Moreno Rivera impulsa ampliar hasta 2030 el plazo para implementar el Código Nacional de ProcedimientosCiviles y Familiares, a fin de garantizar una transición ordenada, con personal capacitado e infraestructura adecuada para una justicia más ágil y accesible.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 20 de octubre de 2026.— El diputado Julio César Moreno Rivera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y en representación de la Comisión de Justicia, fundamentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen que propone reformar y adicionar diversas disposiciones transitorias del decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023.
La propuesta tiene como objetivo ampliar hasta el 1 de abril de 2030 el plazo límite para la entrada en vigor del Código en todo el país, con el propósito de garantizar una implementación gradual, ordenada y eficiente, que permita a las instituciones judiciales contar con las condiciones necesarias para su correcta aplicación, sin afectar los derechos de las personas que acuden a los tribunales.
Durante su intervención, Moreno Rivera destacó que la aprobación del Código Nacional representó un avance histórico para la impartición de justicia en México, al establecer un marco procesal común para las 32 entidades federativas y sentar las bases para superar procedimientos que durante años dificultaron y prolongaron la resolución de los conflictos civiles y familiares.
Señaló que la ampliación del plazo permitirá fortalecer la capacitación de juezas, jueces y personal judicial, unificar criterios, adecuar los espacios para la celebración de juicios orales y desarrollar las herramientas tecnológicas necesarias para modernizar los servicios de justicia. Asimismo, precisó que las entidades federativas que estén preparadas podrán comenzar a aplicar el Código antes de la fecha límite establecida.
El legislador subrayó que la transformación de la justicia no consiste únicamente en modificar las leyes, sino también en cambiar las prácticas institucionales y profesionales para ofrecer procedimientos más ágiles, transparentes y accesibles.
En ese sentido, resaltó la importancia de incorporar herramientas digitales, como las notificaciones electrónicas y los sistemas de justicia digital, a fin de reducir traslados innecesarios, agilizar los procedimientos y acercar los servicios judiciales a la ciudadanía. Para ello, puntualizó, es indispensable contar con infraestructura adecuada y personal capacitado.
Moreno Rivera también destacó que el periodo de transición permitirá a las y los litigantes prepararse para una nueva cultura jurídica que privilegie la oralidad, la calidad de los argumentos y las pruebas, dejando atrás las prácticas dilatorias que obstaculizan la resolución oportuna de los asuntos.
En concordancia con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sostuvo que el objetivo es avanzar hacia una justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, en beneficio de todas las personas.
El diputado explicó que el dictamen es resultado del análisis de tres iniciativas presentadas por integrantes de distintos grupos parlamentarios, cuyas propuestas coincidieron en la necesidad de asegurar una implementación gradual, responsable y coordinada del nuevo sistema de justicia civil y familiar.
A partir de este análisis, la Comisión de Justicia construyó una propuesta orientada a ampliar los plazos y fortalecer la coordinación institucional, brindando certeza a la transición sin modificar los derechos ni los procedimientos fundamentales establecidos en el Código Nacional.
Finalmente, Moreno Rivera enfatizó que el éxito de esta transformación deberá medirse por los resultados concretos que genere para la población, como la resolución oportuna de demandas de alimentos, la solución de conflictos familiares en plazos razonables y el acceso a una justicia confiable, independientemente del lugar de residencia.
Por ello, convocó a las y los legisladores a votar a favor del dictamen, a fin de garantizar que la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se realice con instituciones coordinadas, personal capacitado y herramientas modernas, colocando en el centro de las decisiones el derecho de las y los mexicanos a acceder a la justicia.
–ooOoo–
