Diputada de Morena propone prohibir cirugías estéticas en menores de edad para proteger su salud e integridad
Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de octubre de 2025.– Con el objetivo de salvaguardar la salud, integridad y desarrollo de niñas, niños y adolescentes, la diputada María Teresa Ealy Díaz (Morena) presentó una iniciativa para prohibir la realización de cirugías estéticas a menores de 18 años, salvo aquellas que tengan carácter reconstructivo debido a malformaciones congénitas, accidentes, enfermedades o razones médicamente justificadas.
La propuesta adiciona el artículo 272 Bis 7 a la Ley General de Salud, a fin de garantizar que los casos excepcionales cumplan con estrictos requisitos: dictamen favorable de un comité médico especializado, consentimiento informado de madres, padres o tutores y la manifestación de voluntad de la persona menor de edad conforme a su grado de madurez.
Asimismo, plantea que las autoridades sanitarias deberán vigilar el cumplimiento de la norma, mientras que la Secretaría de Salud y la COFEPRIS emitirán los lineamientos y normas oficiales correspondientes.
Ealy Díaz advirtió que niñas, niños y adolescentes enfrentan presiones sociales asociadas a estereotipos de belleza, lo que ha generado un aumento de procedimientos estéticos en edades tempranas, pese a los graves riesgos que implican para la salud.
Ejemplificó con el caso de una adolescente de 14 años que falleció en Durango tras someterse a una cirugía estética, situación que revela dijo la urgente necesidad de un marco normativo expreso que proteja a este sector de prácticas médicas invasivas e irreversibles.
“La regulación es un paso indispensable para garantizar el derecho a la salud, a la integridad y al desarrollo pleno de la niñez y la adolescencia”, afirmó.
La diputada agregó que la ausencia de una prohibición explícita ha permitido que intereses económicos de clínicas y consultorios prevalezcan por encima del interés superior de la niñez, principio que debe guiar toda decisión en materia de derechos humanos.
Señaló que contar con una norma clara y homogénea a nivel nacional no representa una restricción arbitraria, sino una política de justicia social y protección de la vida y el bienestar de niñas, niños y adolescentes, conforme a la Constitución y a los tratados internacionales suscritos por México.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud para su análisis y dictaminación.
