DIPUTADA JUANITA GUERRA MENA (JGM). Con su anuencia, presidenta. Honorable asamblea, desde la reforma constitucional en 2011, se estableció como principio fundamental en el Estado mexicano el pleno respeto a los derechos humanos, reconocidos por la Constitución y las garantías para su protección.

Los cambios normativos en materia de justicia para adolescentes en México, tanto a nivel estatal como federal, se han forjado a partir de una serie de avances en la legislación nacional que se ha visto influida por los tratados internacionales y por experiencias locales.

Como antecedente, tenemos la creación de tribunales para menores a nivel local. Sin embargo, fue hasta 1990 cuando México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño que obligó al Estado mexicano a adoptar una doctrina de protección integral para atender a los menores infractores. Si bien este instrumento internacional se basara en un nuevo paradigma alejado, en este caso, de la tutela, fue imposible cambiar de fondo las prácticas ya arraigadas por instituciones nacionales.

Cinco años después con la reforma del artículo 18 constitucional, de diciembre de 2005, se estableció un sistema de justicia para los adolescentes basado en la doctrina de protección integral y en la que se debía prevalecer el debido proceso.

De esta manera, los perfiles, procedimientos e instalaciones deben ser especializados en adolescentes en todas las etapas e instancias de procedimiento. Este criterio debe aplicar de manera estricta para todos los operadores del sistema organizados y... jerarquizados, desde una política del sistema coordinación. Esa evolución en los mecanismos de acceso, justicia para adolescentes, implica reconocer que esos son usuarios en los sistemas de procuración e impartición de justicia.

La reforma que se presenta en el dictamen contempla adición del capítulo VI Bis en la ley general del sistema que implica, precisamente, dar un paso más en el establecimiento de los mecanismos para dar tratamiento a los adolescentes en conflicto con la ley, reconocimiento de los particulares, en este caso los menores, que motivan a un trato diferenciado al tiempo de que se acepta que existe una atención constante, por lo tanto, proteger el interés del menor y a la sociedad de las ofensas, sobre todo cuando las conductas delincuenciales son más complejas y graves.

Si bien es cierto que la norma se puede establecer formalmente en los procesos legales de los jóvenes que se basaron en una evolución integral en las necesidades del menor y no solo en la conducta que lo llevó ante una autoridad, esto no puede convertirse en una excusa para flexibilizar las decisiones judiciales, el grado de la conducta, en este caso, quede impune en el detrimento del ofendido.

En ese sentido se debe ser asertivo en evaluar los factores de riesgo de los menores infractores como circunstancias valiosas para comprender su conducta y el diseño del tratamiento, que necesariamente como una justificación absoluta a su forma de actuar. Es por ello, la visión de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública propone la creación de la Conferencia Nacional de Autoridades Administrativas Especializadas en la Ejecución de Medidas para Adolescentes, integrada por los titulares de las unidades especializadas a los tres órdenes de gobierno y presidida por el secretario de ramo.

Esta conferencia será la encargada de establecer los mecanismos de coordinación del sistema integral de justicia penal para adolescentes. Asimismo, para la instancia donde se analizarán y promoverán las acciones de tratamiento, prevención, seguimiento, así como la homologación a nivel nacional de las normas administrativas y los indicadores estadísticos.

Esta Cámara de Diputados tiene un importante compromiso por la sociedad y con el robustecimiento del cuestionado sistema de impartición de justicia, en este caso por los años de interés y por la falta de visión que se han venido llevando a cabo en años anteriores.

Por eso, de ahí la urgencia de establecer esta conferencia nacional para sentar las bases en un sistema coordinado y articulador de políticas públicas en beneficio de quienes pueden tener una oportunidad de mejorar su vida y alinearse, en este caso, al cumplimiento de la ley para el presente y el futuro. Por el derecho de los menores y el derecho de los ciudadanos, es cuanto, diputada presidenta.

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