Propone Jorge Luis Sánchez Reyes armonizar la Ley General de Vida Silvestre con la denominación vigente del INPI
Ciudad de México, 16 de junio de 2026.- El diputado federal Jorge Luis Sánchez Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar el artículo 93 de la Ley General de Vida Silvestre, con el objetivo de actualizar la denominación de la institución responsable de la política pública en materia indígena, sustituyendo la referencia al extinto Instituto Nacional Indigenista por el actual Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
La propuesta fue presentada durante la sesión de la Comisión Permanente celebrada el pasado 13 de mayo de 2026 y fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su análisis y dictaminación.
El legislador explicó que la iniciativa busca armonizar el marco jurídico vigente con la estructura actual de la administración pública federal, fortaleciendo los principios de seguridad jurídica, legalidad y certeza normativa.
“La presente iniciativa tiene como objetivo armonizar y actualizar el marco jurídico vigente, mediante la adecuación de la denominación institucional en la Ley General de Vida Silvestre, sustituyendo la referencia al Instituto Nacional Indigenista por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas”, señaló.
Sánchez Reyes destacó que la permanencia de referencias a instituciones desaparecidas genera inconsistencias jurídicas, puede provocar confusión en la aplicación de la ley y dificulta la correcta identificación de las autoridades competentes.
Asimismo, recordó que el Estado mexicano, conforme al artículo 2 de la Constitución, reconoce su carácter pluricultural y mantiene la obligación permanente de adecuar y armonizar su legislación para garantizar la protección efectiva de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
El diputado subrayó que la creación del INPI en 2018 representó una transformación profunda en la política pública dirigida a estos sectores, al pasar de un enfoque asistencialista a uno basado en los derechos humanos, la interculturalidad y el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público.
“Esta transformación no fue meramente nominal, sino que implicó una reconfiguración conceptual profunda, al abandonar el paradigma de asimilación y sustituirlo por uno basado en el respeto, la inclusión y la participación”, afirmó.
La reforma propone que la Secretaría correspondiente, en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y las entidades federativas, integre y haga públicas las prácticas y volúmenes de aprovechamiento de ejemplares, partes o derivados de vida silvestre destinados a ceremonias y ritos tradicionales realizados por integrantes de comunidades rurales, garantizando que estas actividades no comprometan la conservación de las especies ni la viabilidad de las poblaciones silvestres.
Además, se mantiene la facultad de las autoridades para establecer restricciones o negar el aprovechamiento cuando existan evidencias de riesgos para la preservación de las especies involucradas.
Sánchez Reyes enfatizó que mantener actualizado el marco jurídico es una condición indispensable para garantizar la eficacia de las instituciones y la plena vigencia de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Finalmente, sostuvo que esta modificación legislativa reafirma el compromiso del Estado mexicano con el reconocimiento, respeto y protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en congruencia con la Constitución y los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
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