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Reformas a la Ley de Educación de Nuevo León son inconstitucionales: Paola González

27 mayo, 2020 - Prensa

La diputada federal Paola González Castañeda exhortó a la Titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Lic. María del Rosario Piedra Ibarra, al Primer Visitador General y Presidente Interino de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Lic. Luis González González, a la Titular de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, al Titular de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, M.C. Esteban Moctezuma Barragán, a la Titular de la Secretaría de Educación en el Estado de Nuevo León, M.C. María de los Ángeles Errisúriz Alarcón, y al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, Ing. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón; para que se pronuncien en el ámbito de sus respectivas competencias y facultades respecto a la reciente aprobación de la reforma a los artículos 3° y 34°, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León en materia de educación, para incorporar de manera implícita el derecho de los padres a impedir que sus hijos e hijas participen en todas las actividades, talleres, pláticas o charlas, que contravengan sus principios morales, éticos o religiosos, de cualquier tipo, con énfasis en contenido relacionado a la sexualidad.

 

“El pasado 22 de mayo de 2020, el Pleno del H. Congreso del Estado de Nuevo León aprobó reformas y adiciones a los numerales 3° y 34°, fracción primera, de la Constitución Local, en los cuales establecen, a nuestro criterio, un argumentación reduccionista y faccioso del derecho fundamental e inalienable de la educación en su sentido más amplio, tanto en lo teleológico como en lo jurídico, político, social y dogmático.”, indicó Paola González.

 

La diputada federal explicó que “dicha reforma es violatoria de los derechos humanos ya que incorpora visiones religiosas y morales en la educación, cuando ésta debe ser laica, de acuerdo con la Constitución Política de México.”

 

”Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”, argumentó.

 

Paola González señaló en su exhorto que en dichas modificaciones, los legisladores promueven valores antidemocráticos que menosprecia la convivencia, el estado constitucional y democrático de derecho, así como romper los sistemas universales y regionales de defensa de los derechos humanos recepcionados en el marco normativo a través del control convencional que los poderes del Estado mexicano que se deben  acatar, cumplir y hacer cumplir.

 

“Como muestra, cito la modificación del artículo 7° de la ley, la cual establece: “la educación que imparta el estado deberá desarrollar actitudes solidarias en los individuos para crear conciencia sobre el respeto a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural…”. Dicho razonamiento muestra una preocupante vocación al retroceso de la tolerancia y el respeto a las libertades individuales, ya que su contenido esencial genera en sí mismo un dogma, lo cual es contrario al espíritu científico y académico que mandata precepto educativo federal, ya que su materialización puede inducir a la difusión de ideologías totalitarias y antivalores democráticos como la “enseñanza” contra el aborto y libertad sexual de la mujer o la eutanasia en sus diversas modalidades, en atención a su derecho a la dignidad.”, manifestó

 

Finalmente, Paola González reiteró que dichas reformas son inconstitucionales, ya que ningún ordenamiento jurídico debe contravenir a lo señalado en el artículo 1º, párrafo segundo, de la constitución federal en su sentido más amplio; por tanto, pidió a la CNDH y la CEDHNL, se encuentren a la altura de las circunstancias para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la interpretación hermenéutica de la convencionalidad de derechos humanos colisionados entre el derecho a la libertad sexual de la mujer, el derecho a la vida y el derecho a una educación integral de calidad, invocados en la reforma constitucional aprobada por el Congreso del Estado de Nuevo León.

 

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