En conferencia de prensa, el diputado de Morena Hamlet García Almaguer aclaró que los llamados que han realizados los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama Rendón, así como el empresario Claudio X. González para promover amparos en contra del denominado “Plan B” en materia electoral no son procedentes, como tampoco lo son las controversias que han anunciado.

En consecuencia, apuntó que la discusión jurídica se hará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero hay mucha desinformación, y han sido los consejeros del INE quienes se han encargado de llamar a la ciudadanía a interponer amparos.

Esto, a pesar de que la SCJN ya anunció que el recurso en cuestión es improcedente, pues existe una tesis al respecto, lo que significa que este movimiento que promueven, “o es un engaño, o un desconocimiento de las normas”, por parte de los actores electorales.

“Están motivando a la ciudadanía para que se ampare, pero la Suprema Corte ya resolvió que no hay amparo en materia electoral”, comentó.

El legislador explicó que al existir jurisprudencia por parte de la SCJN, no es viable que ningún actor jurídico de menor rango que la Suprema Corte puede admitir un amparo en contra de la reforma electoral, pues estaría cometiendo un delito contra la administración de justicia.

Mientras que, en el caso de las controversias constitucionales, refirió que hay una ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución, que regula las controversias y donde se indica claramente que “las controversias constitucionales son improcedentes contra normas generales o actos en materia electoral”.

García Almaguer también puntualizó que el proceso legal que mantiene la reforma electoral, como ya es de conocimiento de la ciudadanía, aún guarda su discusión en el Senado de la República.

Sin embargo, precisó que esta discusión solo puede versar sobre el punto en el que no se alcanzó acuerdo entre las dos Cámaras del Congreso de la Unión, que es el aspecto de las candidaturas comunes que fue retirada, a través de una reserva en el Senado.

“En ese sentido, cualquier discusión de un punto, en el que no existe contradicción entre la Cámara de Diputados y el Senado no tiene ningún objeto, no puede ser analizada, no puede ser revisada y no tendría ningún fin jurídico”, expresó.

Finalmente, argumentó que existen dos vías de desahogo posibles, el primero es que se elimine la cláusula por parte del Senado y se publique el dictamen; o en su caso, negar la eliminación, pero publicar la porción en la que sí hubo acuerdo, “que es la gran mayoría del Plan B”.

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