Palacio Legislativo de San Lázaro, 27 de mayo de 2026
No se trata solamente de elegir jueces, se trata de construir una justicia, la justicia que este país y su pueblo merece: diputados de Morena
- Reforma en materia del Poder Judicial significa respaldar el fortalecimiento institucional, la certeza jurídica y el acceso efectivo a la justicia: diputada Mariana Benítez.
- Estamos homologando criterios no sólo para el Poder Judicial Federal, sino para los poderes judiciales de los estados: diputado Leonel Godoy.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con 341 votos a favor, 124 en contra y cero abstenciones, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Reforma al Poder Judicial, estableciendo que la siguiente elección judicial se realizará el primer domingo de junio de 2028, de manera concurrente con el proceso electoral federal ordinario.
La diputada Mariana Benítez Tiburcio, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales y del Grupo Parlamentario de Morena, señaló que el dictamen tiene como base la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, además de diversas propuestas de legisladoras, legisladores, senadoras y senadores de distintos grupos parlamentarios, analizadas de manera conjunta con el propósito de fortalecer el modelo de elección judicial aprobado en la reforma constitucional de 2024.
Al fundamentar el dictamen, explicó que uno de los principales cambios consiste en modificar la fecha originalmente prevista para la elección judicial de 2027, trasladándola al domingo 4 de junio de 2028, tanto a nivel federal como local.
“Este aplazamiento permitirá a las autoridades electorales y judiciales contar con más tiempo para perfeccionar mecanismos técnicos, metodologías de evaluación, organización territorial y diseño de boletas”, sostuvo.
Asimismo, destacó que la reforma permitirá organizar de manera más eficiente la renovación de cargos jurisdiccionales federales y locales, incluyendo magistraturas electorales de circuito, jueces de distrito y cargos de los poderes judiciales estatales.
Benítez Tiburcio añadió que también se contempla una adecuación al artículo 35 constitucional para permitir que mecanismos de participación ciudadana, como la revocación de mandato, puedan celebrarse de forma concurrente con procesos electorales ordinarios cuando corresponda.
Indicó que esta medida contribuirá a optimizar recursos públicos, fortalecer la participación ciudadana y mejorar la coordinación institucional en los ejercicios democráticos nacionales.
“Democratizar el Poder Judicial no significa improvisar; significa construir instituciones sólidas, confiables y procesos técnicamente robustos”, afirmó.
La legisladora subrayó además que la legitimidad democrática debe ir acompañada de capacidad técnica, por lo que las y los ciudadanos deben tener la posibilidad de analizar perfiles judiciales con mayor profundidad, evaluar trayectorias profesionales y capacidades técnicas sin que estos procesos queden absorbidos por las dinámicas propias de las campañas políticas.
“México necesita juezas, jueces, magistrados, ministros y ministras comprometidos con el pueblo. Por eso, la incorporación de evaluaciones de conocimientos representa uno de los pasos más importantes para consolidar un sistema basado en méritos y legitimidad democrática”, enfatizó.
Finalmente, afirmó que respaldar este dictamen significa fortalecer las instituciones, garantizar certeza jurídica y ampliar el acceso efectivo a la justicia.
“No se trata solamente de elegir jueces; se trata de construir una justicia, la justicia que este país y su pueblo merece”, concluyó.
Por su parte, el diputado Leonel Godoy Rangel, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, aseguró que la reforma representa un acto de responsabilidad del gobierno de la Cuarta Transformación, ya que no sólo modifica la fecha de la elección judicial, sino que también busca mejorar la calidad de quienes participarán en el proceso de 2028.
Explicó que se contemplan medidas como la creación de una comisión de verificación de integridad de candidaturas a cargo del INE, esquemas de capacitación permanente, certificaciones y el fortalecimiento de los comités de evaluación.
Asimismo, señaló que el procedimiento de selección será más preciso y transparente, aclarando que únicamente llegarán a la tómbola aquellas personas previamente evaluadas y determinadas por los comités correspondientes.
Desde tribuna, Godoy Rangel recordó que anteriormente las designaciones de ministros de la Suprema Corte eran definidas por acuerdos entre partidos mayoritarios en el Senado de la República.
“El objetivo de esta reforma es darle al pueblo la capacidad de elegir a sus juzgadores”, expresó.
Añadió que se están homologando criterios tanto para el Poder Judicial Federal como para los poderes judiciales estatales, con el propósito de garantizar mejores perfiles y fortalecer la legitimidad del nuevo modelo judicial.
“Nosotros sí confiamos en el pueblo, confiamos en los órganos que se encargarán de mejorar la calidad de quienes participen en la elección y confiamos en el procedimiento que se seguirá simplificando para ser mejores cada día”, concluyó.
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