Estoy indignada porque no hemos escuchado a las mujeres que son agredidas, violentadas y asesinadas, que se manifiestan, que se sienten indefensas, no escuchadas, que son violadas y a las cuales la autoridad no les ha garantizado su existencia, dignidad, integridad y vida.

La apuesta debió haber sido por un presupuesto progresivo, no regresivo.

Soy consciente que este es un Presupuesto para atender una situación compleja como la pandemia, integrado con recursos insuficientes por la endémica baja recaudación fiscal, agudizada por la crisis económica en la que navegábamos, más la que se incrementó con la pandemia. Con un ingrediente adicional que nunca debemos soslayar el poco presupuesto del que disponemos, porque la mayor parte está comprometido desde hace muchos años. Estos compromisos acumulados no nos permiten atender las necesidades fundamentales de un Estado de Bienestar como el que nos proponemos establecer en un país donde la desigualdad sigue creciendo.

Mi primera propuesta es sobre la iniciativa que promovimos diputadas de diferentes partidos para darle alternativas a quienes perdieron su empleo, el ingreso único vital. Este ingreso lo planteamos para un universo de 30 millones de personas, en las que incluye a personas que trabajaban en la economía informal y a quienes perdieron su empleo formal. Se trata de un acto de reciprocidad para quienes se confinaron y hoy puedan contar con un salario mínimo de tres meses para enfrentar los estragos de la pandemia. A la fecha existen seis millones de personas, de las cuales casi la mitad son mujeres, que se encuentran en una situación de desamparo y con una necesidad urgente de un ingreso temporal, para poder reestablecerse y no ingresar en las filas de la pobreza. Sé que es imposible apoyar ese universo, pero apelo para que establézcanos un programa emergente y temporal para otorgar ese ingreso único vital de 3,745 pesos por tres meses a las Jefas de Familia, cuando sabemos que por lo menos una de cada tres mujeres de este país se hacen cargo solas, teniendo que asumir trabajos no remunerados como labores domésticas y cuidados. Manteniendo a sus hijos en trabajos mal pagados, e incluso las que se emplean en la informalidad, no cuentan con acceso al Seguro Social, guarderías, prestaciones laborales.

Se trata de asignar un presupuesto de 30 mil 716 millones de pesos para respaldar a 2.7 millones de mujeres que han perdido su fuente de ingreso, tanto en el sector formal como el informal, a causa de la pandemia. Con ello podemos brindarle un apoyo indispensable a un sector productivo y, paradójicamente, muy vulnerable.

Mi segunda propuesta es otro tema que ha desnudado con toda su dureza la pandemia, la violencia de género; que ha incrementado la violencia feminicida y los feminicidios. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tenemos 2,874 homicidios violentos y 704 feminicidios durante estos diez meses de este año, un promedio de 11 mujeres asesinadas por día. Y tratándose de una de las grandes exigencias de la sociedad, y de las mujeres de manera particular, el Presupuesto no refleja este hecho, el cual además pone en entredicho una de las funciones primigenias del Estado, como lo es la salvaguarda de la vida y la integridad del grupo poblacional mayoritario.

El aumento de la violencia contra las mujeres nos tiene en una verdadera emergencia nacional. Al día de hoy, 610 municipios tienen Alerta de Violencia de Género vigente; 177 municipios se encuentran en proceso de declaratoria y 88 municipios más tienen recomendación para iniciar dicho proceso.

Sin embargo, la respuesta institucional ha sido una disminución gradual, desde el 2018 a la fecha, del presupuesto que se destina erradicar dicha violencia.

Por eso estoy solicitando que se otorguen recursos adicionales por 18 millones de pesos para las alertas de género, instrumentos que obligan a los municipios y entidades con mayores índices de feminicidios a establecer una política de prevención, atención, sanción y reparación de la violencia feminicida.

Y lo más importante: pedimos un aumento que tan sólo representa lo justo para dar cumplimiento al principio de progresividad que establece el artículo 1 de la Constitución.

Finalmente, en un país de víctimas, revictimizadas por la violencia institucional, al no tener acceso a una atención adecuada, defensa jurídica que dé un real seguimiento a sus casos y menos aún con la reducción del presupuesto al sistema de justicia, éstas tampoco tienen garantía de reparación del daño, situación que se ha complicado aún más a partir de las medidas de austeridad que implicaron un recorte presupuestal del 75% a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Aunado a ello, no debemos olvidar que en la afectación de los fideicomisos se dejó en el desamparo a cerca de 30 mil víctimas del delito y de la violencia, aún cuando, además de ser un derecho constitucional responsabilidad del Estado Mexicano, es una obligación internacional del gobierno adoptar las medidas necesarias para garantizar derechos de las víctimas y la reparación del daño.

Por eso pido se incrementen los recursos asignados al Programa de Atención a Víctimas en 800 millones de pesos y que con ello se subsanen las asignaciones que en este rubro se han perdido durante el ejercicio fiscal 2020.

Cierro diciendo que la impunidad manda un mensaje que multiplica la violencia, pero también la falta de presupuesto a quienes el Estado no les ha garantizado su existencia, dignidad, integridad y vida. Por estas razones, dejo de manifiesto mi profunda inconformidad porque seguimos sin escuchar a quienes se manifiestan en las calles y a millones de mujeres jefas de familia que están ingresando a las filas de la pobreza por falta de empleo.