Ciudad de México 21 de octubre de 2026.- El diputado Ricardo Monreal Ávila informó, a través de sus redes sociales, sobre la aprobación por consenso de una ley que incorpora el delito de reclutamiento con fines delictivos en la legislación general en materia de trata de personas, con el propósito de establecer sanciones para quienes capten o incorporen personas a grupos o actividades criminales.
El legislador explicó que la reforma contempla penas de 10 a 20 años de prisión por reclutamiento y de 15 a 25 años cuando este se realice de manera forzada, además de multas y agravantes que podrían elevar las sanciones hasta 37 años y seis meses de prisión, de acuerdo con los supuestos previstos en la legislación.
Entre las circunstancias que pueden agravar las penas se encuentran determinados casos relacionados con servidores públicos, personal de seguridad y víctimas pertenecientes a comunidades indígenas y afromexicanas, así como personas en contexto de movilidad. Asimismo, se establecen consecuencias para los servidores públicos que incurran en estas conductas, incluida la destitución e inhabilitación, conforme a los supuestos legales aplicables.
Monreal destacó que la reforma incorpora un tipo penal autónomo para sancionar a quienes inviten, induzcan, incorporen o recluten personas para integrarlas a grupos o actividades delictivas y criminales, con el objetivo de fortalecer las herramientas jurídicas para combatir estas prácticas.
Uno de los aspectos centrales de la ley es la protección de niñas, niños y adolescentes. Al respecto, el diputado señaló que todo reclutamiento de personas menores de edad se considera forzado, sin necesidad de acreditar la existencia de violencia o engaño, por lo que un aparente consentimiento no justifica su incorporación a estructuras criminales.
El legislador subrayó que la aprobación fue resultado del consenso entre las diputadas y los diputados, al tratarse de propuestas impulsadas desde la propia Cámara de Diputados.
Finalmente, indicó que la ley será remitida al Senado de la República para su revisión y continuación del proceso legislativo, como parte de las acciones encaminadas a fortalecer la protección de la población frente al reclutamiento criminal y la trata de personas.
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