DIPUTADA WENDY BRICEÑO ZULOAGA (WBZ). Buenos días. Con la venia de la presidencia.

Quiero agradecer a las diputadas de la Comisión de Igualdad de Género y a las y los diputados de la Comisión de Gobernación y Población, particularmente a su presidenta, la diputada Rocío Barrera, que promovieron la iniciativa y facilitaron los trabajos de dictaminación en las comisiones unidas.

En 1924, Elvia Carrillo Puerto, precursora del voto y una de las primeras mujeres electas en nuestro país, experimentó lo que hoy en día hemos vivido muchas mujeres que hemos aspirado a participar en la vida pública; sanción y escarnio social y político por pretender votar y ser electas.

Esa gran luchadora que fue Carrillo Puerto, enfrentó esta violencia por parte de sus propios compañeros de partido, para dejar su curul y su estado natal, Yucatán, hasta migrar a San Luis Potosí, lugar donde también le fue arrebatado su triunfo electoral.

Ese mismo año, su compañera Rosa Torre, fue obligada a renunciar a su cargo como regidora de Mérida por órdenes expresas del propio presidente municipal. Es decir, las prácticas y ejercicios de violencia hacia las mujeres en el espacio público han estado presentes de manera silenciosa y hasta natural en la construcción de la historia política de este país.

Casi un siglo después de la persecución y violencia política que enfrentaron las primeras sufragistas mexicanas, las ciudadanas mexicanas seguimos asumiendo el costo personal, económico y político de ocupar cargos o emitir votos de manera libre. Continuamos luchando y muriendo por anhelar la manzana pecaminosa de gobernar, confinada históricamente para los hombres; por aspirar y desear lo que a ellos se les ha dado sin cuestionar: ejercer el poder.

México, que tiene leyes que garantizan, previenen, respaldan y sancionan la participación de las mujeres en espacios de representación pública, las mujeres de diversas organizaciones e instituciones políticas hemos invertido años en demandar mayores espacios numéricos de representación.

Vivimos de jure en un auténtico Estado de derecho, mientras de facto las mujeres políticas y con quehaceres de orden público han y hemos vivido violencias y discriminación y hemos sido medidas con un doble racero que no se aplica para los hombres. Por ello, hoy vengo en mi calidad de presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, lucha ganada por las pioneras, a dar más allá de la presentación de este robusto dictamen.

Vengo acompañada de la lucha y sueño de las sufragistas por votar y ser electas, por las paritaristas. Qué bueno que mis compañeros de aquí, del pleno, les interese mucho este importante dictamen en materia de violencia política y de paridad, que este día se presenta. Qué bueno que nos estén poniendo toda la atención. Qué bueno, porque eso habla del compromiso de este pleno.

Compartimos los espacios de poder con los hombres, cómo siempre debió ser. Vengo con todas aquellas que han sacrificado proyectos personales, familia y salud, para que muchas otras llegáramos a esta curul y estemos representadas, y con mucha rabia y dignidad también vengo, con aquellas asesinadas atrozmente por defender sus ideales democráticos y de justicia.

Nuestro país ha transitado por distintos proyectos de nación bajo distintos equilibrios en las fuerzas políticas, pero sustancialmente el fenómeno de la violencia política se repite una y otra y otra vez, en todos los espacios, en todos los partidos y en todos los niveles de gobierno enfrentamos diferentes tipos de violencias que se expresan de distintas maneras, desde la ciudadana que se limitó para no competir: las “juanitas”, herederas de espacios; la gobernadora burlada por su capacidad de vestir y no de gobernar; o todas aquellas mujeres que han perdido su vida por conquistar la urna y defender un derecho legítimo.

Por todas ellas, por todas nosotras, nunca será nuestro silencio el arma cómplice del machismo. Que se escuche fuerte, que se escuche lejos, pese a las múltiples dilaciones hoy presentamos nueve iniciativas promovidas por 40 diputadas y diputados de esta legislatura, pero que vienen antecedidas de otras legislaturas en ambas Cámaras.

Esta lucha es de todas y de todos, pues para los detractores de las causas de las mujeres, exageramos, no sabemos competir, queremos ganar sin esfuerzos, si competimos debemos asumir los costos, siempre somos no elegibles, malas mujeres, malas ciudadanas o competidoras de bajo perfil.

No obstante, avanzamos siempre por las que ya no están y por las que vendrán, nada se nos ha regalado. Lucharemos, no por el siguiente cargo o la siguiente elección, sino porque en las siguientes contiendas demos paso al mayor registro en la historia de México, de mujeres en el ejercicio público, ya sea en el cargo de elección o por designación, en los órganos de decisión y que su sueño de representar se geste sin miedo y con igualdad.

Que quede claro, esta legislatura marcada por la paridad abrirá la compuerta a todas aquellas que en su pleno ejercicio tengan derecho a gobernar, esto solo se puede garantizar si reconocemos en primer orden de ideas a la violencia política como una modalidad de violencia hacia las mujeres, definida como violencia política en razón de género. Es toda aquella acción u omisión basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad.

El libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones y la libertad de organización puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta ley a través de la ridiculización, bromas hirientes, restricción del uso de la palabra, agresiones verbales, descalificación de sus aportaciones, hostigamiento, coacción, obstaculización de su trabajo, ataques físicos y psicológicos, acoso y hostigamiento sexual, amenazas, intimidación, difamación o presión para que renuncie al cargo o a la candidatura, así como en cualquier tipo de discriminación y menoscabo de la autoridad de las mujeres.

Para ello resulta fundamental modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para reformar diversos artículos para implementar el lenguaje inclusivo, definir la violencia política en razón de género e implementar el principio de paridad de género en la conformación de los órganos de dirección, poder y mando del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales.

Establecer los criterios de no discriminación, cuya definición se armoniza con la establecida en la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, facultar al consejo general para vigilar y velar por la aplicación de las disposiciones en materia electoral y que estas se apliquen con perspectiva de género.

En la Ley General de Partidos Políticos se reconoce la igualdad sustantiva y se implementa el principio de paridad de género, el impulso de liderazgo político de las mujeres y la implementación de prevención, atención y sanción de violencia política en razón de género, mientras que en la Ley General en Materia de Delitos Electorales se señala como agravante al catálogo de delitos existentes, quien al ejecutar los delitos previstos provoque a su vez violencia política en razón de género.

Requerimos que en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República se prevea la creación de la base estadística nacional de violencia política en razón de género, así como la creación de comisiones especiales de violencia política en razón de género, y que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación prevea que el Tribunal Electoral y sus salas deberán integrarse en estricto apego al principio de paridad de género.

De esta manera, pido esta mañana, su voto a favor para que el dictamen en sus términos, detenga el estado de impunidad ante la violencia política en razón de género, detengamos los asesinatos, las agresiones, las destituciones de cargos infundadas, detengamos toda la discriminación tácita y explícita contra las mujeres en política.

La violencia política feminicida no es y nunca será el costo del ejercicio de nuestros derechos. La justicia que queremos y merecemos no es obtener el cargo público sin competir, es competir sin temor, sin ninguna forma de violencia. Es quitar el techo de cristal y el piso pegajoso como mecanismo de sujeción. Vamos a romper las cadenas y limitantes impuestas por las prácticas políticas machistas.

Demandamos la construcción de nuevas relaciones políticas basadas en planos de igualdad y seguridad para que hombres y mujeres podamos ejercer nuestros derechos civiles y políticos con libertad plena y sin temores, porque solo en una igualdad de circunstancias podremos experimentar una verdadera democracia paritaria. Solo así podremos transformar las relaciones de dominación que se esconden detrás de las diferentes manifestaciones y formas de violencia.

Lo que hoy demandamos es producto del avance cuantitativo de las mujeres, el cual no se hubiese logrado sin la resistencia y temple de todas nuestras predecesoras. Garantizar las condiciones para que las mujeres podamos aspirar y ejercer en el espacio público en igualdad de circunstancias y se ejerza, asimismo, sin ningún costo, representa sin duda hoy un avance cualitativo.

La paridad sin violencia política es nuestro siguiente movimiento revolucionario articulado. La emergencia que vemos simbolizada en el grito masivo de la pinta callejera, de la reapropiación del espacio público de y por ellas, las que luchan en lo emergente, responderemos a la altura desde la tribuna que ocupemos.

Gracias a todas y a todos los que hoy hacen posible este avance histórico en la lucha de las mujeres. Es cuanto, muchas gracias.

LINK PARA DESCARGAR VIDEO:
https://youtu.be/d74LZ2W6OJg