DIPUTADA GRACIELA SÁNCHEZ ORTIZ (GSO). Con el permiso de la Presidencia. Legisladoras y legisladores de México, el financiamiento público y privado de los partidos políticos ha representado una herramienta sustancial para su funcionamiento y subsistencia dentro del espectro político electoral mexicano.

Gracias a estos dos tipos de financiamiento, las contiendas electorales se han podido desempeñar bajo mejores condiciones de igualdad, equidad y sana convivencia entre las fuerzas políticas.

Es de mencionarse que principalmente el financiamiento público ha permitido que los partidos políticos no se vean en la necesidad de recurrir a recibir recursos de procedencia ilícita, lo cual, sin lugar a dudas, ha traído como efecto el mejoramiento de la calidad democrática del país.

Asimismo, cabe reiterar que el financiamiento público para las instituciones partidistas ha permitido que estas impulsen y promuevan la participación ciudadana en todo el país. Cuestión que se ha traducido directamente en un fortalecimiento de la democracia y de las relaciones entre la ciudadanía, el sistema de partidos políticos y los entes gubernamentales.

Aunado a lo ya expresado, es oportuno señalar que el hecho de que los partidos cuenten con recursos públicos suficientes permite que sean los vehículos para el acceso al poder público federal, estatal y municipal de las y los ciudadanos, generando que las exigencias e intereses de la ciudadanía que simpatiza con ellos, se exteriorice dentro de los ámbitos políticos, económicos, sociales, culturales, en los tres niveles de gobierno.

Tomando esto, en consideración, es que resulta de suma importancia el presente dictamen. Pues, como ya fue expuesto, no solo tiene como objetivo proteger el financiamiento que garantiza la existencia y la operatividad ordinaria de los partidos políticos, sino que también al reducir el porcentaje de la sanción económica mensual al que pueden ser sujetos afianzamos que los partidos no se encuentren en situaciones que les impidan hacer efectiva la representación de las voces y exigencias de las personas afiliados a estos.

Además, asegurar la solvencia económica de las fuerzas políticas a través de esta propuesta de reforma contribuye al fortalecimiento del sistema político electoral, puesto que existirá la certeza para todos los partidos políticos de que contarán con una bolsa de recursos suficientes para sus actividades ordinarias, las cuales están encaminadas a actividades de convencimiento ciudadano, manifestación de ideas, afiliación partidista, promoción del debate público y ejercicio de libertades fundamentales de carácter político electoral, por mencionar algunas.

Bajo este orden de ideas podemos decir entonces, que la propuesta permite que la imposición de sanciones por la autoridad electoral no afecte el patrimonio de las instituciones políticas, la cual tenga como efecto la limitación u obstaculización de la representación popular, de la promoción de la participación ciudadana o, incluso, de la defensa de ideales o causas sociales. Por todas estas razones y las expuestas por quienes me antecedieron en el uso de la palabra, es que la bancada de Morena y la coalición Juntos Hacemos Historia acompañaremos este dictamen.

Compañeras y compañeros, esta reforma no debe analizarse desde una perspectiva partidista, sino que debe ser estudiada bajo una visión democrática, participativa y ciudadana. Tengamos en cuenta que la exteriorización de los ideales del pueblo mexicano se materializa en gran medida a través de los partidos políticos.

De ahí la importancia de que éstos cuenten con recursos suficientes para contribuir a la integración de los órganos de representación política y para hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público. De otra manera, muchas voces y exigencias sociales jamás podrán ser escuchadas ni atendidas. Es cuanto, señor presidente.