DIPUTADA ADELA PIÑA BERNAL (APB). Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a los medios de comunicación que están presentes aquí en esta rueda de prensa para expresar un posicionamiento con respecto al pin parental y el ejercicio del derecho a la educación.

Agradezco muchísimo que nos acompañen las diputadas Wendy Briceño Zuloaga, la diputada Rosalba Valencia, la diputada del Congreso local de Nuevo León, Ivonne Bustos, la diputada María Teresa López, la diputada Mildred Ávila.

Las primeras personas que mencioné haremos uso de la palabra para posicionar este punto.

Si me permiten las compañeras, iniciaré. La educación es un derecho de todas y todos los mexicanos consagrado en el artículo 3 constitucional federal, que, debemos recordar, es la ley suprema de la nación y ninguna otra puede contradecirla o estar por encima de ella.

El año pasado aprobamos una importante y profunda reforma constitucional en materia educativa a la que le siguió la expedición de una nueva Ley General de Educación y otros dos ordenamientos.

Así, desde la Carta Magna se determinó que la rectoría de la educación corresponde al Estado y que ésta debe ser universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.

Además de que se basará en el respeto irrestricto a la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva.

De igual forma, por primera vez se reconoce desde el texto constitucional que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lecto-escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo -que tanta falta hace en estos momentos de descomposición social-, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, la promoción de estilos de vida saludables -otro imperante en este momento-, también se incluye la educación sexual y reproductiva y el cuidado del medio ambiente, entre otras.

Asimismo, la Ley General de Educación, producto de la Reforma Educativa, establece que la educación persigue, entre otros fines, el de contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos para que ejerzan de manera plena sus capacidades.

En las disposiciones transitorias del decreto de reforma constitucional en materia educativa y del derecho por el que se expide la nueva Ley General de Educación, se mandata a las entidades federativas para que armonicen sus leyes locales de educación conforme a las nuevas disposiciones constitucionales y de la legislación general.

Sin embargo, de manera lamentable, en algunos estados se han realizado modificaciones a sus leyes de educación, que, lejos de armonizar, contravienen, no sólo a la Constitución y a las leyes generales, sino incluso instrumentos internacionales en materia de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

En Nuevo León, por ejemplo, se aprobó una modificación a la fracción 12 del artículo 7 de la ley de educación por medio de la cual se propone, como uno de los fines de la educación, el crear conciencia sobre el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, lo cual, evidentemente, denota una idea de carácter ético religioso que resulta discriminatoria por razón de género ya que implica inversamente una lectura de condición o penalización de la interrupción anticipada del embarazo, además de que afecta el carácter laico del Estado, recordando que el Estado laico se fundamenta en el principio de igualdad y por lo tanto es el eje rector de una sociedad plural y diversa.

La laicidad es la garantía para el ejercicio del derecho humano a la libertad de conciencia y religión, que, de violentarse, vulnera la dignidad de las personas, en este caso, de los educandos, recordando que la dignidad es el valor de la más alta importancia, que asegura su libertad y autodeterminación.

Otros casos, como en Aguascalientes, desafortunadamente, han prosperado modificaciones a las leyes educativas para que los padres de familia, tutores o quienes ejerzan la patria potestad de los educandos puedan determinar si sus hijas, hijos o pupilos tienen acceso o no a la enseñanza de temas como los valores o educación sexual y reproductiva, el llamado pin parental.

El recibir educación sexual y reproductiva y en materia de valores es un derecho de la más alta importancia que no puede ni debe ser limitado para su enseñanza por las madres y padres de familia o tutores de niñas, niños y adolescentes, aduciendo convicciones de carácter ético o moral.

Quienes impulsan estas medidas sustentan sus propuestas fundamentalmente en el derecho que tienen los padres o tutores para que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones (Artículo 12 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos – Pacto de San José) y en lo señalado en este mismo sentido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26, donde se establece que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

Sin embargo, y al margen de que realizan una incorrecta interpretación de dichos preceptos, dejan de lado e ignoran que los intereses de los padres, de la propia sociedad e incluso del Estado no pueden estar por encima de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, esto en virtud del principio del interés superior de la niñez, mismo que ha sido interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la siguiente manera: "la expresión ‘interés superior del niño’ ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño”.

Por último, no se puede dejar de mencionar que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea General de la ONU, como plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia, prevé como una de las metas de su objetivo número 3 “Salud y bienestar” el garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales, por lo que se insiste categóricamente que no se puede limitar de ninguna manera su enseñanza.

Por otra parte, no es posible que se pretenda también limitar o negar la enseñanza de valores, cuando justamente su ausencia ha dado lugar a una crisis social sin precedentes, de ahí la importancia que tiene promoverlos, no únicamente desde las familias, sino también desde otros ámbitos como el escolar.

Jamás nos opondremos a que las madres, padres eduquen a sus hijos e hijas dentro de sus hogares en los valores que prefieran, mientras esto respete sus libertades.

Sin embargo, en el ámbito de lo público, el Estado, como rector de la educación, debe velar siempre por la pluralidad, el respeto a los derechos humanos, la integralidad y la laicidad y eso es lo que haremos valer desde la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

El pin parental atenta contra el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir educación sobre temas que son muy importantes en la actualidad, como los valores y la educación sexual.

Por todo lo anterior, les comento que hemos presentado una iniciativa para adicionar un artículo a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para así reconocer el derecho que tienen quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, para intervenir en la educación que se les habrá de dar a éstos, siempre que el ejercicio de este derecho no implique limitar o negar la enseñanza de cualquier contenido educativo de los planes y programas de estudio oficiales, entre ellos, valores así como educación sexual y reproductiva.

Muchas gracias.

A continuación le estaré dando el uso de la palabra a la diputada Ivonne Bustos Paredes, del Congreso local del Estado de Nuevo León.

Adelante, diputada. Lo hago de esta manera, porque tiene un compromiso y se tiene que retirar.

Adelante, diputada.

DIPUTADA IVONNE BUSTOS PAREDES (IBP). Muchas gracias, diputada Adela Piña, por esta atenta invitación para platicar sobre este tema tan importante. Buenas tardes a todas mis compañeras diputadas que veo por aquí; a los compañeros de la prensa, también buenas tardes.

Pues les envío un saludo muy grande desde Nuevo León.

Tal como lo ha señalado la diputada Piña, con mucha precisión, respecto al reto que tenemos ahora en materia educativa, aquí en nuevo León hemos sido, como ustedes saben, yo diría, y discúlpenme el adjetivo, víctimas de esta situación que se ha forjado de parte de grupos que son de extrema derecha, no sé si sea ese el adjetivo, o si sea realmente que son intolerantes a ciertas libertades que hoy tienen los niños, a reconocer los derechos de los niños que están plenamente identificados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que a todas luces estas acciones que se están cometiendo y que se están impulsando por diferentes frentes en todos el país, sobre todo en ellos estados que tienen digamos una mayoría más conservadora dentro de los Congresos, ha sido tierra fértil para que este tipo de propuestas avancen.

Tal como lo comentaba la diputada Adela Piña, en Nuevo León hubo un cambio, una reforma importante, constitucional, al primero de la Constitución del Estado de Nuevo León, en el que se establece esto del derecho a la vida.

Este término de derecho a la vida no es precisamente avalar que haya vida y que los otros estén avalando que haya muerte, simplemente que ha sido tergiversado el término para encaminar a la sociedad a que piense que hay fuerzas que estamos defendiendo, por así decirlo o una situación que la gente aborte y que la gente llegue a extremos, digamos, que no son los ideales fundados en valores.

Sin embargo, este cambio constitucional que se hizo, habla desde la vida desde la concepción, que es un término puramente religioso, luego entonces, 100 por ciento inconstitucional, y habla hasta la muerte natural, con lo cual también se están dejando fuera todas las posibilidades que hay de asistencia de muerte digna, que también es un tema muy importante y ahora con la pandemia es un tema que debiera estar ya en las agendas legislativas.

Sin embargo, esta reforma prosperó con las dos terceras partes que eran necesarias que se llevara a cabo y a partir de ahí se promovió por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos una acción de inconstitucionalidad que fue admitida por la Corte y que ahora está justo en la parte de la pandemia estaba por analizarse y verse ya en el pleno de la corte; estamos todavía en ese punto, seguramente se va a ver en los próximos meses, pero, bueno, esa es una de las grandes cosas que han pasado en Nuevo León respecto a este tema tan sensible que hoy nos reúne, que es importante alertarlo y tomarlo en cuenta.

Para el caso de la homologación de la Ley General de Educación, en el Estado de Nuevo León se hizo la homologación como todos ustedes saben , como todas ustedes saben, es una homologación desde una reforma bastante ambiciosa, muy rica, que cambia el contenido; es muy bueno para fortalecer la parte educativa, ya no sólo para la parte básica, sino también hasta la parte de educación media superior y superior, en término de reforzar la laicidad y la rectoría que tiene el estado e incluso ya se incluye al municipio sobre la educación de los estudiantes.

Sin embargo, pues nuevamente en la Comisión de Puntos constitucionales se agrega un párrafo, más bien un enunciado, ni siquiera es un párrafo, que habla del derecho preferente de los padres a la educación de los hijos, que es justamente como lo advertimos aquí en Nuevo León, la entrada perfecta para las iniciativas de pin parental, estas iniciativas que pretenden que sean los padres quienes decidan qué materias llevarán sus hijos, qué talleres serán a los que ellos puedan acceder y a cuáles no, y eso habla de una discriminación clara hacia los menores al derecho a la educación, pero además hace logísticamente muy compleja la posibilidad de que se hagan separaciones entre grupos para ver qué niños sí van a tomar tales materias y cuáles no; se enfocan directamente, como comentaba la diputada Piña, en temas de educación sexual, pero también en temas de valores, que lo comentaba, y así mismo en los temas de derechos humanos, porque conocer los derechos humanos le da libertades a los niños para que ejerzan plenamente sus derechos y los exijan, y bueno, esta parte es la que me molesta.

Aquí en Nuevo León ha llegado a un grado y seguramente lo han escuchado porque ha sido nota nacional en varias ocasiones por justamente estas polarizaciones tan amplias que se dan respecto a estos temas y hay grupos que están impulsando que las caricaturas, pro ejemplo, cambien los contenidos, que ya no haya más transmisiones de algunas caricaturas como Bob Esponja, como Barney, en fin, diferentes elementos que hablan de figuras que son 100 por ciento, digamos, tolerantes a la diversidad, que quitan o rompen con estereotipos de género.

Aquí lo que se advierte es que se ha malinformado y creo que en esa red estamos varias entidades federativas, se ha malinformado a los padres acerca de este alcance de las reformas que se están haciendo a nivel federal y es que eventualmente se le va a imponer una ideología de género que va a llevar a que los niños decidan cosas como su propio sexo o que puedan tener hasta esta diversidad de ideologías, que no es nada de lo que se está apuntalando, desde las reformas que se están hecho en lo federal.

Pero han metido cierto miedo porque, se los comento aquí, los padres que nos visitaban para pedirnos que apoyáramos esta reforma del derecho preferente de los padres, nos decían “es que a nosotros nos van a quitar el derecho de que nosotros decidamos la educación de nuestros hijos; nos van a imponer los temas de ideología de género; ya no nos van a dejar que seamos nosotros los que orientemos a nuestros hijos en valores”, que no hay cosa más cerrada que eso, porque la responsabilidad de los hijos, pues la tienen los padres, sin lugar a duda.

Les hacíamos comentarios como que, “bueno, ese derecho lo han tenido y lo hemos tenido en este país desde hace muchos años”, cada quién elige el tipo de educación que le da a sus hijos, los colegios, las escuelas públicas, el tipo de educación cultural, por ejemplo, o religiosa que puedan llevar; y ellos se mostraban sorprendidos porque decían “¿Cómo? ¿Entonces no nos van a quitar eso?

O sea, la gente, creo que realmente estaba confundida, creo que lo sigue estando, porque hay grupos muy interesados en que este tipo de confusiones prosperen para poder ser campo fértil, para que entren este tipo de reformas, pero bueno, desde el estado de Nuevo León tuvimos, de verdad, un amplísimo apoyo por parte de la sociedad, mucha gente joven que se volcó a exigir que se respetaran los derechos humanos, que se respetara la laicidad establecida en la Constitución.

Y esta ola de gente que impulsó el rechazo del tema del pin parental, se hizo un movimiento muy amplio, muy importante, juntaron, por ejemplo, en una petición de change.org, más de 30 mil personas que firmaron en dos semanas para evitar que avanzara estas propuestas en Nuevo León, y bueno, se logró, a final de cuentas.

Eso es lo bueno del tema que no logramos imponer esta parte del no prosperó la reforma, del derecho preferente de los padres, pero la mala noticia es que con esto se fue la homologación de la Ley General de Educación que tiene cosas muy importantes y muy buenas para el estado.

Volvimos a meter la iniciativa, eventualmente estoy segura y estoy cierta de que lo vamos a lograr, pero bueno, este es el panorama en general aquí en el estado de Nuevo León. Muchas gracias.

APB. Muchas gracias, diputada Ivonne Bustos, por su participación. Quiero comentarles que la señorita Magally Téllez está con nosotros, ella al final de la exposición de la diputada Wendy Briceño y Rosalba Valencia va a ser quien va a conducir las preguntas, si es que hubiese cuestionamientos, va ella a coordinar.

También se encuentra con nosotros, y le agradezco su acompañamiento, al diputado Juan Pablo Sánchez, nuestro compañero también del Grupo Parlamentario de Morena. Le doy el uso de la palabra ahora a la diputada Wendy Briceño.

DIPUTADA WENDY BRICEÑO ZULOAGA (WBZ). Muchas gracias, diputada Adela Piña, presidenta de la Comisión de Educación.

A todas mis compañeras saludarlas. Saludar también con gusto a las diputadas locales, a la diputada Ivonne, escucharla y escuchar todo lo que nos relata nos da una idea muy clara de que se trata, precisamente, de una iniciativa de grupos específicos que pretenden imponer una agenda. Hay que decirlo claramente, una agenda que atenta contra los Derechos Humanos de las personas.

Derechos que se han conquistado a través de los años y que han costado bastante y hoy estamos ante grupos específicos que pretenden promover retrocesos a todo ello.

Yo saludo también a las y los representantes de los medios de comunicación, a la gente de Cámara que siempre nos está apoyando y diputadas de la Comisión de Igualdad que también están conectadas, la diputada Paola González que es diputada federal por Nuevo León, la diputada Rocío Villarauz que también está conectándose.

Les compartiré también algunas ideas en torno a esto y cómo pretenden hacer ver todos estos avances metiéndolos en, precisamente, conceptos como si fueran negativos y en relación con lo que decía la diputada Ivonne Bustos, precisamente, promover el miedo en la gente. Esto es muy grave.

Entonces, ¿de qué trata, de acuerdo a lo que ya han explicado mis compañeras, el llamado pin parental?

Es una medida que pretende restringir a los centros escolares sobre brindar una educación abierta y plural, y exige que los padres estén obligados a autorizar de manera previa y expresa la asistencia de sus hijos a cualquier actividad que desarrolle el centro educativo.

Los alumnos podrían ausentarse de cualquier actividad cuando los padres consideren que hay una objeción de conciencia, donde haya talleres de contenidos sobre educación sexual y reproductiva, como ya se decía, sobre diversidad afectivo-sexual, sobre identidad de género o lo tocante a temas más amplios de Derechos Humanos.

El PIN parental es inconstitucional, y una muestra a calca de las corrientes más retrógradas, regresivas y antiderechos que están surgiendo en algunos países.

Lo diremos claro: en México no pasarán.

En México creemos, trabajamos y luchamos para que a nadie se le limiten o prohíban sus derechos. No se puede apelar a la Constitución, si se basan en la supresión de los derechos de otros: de las mujeres, de la comunidad LGBTTTQ+, de familias diversas.

Y hablando de diversidad de familias, porque ese es uno de sus primeros argumentos, hay que señalar lo siguiente:

No se puede hablar de la defensa de un solo tipo de familia en singular, como si fuese un monolito, en cuya configuración se excluya toda la diversidad de familias que hay en nuestro país.

Según el INEGI, el 53.8 por ciento de las familias en México son biparentales; el 18 por ciento son familias monoparentales y el 28.1 por ciento se refiere a otro tipo de familias, en toda su diversidad.

En nuestro país, hay por lo menos 11 tipos de familia distintos y la forma tradicional a la que los defensores del PIN Parental apela, está basada en prejuicios de realidad pasada ya caduca y que promueven la discriminación.

Todos ellos antivalores, aunque apelen a ellos al defender la censura en la educación.

El discurso antiderechos no pasará, como pretenden con el PIN Parental, porque la discriminación es un obstáculo para el desarrollo de las personas, pues pone barreras para que accedan a sus derechos, por lo que es menester eliminar la discriminación.

En México, la discriminación ejercida por orientación sexual, identidad y expresión de género o por características sexuales es un fenómeno estructural que muy lejos de limitarse a casos que sean aislados o aleatorios, son una forma de exclusión que se manifiesta en acciones repetidas y generalizadas que sobre la base de estereotipos restringen los derechos de las personas.

Visibilizar y reconocer los derechos de la comunidad no es obligar una orientación sexual, identidad y expresión de género. Sin embargo, negar esta visibilización y reconocimiento sí atenta contra los derechos y contra la libertad de desarrollo de la personalidad.

Sobre lo que hablan de perspectiva de género contra ideología de género, diremos lo siguiente:

La perspectiva de género es uno de los aportes teórico-analíticos más importantes del feminismo, pues es el resultado de una reapropiación del conocimiento a través de la cual se puede visibilizar que las relaciones entre sexos no están determinadas por lo biológico, como muchos años lo argumentaron las ciencias desde la visión patriarcal, sino que sus relaciones están determinadas por lo social y, por lo tanto, son históricas, y efectivamente van cambiando, como van cambiando una serie de relaciones y precisamente nuestra propia familia a lo largo de nuestra historia.

La perspectiva de género se basa en un riguroso análisis histórico, antropológico, político y económico, que ha concluido que el género es una construcción social y su subordinación obedece igualmente a una construcción histórica que ha convenido al orden social al orden patriarcal.

La importancia de la perspectiva de género es que trabaja en la recuperación del papel de las mujeres en el desarrollo civilizatorio y de la humanidad, lo que contribuye en su emancipación y recuperación de su poder para construir una sociedad verdaderamente democrática, que reconozca su diversidad genérica sin jerarquizarla.

Llamarlo ideología no solo es un acto de total ignorancia, sino que entraña riesgos.

Los grupos antiderechos se han apoderado de estas palabras para descalificar a la igualdad, al feminismo, a la diversidad y usan el concepto de ideología para negar toda la historia de investigación, pensamiento, lucha del feminismo, conquista de derechos, usan ese término sin seriedad ni pensamiento científico para erigir un discurso de odio, antiderechos que da la espalda al pasado que progresivamente nos ha traído este presente y nos llevará a un futuro igualitario.

Les invitamos a sumarse a reivindicar el origen verdaderamente científico, histórico y emancipador de la perspectiva de género para repensarnos y tener una opinión formada.

Llamamos también a las y los legisladores, a los congresos locales a promover los avances y no caer en las trampas de grupos antiderechos.

También a las y los legisladores federales a que continuemos avanzando como hemos hecho en esta LXIV Legislatura. Ese es el compromiso que tenemos de legislar más allá de prejuicios, sin etiquetas o creencias religiosas o morales. No podemos asumir discursos de odio, nosotras, nosotros estamos para garantizar las libertades, la inclusión, la democracia y ese es el compromiso que tenemos. Gracias.

Gracias, diputada Adela.

APB. Muchas gracias, diputada Wendy Briceño, también es presidenta de la Comisión de Igualdad.

Está la diputada ahora, Rosalba Valencia, le abrimos el micrófono para que pueda hacer su posicionamiento.

DIPUTADA ROSALBA VALENCIA CRUZ (RVC). Gracias, diputada Adela.

Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, ciudadanos y ciudadanas, medios de comunicación.

Desde diferentes espacios se han externado opiniones acerca de las iniciativas que pretenden incluir el denominado Pin parental en las leyes de educación.

Es necesario reiterar que en la base de la convención sobre los derechos del niño, encontramos el mayor reconocimiento a niñas y niños del mundo como sujetos de derecho y no como objetos de protección.

De ahí se desprende una serie de derechos universales entre los cuales destaca el derecho a la educación, éste a su vez como fin del Estado responde para promover, proteger y garantizar el acceso y permanencia a la educación.

En este sentido es necesario que se recalque que la educación deber ser orientada al desarrollo de la personalidad, al desarrollo de aptitudes, habilidades y competencias.

Con ello debemos atender nuestras obligaciones constitucionales del marco nacional como internacional que protege y buscan el interés superior de las niñas y los niños.

Es necesario alertar que donde se discuten dichas iniciativas responden a graves retrocesos que atentan y vulneran derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes en México, siendo así una medida totalmente violatoria de derechos.

Instamos a que tenemos una responsabilidad urgente ante estas iniciativas inconstitucionales que buscan vulnerar una educación que promueva y respete los derechos humanos.

Como ya mencionaron mis compañeras, la educación debe impulsar el aseguramiento, protección y conocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes y la forma de ejercerlos.

Reitero que desde la Cámara de Diputados velamos por los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes del país y ni un paso atrás.

Ellos son el presente y futuro de nuestra nación.

Muchas gracias.

APB. Gracias, diputada Rosalba Valencia que también es, por cierto, presidenta de la Comisión de la Niñez y Adolescencia.

RONDA DE PREGUNTAS

PREGUNTA (P). Buenas tardes, les quiero preguntar, primero, si en Morena estarían considerando la posibilidad de cómo podrían tirar estas leyes en Nuevo León, con alguna controversia o qué es lo que pueden hacer los legisladores de allá, o los diputados federales para eliminar este tipo de legislación.

Y otra pregunta a la diputada Piña, es sobre el ciclo escolar. Si después de todas estas reuniones que han tenido con funcionarios federales de la Secretaría de Educación, ¿ya hay más claridad de cuándo podría o cómo podría ser el regreso a clases en las distintas entidades y en la Ciudad de México?

APB. Gracias.

Bueno, le comento. Tengo entendido, esto es asunto propio del Congreso local de Nuevo León, pero tengo entendido que se dio un proceso, o se inició un proceso por parte de la Comisión de Derechos Humanos local, con respecto a este asunto de reforma, un proceso de inconstitucionalidad a lo que aprobó el Congreso. Creo que está en transe.

Por otra parte, le comento que no tocamos el tema, pero con respecto al ciclo escolar creo que siempre ha sido muy claro el secretario de Educación Pública desde hace ya bastante tiempo, lo ha dicho en diferentes medios de comunicación, lo ha externado también en las mañaneras en donde está el señor Presidente, que el regreso a clases será hasta que esté semáforo verde para protección de la salud de todos los niños, también obviamente de los administrativos y por supuesto, de las maestras y de los maestros.

Entonces nos estamos despidiendo. Les agradezco muchísimo a las diputadas y diputados que pudieron conectarse y acompañarnos, que son tanto de la Comisión de Igualdad, aunque están en su carácter únicamente de diputados federales, como también a los compañeros de Derechos de la Niñez y Adolescencia, y de Educación.

Pues muchísimas gracias a todos, gracias a los medios y muy buenas tardes.

Gracias, diputada Rocío que se pudo conectar.

 

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https://youtu.be/XXvukNBRkoM

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