- Se da una vuelta de tuerca más a la lucha contra la corrupción - Se preservan los intereses generales por encima de los particulares - Se rescatan más de 12 mil millones de pesos para el fisco federal - Se dejará de defraudar a los consumidores por 33 millones de pesos diarios

La iniciativa del ejecutivo para reformar la Ley de Hidrocarburos se enmarca en la lucha contra la corrupción, piedra angular del neoliberalismo y del PRIANISMO de los últimos tiempos, y busca contribuir a afianzar la soberanía energética y la rectoría del Estado.

Posiblemente lo más impactante de la iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos, es la posibilidad de SUSPENSIÓN de permisos a particulares para operar con hidrocarburos y petrolíferos, tomando el control y operación de las instalaciones correspondientes por parte de las autoridades energéticas, suspensión que tendría lugar en caso de peligro inminente a la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional (nuevo artículo 59 bis propuesto en la iniciativa). Desde luego, la reciente crisis energética causada por el desabasto de gas natural, indica claramente la necesidad y urgencia de esta reforma para que el gobierno esté facultado, dado el caso de dichas condiciones excepcionales, para intervenir con el fin de minimizar costos y reestablecer la normalidad con la máxima prontitud.

Asimismo, la propuesta de reforma amplia las causales de REVOCACIÓN de permisos, para incrementar las sanciones por actividades depredadoras del interés nacional y que no han podido
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ser eliminadas a pesar del decidido combate que se ha emprendido por parte del Gobierno de la República.

En efecto, la reforma propuesta incorpora como causal de revocación, actividades juzgadas ilícitas por sentencia firme de autoridad competente, tales como el llamado HUACHICOL y sus actividades conexas, así como el contrabando de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos; baste decir que esto último mermó los ingresos de la hacienda pública por 12 mil millones de pesos en 2020.

Además, la reforma propuesta añade como causal de revocación, la reincidencia en el incumplimiento abusivo de la normatividad con respecto a hidrocarburos y petrolíferos tal como el despacho de combustibles de “litros” incompletos, “litros” menores a un litro, lo que merma la economía de los consumidores y deja ganancias diarias a los concesionarios de gasolinerías por más de 33 millones de pesos.

También la mencionada iniciativa sustituye la afirmativa ficta por la negativa ficta para las solicitudes de permisos para operar con hidrocarburos y petrolíferos por parte de particulares, para no arriesgar la seguridad energética, la economía nacional y la sociedad en general, así como eleva a rango de ley la Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos publicada el 12 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, y modificada por decreto publicado en el mismo Diario Oficial el 6 de diciembre de 2019, a fin de salvaguardar los intereses y la seguridad nacionales.

Por lo tanto, encuentro de suma necesidad y en extremo apremiante la iniciativa del ejecutivo para reformar la mencionada Ley de Hidrocarburos, la que viene a dar una vuelta de tuerca más a la lucha contra la corrupción y los efectos de impunidad permitidos por la actual legislación. Marco Medina