La diputada Adriana Bustamante Castellanos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, expresó que, a través de la reforma a la Ley Minera, la nación recuperará la rectoría de los recursos minerales que se encuentran en el subsuelo mexicano para evitar su sobre explotación.
 
En conferencia de prensa, la legisladora detalló que la iniciativa, suscrita por el Ejecutivo Federal, plantea la transformación integral del actual sistema minero construido por gobiernos neoliberales, que han conducido al deterioro del medio ambiente y la fragmentación del tejido social.
 
Ante integrantes del colectivo “Cambiémosla Ya”, Bustamante Castellanos puntualizó que se trata de modificaciones a la Ley General de Protección al Ambiente, la Ley General de Residuos, la Ley de Aguas y la actual Ley Minera.
 
Afirmó que la iniciativa busca garantizar los derechos humanos a la salud, al agua, a un ambiente sano, limpio y sostenible; y evitar la contaminación de los recursos naturales.
 
En ese marco, la diputada Aleida Alavez Ruiz informó que con la reforma se pondrá un alto a la devastación de los recursos naturales, sin deshabilitar a un sector de la economía nacional, el cual se volverá sustentable.
 
Detalló que mañana sesionarán las juntas directivas de las Comisiones de Economía y Energía “para que el próximo martes a más tardar tengamos un dictamen listo para presentarlo antes las comisiones y el 20 de abril ponerlo a discusión en el pleno”.
 
En ese orden de ideas, la diputada Irma Juan Carlos aseguró que la iniciativa planteada por el Presidente de la República, reconoce la obligación del Estado de consultar a los pueblos, así como los derechos consagrados en normas internacionales en esta materia.
 
En su oportunidad Bernardo Ríos Cheno declaró que no se busca perjudicar la inversión del sector, sino de “hacer lo justo en favor de la gente y del desarrollo económico”.
 
Sostuvo que mediante la ley se sustentará la protección de mantos acuíferos, así como del mayor yacimiento de litio en el país, lo que coadyuvará a la soberanía nacional en materia energética.
 
Por su parte, el diputado Joaquín Zebadúa Alva expresó que, curiosamente, el marco legal actual aprobado con Carlos Salinas de Gortari y perfeccionado con Vicente Fox, nunca fue controvertido en tribunales por ninguno de los órganos garantes “y tuvimos que esperar hasta que llegara la Cuarta Transformación y se juntara la fuerza de los pueblos afectados, de la academia y de la sociedad civil para tener esta iniciativa y ver la luz al final del túnel”.
 
Expresó que, contrario a lo que se ha manifestado en redes sociales por parte de organismos empresariales, la especulación sobre títulos de concesión no afecta la inversión extranjera directa, la cual “se hace en el territorio y garantiza la explotación ambientalmente responsable y cuidando los derechos de los pueblos”.
 
Al hacer uso de la voz, la diputada Judith Celina Tanori Córdova destacó que el proyecto de ley propone que sea obligatoria la presentación de un programa planificado de cierre de minas una vez terminadas las labores operacionales, así como una carta de crédito para asegurar que aspecto.
 
“Esto contempla la responsabilidad que se debe tener con las comunidades y con el medio ambiente que son los derechos que les debemos asegurar a nuestra gente”, dijo.
 
En su oportunidad, el diputado Alfredo Vázquez Vázquez señaló que se limitarán los tiempos de funcionamiento de las mieras, que siguen trabajando a pesar de los continuos señalamientos de afectación al medio ambiente.
 
El académico Jorge Peláez, integrante de la colectiva “Cambiémosla Ya”, sostuvo han trabajado arduamente en los últimos cuatro años en el impulso de una reforma mínimamente justa para quienes han padecido los efectos de un modelo de minería que ha dejado enormes daños sociales ambientales y muy pocas ganancias para el país.
 
“Por esta razón, desde “Cambiémosla Ya” avalamos la iniciativa presidencial que se presenta, porque además de ser elaborada, y esto hay que decirlo, con mucha seriedad, minuciosidad y rigor técnico, cuidando que no haya ninguna cuestión de inconstitucionalidad que se pueda atacar, recoge la mayoría de las demandas de quienes llevamos años luchando contra el modelo extractivo que ha prevalecido durante los últimos 30 años”, manifestó.