-- La iniciativa también propone que cada partido político deberá hacer públicos los criterios para garantizar la inclusión de estos grupos en sus candidaturas, haciéndose acreedores a sanciones en caso de no hacerlo.

La legisladora Salma Luévano Luna, presidenta de la Comisión de Diversidad en la Cámara de Diputados, propuso una iniciativa que busca se garantice el 20 por ciento de candidaturas a cargos elección popular, así como, en nombramientos de cargos por designación a grupos vulnerables.

“Como legisladores es nuestro deber llevar a cabo las reformas necesarias (...) para asegurar que nuestra normativa sea justa e incluyente, a la vez que se garantice que todos en igualdad de circunstancias podamos acceder a nuestros derechos”, refirió.

Esta iniciativa, dijo la diputada, propone modificar diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos.

“Igualmente se pretende que cada partido político deberá hacer públicos los criterios para garantizar la inclusión de estos grupos en sus candidaturas, haciéndose acreedores a sanciones en caso de no hacerlo”, comentó.

Salma Luévano recordó que ser parte de un grupo en situación de vulnerabilidad, implica que por diversas características no se está en la misma posición que otras personas como para poder acceder a los mismos derechos, “como aquellas personas que nacen en situación de pobreza o que por diversos estigmas son discriminadas de manera sistemática”.

“Por ello, no basta reconocer una desventaja indebida por razones de discriminación en el acceso a diversos derechos fundamentales; hace falta revertir las consecuencias de esas desventajas”, afirmó.

Sostuvo que una medida sería el establecimiento de un número específico en materia electoral, “para asegurar una representación efectiva y una verdadera democracia incluyente”.

“Aun cuando a golpe de sentencia se han ido ganando espacios para acceder a esta representación, es necesario que el Congreso de la Unión haga eco de estas resoluciones y se lleven a cabo las reformas legales necesarias para garantizar que estos espacios sean un derecho”, señaló.

Y es que, refirió que para aspirar a una democracia incluyente, “hay que entenderla como aquel mecanismo de participación real y efectiva donde los grupos en situación de vulnerabilidad puedan acceder a los cargos de elección popular, ya que son estas, las vías de acceso a funciones donde se toman verdaderas decisiones”.