DIPUTADO RUBÉN CAYETANO GARCÍA (RCG). Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados, todos los tribunales del país, sin excepción, están podridos, hasta el tuétano de corrupción. Lo dicho puede ser una evaluación muy rígida, estricta y cruel, pero es la verdad. El moche y la tranza en tribunales va desde sacar copias simples hasta el dictado de las sentencias y su revocación o confirmación. Esto lo sabe todo México.

Luego entonces, cuando aquí en el Poder Legislativo de la Unión hablamos y legislamos una reforma que pretenda combatir todo eso que existe en el Poder Judicial federal, tenemos que asumir que el principal problema es resolver la corrupción y, para lograrlo, debemos ir a fondo, no solo quedarnos en la forma y lo estrictamente procesal y administrativo, como ocurre con esta reforma constitucional.

Si no establecemos en la Carta Magna las conductas como la corrupción, el nepotismo, el influyentismo, el amiguismo, el acoso sexual, entre otros lastres que afectan y empañan el prestigio de la función jurisdiccional, como causales de suspensión, destitución e inhabilitación de servidores públicos corruptos, entonces no estamos atendiendo las principales causas y males que adolecen los tribunales.

Por qué, si para la delincuencia común y organizada hemos establecido en el artículo 19 de la Constitución del país la prisión preventiva y endurecido en la norma punitiva las penas, ¿por qué no podemos hacerlo contra quienes distorsionan la ley, cuando su principal y elemental tarea es cumplirla? Esta reforma ya aprobada, repito, trae toda la voluntad del presidente López Obrador, así se reconoce. Ah, pero emana del más alto tribunal del país, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un traje a su medida, a diferencia de lo que afirman de que es una injerencia del Ejecutivo en ese Poder.

Lo que logra es cambiar ciertos conceptos, criterios y definiciones, que ayudan a agilizar y mejorar la función de los tribunales del país. La llaman una reforma del gran calado. Si no hubiera sido, si no fuera porque la corrupción existe, lo sería. Pero, el asunto no solo es lo jurisdiccional, el gran problema, reitero, es la corrupción.

Cuando nos visitó aquí en la Cámara de Diputados, en el Salón Verde, el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para exponer los detalles de esta reforma, reconoció la existencia del nepotismo y la corrupción. Pero, luego indicó que para que no existiera el nepotismo, ya se habían hecho readscripción de los familiares que dependían de altos servidores públicos. No, así no. Eso se llama impunidad, porque a pesar de admitir que la conducta indebida se realizó, se evadió y eso es pura simulación.

El Senado de la República se quedó corto, pero para eso estamos nosotros como Cámara revisora, para corregir y establecer en el artículo 94 de la minuta que se discute, que los lastres mencionados y que afectan la impartición de justicia en México sean severamente castigados para desterrar de una vez y para siempre la corrupción en los tribunales del país. Es cuanto, presidente Sauri, muchas gracias.

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RCG. Con su venia, presidenta. Hablando de escuelas y formación de jueces, el asunto es muy sencillo. El origen de la corrupción en el sistema de procuración e impartición de justicia está en muchos casos en las escuelas de derecho, donde se forman abogados y licenciados en derecho, porque en los hechos no son lo mismo. Hay tráfico de calificaciones y desde ahí lo que producen son abogados corruptos en potencia sin principios ni valores en los más altos principios de la justicia.

En el artículo 100 de la reforma, en cuyo numeral he inscrito esta reserva, se establece ampliar la carrera judicial y la creación de una escuela federal de formación política, lo que está bien. Sin embargo, para cerrar filas debe establecerse en la Constitución que estará prohibido el favoritismo, la recomendación, la recomendación jerárquica y el agandalle propios del nepotismo y el tráfico de influencias en la actualidad, y eso es lo que vengo a proponer.

De no admitirse las causales de suspensión, destitución e inhabilitación de miembros del Consejo de la Judicatura Federal, Escuela de Formación Judicial e Instituto de Defensoría Pública, se dejará, igual que siempre, a merced de que se respete la legalidad, cuando todos sabemos que no la respetan. Es menester dejarlo establecido.

Lo que en vía de reservas vengo planteando, es un clamor generalizado de servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, que son honestos, que están preparados, que cumplen a cabalidad, no solo con la posibilidad de ascender y servir a la justicia, sino que día a día entregan sus esfuerzos a los justiciables, pero nunca podrán superar el escalafón laboral, sencillamente porque no son amigos, familiares o recomendados de algún juez magistrado o ministro, para que se reconozcan tales esfuerzos. Es en los hechos con el nepotismo como se privatiza la impartición de justicia.

En esta reforma se evadió y queda pendiente la reforma a los poderes judiciales locales, porque no se puede ir a medias en un asunto que demanda cambios radicales de fondo y no meramente procesales.

En Guerrero, al igual que aquí, el presidente del tribunal es presidente del Consejo la Judicatura, por eso no hay transparencia, rendición de cuentas, y sí, una absoluta opacidad. Estamos pues ante la oportunidad en nuestras manos de cambiar eso y entrarle a una verdadera reforma al Poder Judicial que haga realidad el sueño de José María Morelos y Pavón, de que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. Porque aquí y ahora al que se defiende es al fuerte y al arbitrario; al débil solo le cargan vueltas y vueltas hasta que le exprimen su dinero y se cansa de tanta pinche transa. Muchas gracias, presidenta. Es cuanto.

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RCG. Con su venia, presidenta. Agradezco toda la disposición de la Mesa Directiva para presentar una a una mis reservas, acogiéndome a lo dispuesto por los artículos 110 y 111 del Reglamento de la Cámara de Diputados, además quiero mencionarle que solo son de tres minutos, aunque usted nos concede cinco, presidenta. Muchas gracias.

Diputadas y diputados, aunque los más grandes teóricos del derecho defiendan la inamovilidad de los jueces y su permanencia prácticamente vitalicia en los cargos como garantía de independencia y no estar expuestos a arrebatos políticos o también para generarles estabilidad y seguridad en su empleo, todos sabemos que la inamovilidad, salvo muy honrosas excepciones, en los hechos se ha traducido en inmunidad y causado impunidad por la corrupción en hasta los más altos tribunales del país.

A continuación, me permito describir lo que nos ocurre a distintos postulantes en el ámbito de la impartición de justicia. Litigué de manera ininterrumpida 25 años, he sido dos veces presidente del Colegio de Abogados de Chilpancingo, me di de baja en Hacienda, cerré mi despacho y mi destino inequívoco es la postulancia porque amo mi profesión. Lo digo para que no vayan a suponer que además de ser legislador llevo asuntos, no.

Ya no estamos en tiempos del Prian en que senadores y diputados recomendaban a tribunales que actuaban por consigna política. Sabemos de casos en que políticos dizque representantes populares ponían hasta procuradores y así metían y sacaban delincuentes de la cárcel, haciendo negocios redondos, sendos mercenarios de la justicia.

Lo anterior motivó mi ingreso a la política, estoy aquí porque creo sinceramente en un proyecto transformador, porque la realidad del sistema de justicia corrupto en México no se puede cambiar desde el ejercicio profesional del derecho, desde las barras y colegios de abogados o juristas, pero, advierto, les advierto que no dejé mi amada profesión de abogado para formar parte del status quo aparentando cambiar las cosas, para en el fondo dejarlas igual.

Yo no vine a simular y a quedar bien con alguien que no sea el pueblo de México, porque luego entonces con qué cara regresaría a los tribunales a mirar a mis colegas abogados si estando aquí no propongo incluso refundar los Poderes Judiciales como lo estoy haciendo en Guerrero.

Según la minuta, ya avalada, se deja la inamovilidad, pero, aunque se señale textualmente que solo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley los jueces y magistrados, todos sabemos que eso no es más que un amago que muy pocas veces se cumple y se establece para cuando ya está concedida la inamovilidad.

Esta reserva que presento, relativa al artículo 97, propone que antes de que se dé la ratificación en sus encargos de magistradas, magistrados, juezas y jueces sean evaluados en cuanto a la calidad jurisdiccional, calificando su función, la confirmación, modificación y revocación de sus acuerdos, resoluciones y sentencias. Ningún tribunal del país evalúa ni previo ni después de la ratificación de juzgadores en los términos en que lo estoy proponiendo.

Con esta reserva, jueces y magistrados estarían obligados a mejorar su acervo jurídico. A tener una actualización que, sin duda, coadyuvaría a que garanticemos a las y los mexicanos no solo el acceso a la justicia, sino a que se dicten sentencias apegadas a derechos, sin violar el debido proceso, salvaguardando los derechos humanos y, sobre todo, que sean justas. Es cuanto, presidente Sauri. Muchas gracias.

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RCG. Con su venia, presidenta Sauri. Diputadas y diputados, el artículo 99 constitucional, bajo el que he inscrito esta reserva, establece atribuciones y norma el actuar del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ay, nanita. Salvo las y los legisladores que se ha declarado independientes, el resto pertenecemos o simpatizamos con el partido político que nos postuló para asumir la responsabilidad que tenemos.

Deseo de todo corazón que sus partidos no padezcan el injerencismo e intromisión que padeció Morena a través de este tribunal recientemente. Al amparo de criterios legaloides se disfrazó una supuesta aplicación del derecho para intervenir a nuestro partido en pleno proceso electoral para imponerle la elección interna de dirigentes, presidente y secretaría general, atropellando los derechos de militantes, así como su vida interna, autonomía y libre determinación.

Este tribunal electoral, lo mismo que otros órganos electorales en el país, fueron constituidos por el viejo régimen. Son los hacedores y consumadores de fraudes electorales que, si bien reconocieron el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido por la contundencia con la que se manifestó el pueblo de México. De haber tenido margen para operar el fraude, lo hubieran hecho. No tenemos ninguna duda. En la elección de consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral, aquí no contaron con mi voto, voté en contra, porque ese proceso electivo no fue más que un paseíllo para premiar la burocracia del INE.

Se dejó ir la oportunidad de refrescar y reciudadanizar el órgano electoral, debimos elegir mujeres y hombres libres, sin compromiso de ninguna índole ni con los partidos, pero, sobre todo, con el INE, órgano permisivo de las peores prácticas antidemocráticas. Es así, como no deberíamos dejar ir la oportunidad de reformar a fondo el Poder Judicial de la Federación.

Si bien, en el artículo mencionado ya se prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida sobre qué criterio debe prevalecer cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aplique determinado criterio, debe añadirse que hayan causado ejecutoria para dejar abierta la posibilidad vinculante de que se incida en la resolución.

No es óbice en esta reserva agregar que se permita la atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en asuntos que tengan que ver con lo dicho, con la afectación a la autodeterminación de los partidos políticos por parte de ese tribunal intromisorio. Es cuanto, presidenta Sauri, muchas gracias.