Exhorta Marisela Zúñiga a congresos a armonizar leyes con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

Palacio Legislativo de San Lázaro, 07-10-2025. La diputada Marisela Zúñiga Cerón (Morena) llamó a los congresos locales a armonizar su marco jurídico con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), a fin de que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos jurídicos.

En conferencia de prensa, informó que presentó un punto de acuerdo para solicitar a los Poderes Ejecutivos y Judiciales de las entidades federativas coadyuvar en la presentación de iniciativas y homologaciones, así como establecer convenios con el notariado mexicano y organizaciones de la sociedad civil que capaciten al personal involucrado en la implementación del Código.

La diputada Mónica Herrera Villavicencio (Morena), secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, respaldó el exhorto y recordó que la discapacidad “no ve colores, geografía ni estatus socioeconómicos”. Precisó que el CNPCyF debe entrar en vigor a más tardar el 1 de abril de 2027 y que, conforme al decreto, cada congreso local debe emitir su declaratoria de entrada en vigor; hasta ahora, solo la Ciudad de México lo ha hecho.

Ruth López Gutiérrez, directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, subrayó que la armonización “no es un trámite, es una urgencia de justicia y ética”, pues de ella depende que las personas con discapacidad ejerzan su capacidad jurídica para decidir sobre su vida, patrimonio, salud y futuro. Pidió voluntad política y coordinación de los 32 poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) para garantizar mecanismos, recursos y salvaguardas que eviten rezagos.

A su vez, Marco Antonio Hernández, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, advirtió que sin capacidad jurídica no hay derechos. Llamó a superar esquemas como la tutela y los juicios de interdicción, que ponen en riesgo la vida independiente, la inclusión comunitaria y derechos como la participación pública, la educación, el trabajo y la salud.

Finalmente, Ernesto Rosas Barrientos, de la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de Personas con Discapacidad, señaló que el nuevo marco permite que las personas con discapacidad tomen sus propias decisiones con apoyos y acompañamiento para actos jurídicos y administrativos, en consonancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la cual México es parte.

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