DIPUTADA SOCORRO IRMA ANDAZOLA GÓMEZ (SIAG): Con su venia, diputada presidenta. Saludo a todas las personas que nos siguen por medio del Canal del Congreso. Compañeras y compañeros diputados, la iniciativa que presento el día de hoy tiene como objetivo preciarse algunos aspectos en Ley General para la Atención y Protección de Personas con la Condición del Espectro Autista, en materia de... e infraestructura pública suficientes para atender de forma efectiva y real a las personas que padecen esta condición.

Como todas y todos sabemos, desde hace algunos años se ha hablado abundantemente sobre el trastorno de espectro autista, e incluso diversas organizaciones nacionales e internacionales, principalmente de la sociedad civil, han impulsado iniciativas para su visualización y reconocimiento como un problema de salud del desarrollo psicosocial y su incorporación necesaria a la agenda pública.

Sin embargo, los esfuerzos pareciera que no han terminado por atender en su totalidad la problemática que esta condición trae consigo, entendiendo que no basta con la generación del discurso inclusivo y un marco legal que lo haga visible con expectativas de su atención, sino que en la práctica faltan acciones integrales que se materialicen en forma de políticas públicas transversales, y de esa forma se tenga la posibilidad de incorporar soluciones definitivas, como a existencia de una mayor infraestructura educativa pública, escuelas, centros de atención especializados suficientes, me permito hacer énfasis, suficientes y capacitación en los diferentes ámbitos por los que atraviesa este padecimiento.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud expresó en noviembre de 2019, a propósito de esta afección, que una vez que se haya identificado un caso de TEA, es importante que se les ofrezca al niño y a su familia información y servicios pertinentes, derivados a especialistas y ayudas prácticas de acuerdo con las necesidades particulares de cada individuo, debido a las necesidades de atención sanitaria de las personas con esta condición que son complejas y requieren una serie de servicios integrados de promoción de la salud, atención y rehabilitación, así como la colaboración con otros sectores tales como la educación, el empleo y la asistencia social.

En ese orden de ideas, también con datos de la Organización Mundial de la Salud, uno de cada 160 niños presenta esta condición en el mundo y la incidencia se incrementa un 17 por ciento al año. Cada año se diagnostican más niños con autismo que con sida, cáncer y diabetes juntos.

Hasta hace poco el único estudio que existe en México, impulsado por Autism Speaks en 2016, estimó que uno de cada 115 niños tiene autismo, es decir, casi 1 por ciento de la población infantil y, sin embargo, la incidencia en la vida adulta, así como el conocimiento de su situación en la adolescencia se desconoce.

Ahora bien, en el año 2015, con la promulgación de la ley general que nos ocupa, se previó el marco jurídico que permitiera implementar acciones coordinadas en materia de salud, educación, capacitación, empleo, deporte y recreación para lograr la inclusión de estas personas a la sociedad, algo que de por sí fue una buena intención, pero que con el paso de los años nos hemos dado cuenta de que no han sido suficientes.

Hoy se sabe por las anécdotas, experiencias vividas por las familias que lo padecen, la triste realidad de no contar con escuelas o centros de atención especializados públicos suficientes que tengan profesionistas con la preparación necesaria para atender correctamente los casos que se lleguen a presentar y que debería de ser gratuita.

En otras palabras, las escuelas o centros de atención que existen en nuestro país y que cuentan con especialistas en atención a estudiantes con algún trastorno espectro autista, la mayoría son privadas y son muy costosas e insuficientes, lo que implica un grado de exclusión para este sector poblacional.

Es por lo que se puede inferir y confirmar el hecho de que se debe adecuar y modernizar el marco legal en materia de infraestructura y capacitación en los diferentes niveles de la educación en México, sobre todo a nivel básico, que es la etapa en que se debe de dar el diagnóstico y su primer tratamiento.

Por lo que la propuesta que hoy les presento, incluye entre otras cosas esta precisión en la que se reconocen como derechos fundamentales de las personas con la condición del espectro autista y/o de sus familias, la obligación del Estado de garantizar la existencia de infraestructura educativa y de salud suficiente en el territorio nacional, y la operación eficiente de centros de educación especializada que sirvan de mecanismo de inclusión e incorporación paulatina a planteles educativos públicos y privados de los individuos con diagnóstico de trastorno del espectro autista. Muchas gracias, diputada presidenta.