LXV LEGISLATURA
Cumplimos
POSICIONAMIENTO SOBRE EL PARO EN EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
21 agosto, 2024 - Prensa Diputados Morena
Para decirlo claramente, el paro del Poder Judicial es una huelga política.
La incorporación de jueces y magistrados al paro de labores convocado inicialmente por los trabajadores del Poder Judicial hace evidente que este es un movimiento político para tratar de frenar, a través del chantaje y la amenaza, un mandato popular que suscribió el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y que se expresó en las urnas a través de 36 millones de votos.
El mandato es emprender una reforma constitucional de gran calado para sacudir el Poder Judicial de la Federación. Esta propuesta es apoyada y avalada por la Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo.
Los jueces y magistrados están acostumbrados a pensar que el Poder Judicial es intocable e inatacable.
Están convencidos que son impunes e inamovibles, ajenos a cualquier decisión popular.
Esta huelga política sólo utiliza a los 55 mil empleados para fines políticos.
La ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está conduciendo a los trabajadores al despeñadero.
Olvidan que el responsable de modificar las leyes es el Poder Legislativo, y que ese poder, junto con las legislaturas de las entidades federativas, conforman el Constituyente y TIENE LA FACULTAD DE REFORMAR LA CONSTITUCIÓN.
Ministros, jueces y magistrados están tan acostumbrados a ser impunes que no han entendido que la iniciativa tiene el aval de las urnas, que será legal, será legitima y que no detendrá la actuación del Congreso de la Unión.
Pedimos a los 55 mil empleados del Poder Judicial de la Federación que se pregunten ¿por qué reformar al Poder Judicial de la Federación?
La respuesta es muy simple: POR JUSTICIA.
Porque la justicia es el eje que debería orientar las demás virtudes humanas hacia el bien común y no hacia el individuo, y porque la justicia implica una igualdad.
La justicia social debe ser, por definición, un hábito, no sólo del individuo, sino de la colectividad, para alcanzar el verdadero bien común y la armonía.
Entendiendo que la justicia social se define a través de los principios de la dignidad humana, del bien común, la solidaridad, el destino universal de los bienes y el valor del trabajo humano. Y su finalidad es dirigir al hombre a crear ciertas condiciones necesarias para su propia realización y la de los demás.
La justicia es el bien primario que debe impulsar a la sociedad porque se identifica el concepto de persona humana.
Y, desgraciadamente EN MÉXICO los tribunales NO IMPARTEN JUSTICIA.
Una de las principales deudas del Poder Judicial con el pueblo de México es la impunidad derivada de sus sentencias.
Parce que ya se les olvidó que el Poder Judicial de la Federación es corresponsable de la desaparición de 40 mil empleos de la Comisión de Luz y Fuerza del Centro.
Y que, en presuntos delitos de cuello blanco, el sistema de justicia falló a favor del exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, y de sus colaboradores Luis Cárdenas Palomino y Jannet Miriam Martínez Sánchez.
En el caso Ayotzinapa, las sentencias no solo beneficiaron a los presuntos responsables, sino que impiden conocer la verdad sobre los 43 estudiantes desaparecidos.
O las resoluciones judiciales a favor de los ricos, que cambiaron medidas cautelares, como al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin; a Juan Collado, abogado de Carlos Salinas y amigo de Peña Nieto; y a Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social.
Además, están las sentencias que han salido a favor de los poderosos, como los exgobernadores César Horacio Duarte y Francisco Javier Cabeza de Vaca; el del priísta Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre; el del fiscal Uriel Carmona Gándara; el del exgobernador Roberto Borge Angulo; el del exadministrador de Javier Duarte en Veracruz, Gabriel Deantes Ramos; y del exfiscal Jorge Winckler.
Por otra parte, el Poder Judicial Federal se transformó en Poder Judicial Familiar, gobernado por el nepotismo.
Donde hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 500 jueces y magistrados ocupan plazas en tribunales y juzgados de su adscripción o de otros.
112 jueces y magistrados que habrían utilizado sus facultades para conseguir empleo a su esposa o pareja, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás.
Además, otros 7 mil 148 servidores públicos del Poder Judicial que comparten espacio laboral con sus parientes.
En la práctica, ha ocurrido que los juzgadores intercambian empleos para sus familiares con colegas de otros circuitos, quienes corresponden en forma recíproca.
Suscriben los abajo firmantes:
Adriana Bustamante Castellanos
Javier Huerta Jurado
Raquel Bonilla Herrera
Judith Tánori Córdova
Olimpia Tamara Girón Hernández
Janicie Contreras García
Martha Nabetse Arellano Reyes
Juan Pablo Sánchez Rodríguez
María Guadalupe Chavira de la Rosa
Lidia Pérez Bárcenas
Alberto Villa Villegas
Sandra Luz Navarro Conkle
Flora Tania Cruz Santos
Rosalba Valencia Cruz
Faustino Vidal Benavides
María Guadalupe Román Ávila
Evangelina Moreno Guerra
Armando Contreras Castillo
Marisol García Segura
Azael Santiago Chepi
Martha Robles Ortiz
Rubén Gregorio Muñoz Álvarez
Sonia Rincón Chanona
Reyna Celeste Ascencio Ortega