DIPUTADO JUAN RAMIRO ROBLEDO RUIZ (JRRR). Gracias, buenas tardes a todas y a todos.
Con el permiso de quienes están en esta mesa, con el permiso de todos ustedes.
En este foro se discute la cuestión central de la propuesta de reforma al Poder Judicial. Hemos abordado diferentes temas, recibiendo propuestas de académicos, como ustedes que nos acompañan hoy, de investigadores, de abogados postulantes, de miembros de la Judicatura Federal y local, que mucho han ilustrado la discusión y que servirán como puntos a considerar en un dictamen cuyo decreto propondrá reformas constitucionales en la materia.
Este séptimo foro, que es el día de hoy, pero nos restan dos, vamos a ir a Coahuila, donde tocaremos un tema importantísimo relativo a los dos impulsores del proceso de justicia, que son los defensores, los que paga el Estado y los defensores particulares; y vamos a ir después a Sinaloa, a ver un tema por demás sensible, ese vínculo indisoluble entre procuración y administración de justicia y la consecuencia que tienen ambos en un bien mayor para el país que es la seguridad pública de México.
Puede decirse que hay ya una primera conclusión, en todos los que han participado hay una exposición anuente a que vayamos a una reforma judicial en México; en lo que no hay coincidencia es en el contenido de la cuestión principal de esa reforma judicial, y en eso estamos.
Pudiéramos decir que el día de hoy se cifra el tema toral de la propuesta de reforma judicial. Si quisiéramos resumir qué se ha dicho en un sentido y en otro, yo diría lo siguiente: por un parte, de quienes consideran inconveniente la propuesta, hemos escuchado afirmar lo siguiente, ustedes estarán de acuerdo conmigo, “que la reforma afectará la independencia de los jueces”, “que se dañará en esencia el proceso de la carrea judicial”, “que se violarán derechos adquiridos de los actuales jueces y magistrados”, “que no corregirán los problemas de la justicia y que, al contrario, su aplicación traerá riesgos posiblemente graves”, y “que será impracticable en los términos propuestos”, que en todo caso, o más bien, en tal caso “deberá ser gradual su implementación”, “que nunca se votó por esta reforma y que el sufragio popular no agrega sabiduría ni da capacidades”.
Por otra parte, para quienes ven la pertinencia de esta reforma, hemos escuchado decir con énfasis, que un modelo democrático dará independencia total y legitimidad de origen a los jueces y a los ministros les dará una visión de Estado para desempeñarse más allá de las bondades de la abogacía y de la jurisprudencia; que en el nuevo esquema, el Ejecutivo se desprovee de su propuesta de la facultad que hoy histórica, tradicional, exclusiva, para imponer, para proponer, para imponer a sus ministros; que desde el año 2018 se elige a una persona para que ejerza una presidencia vinculada a un programa de gobierno; que la carrera judicial no riñe con un último requisito consistente en una ratificación por el sufragio ciudadano; que la justicia en México necesita en suma cambiar pronto sus criterios judiciales; que de una vez se busque erradicar la tentación de un golpe técnico de Estado por parte del Poder Judicial, que no nunca haya un juez Moro en México.
Las exposiciones de nuestros ponentes seguramente encontrarán entre estos asertos, un campo abierto para que puedan coincidir o rebatir con franqueza y con libertad.
Enhorabuena por este ejercicio de escucha y de consulta. Ustedes estarán enriqueciendo, con sus sabias opiniones, nuestros trabajos. Mucho agradecemos su presencia en San Lázaro y su valiosa participación, que estamos seguros, con honestidad, que lo hacen todos pensando en el bien de la República.
Bienvenidos.
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