son ineludibles, inobjetables e irrenunciables. La propuesta que adiciona el artículo 17 Constitucional dice: el Estado tiene la obligación de adoptar todas las medidas para proteger a las personas contra las desapariciones, asimismo toda persona tiene el derecho a ser buscada siempre con un eje fundamental, búsqueda en vida, en caso de ser localizada sin vida su identificación y entrega será de manera digna.

También contempla que toda persona reportada como desaparecida tiene derecho a que las autoridades respondan en el ámbito de sus competencias a dotar de diferentes tipos de búsqueda y tomar las medidas necesarias. Este derecho es autónomo del derecho a una investigación y debe de ser asumido por las diferentes instituciones como una finalidad de sí misma como parte del derecho a la verdad.

En diciembre de 2018 el Estado mexicano reconoció la crisis en materia de desaparición de personas y ha asumido como prioridad la búsqueda de personas desaparecidas. Actualmente es una pena mencionar que hay 98 mil 488 personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Y, aproximadamente 52 mil fallecidos sin identificar, según datos de la Secretaría de Gobernación.

Miembros de esta Cámara, espero contar con su apoyo para que se sumen a la demanda social de las familias de las personas desaparecidas que por décadas han acudido a las instancias nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos para encontrar respuesta y solución a este flagelo. Las víctimas de gobiernos represores y de quienes han simulado el respeto a los derechos humanos ha provocado incredulidad y desconfianza para denunciar.

La historia nos ha dicho que son los desaparecidos de México, son una demanda que se extiende en nuestro territorio y que corre como las venas abiertas de América latina en la voz de las organizaciones de la sociedad civil, de los colectivos de víctimas y familias de personas desaparecidas y no localizadas.

¿Cuántos y cuántas hemos marchado con los movimientos estudiantiles, con los campesinos, con los indígenas, con los sindicalizados? ¿Cuántos hemos volanteado afuera de las fábricas, taloneando en las universidades para que se incluyan todas sus demandas, principalmente la presentación con vida de los desaparecidos?

Con la presente iniciativa les devolveremos la justicia anhelada y el derecho a la verdad como un derecho humano. Ni una más desaparecida. Es cuanto, presidenta.