Palacio Legislativo de San Lázaro. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, presentó una iniciativa para garantizar el acceso libre, gratuito y permanente a las playas marítimas y a la zona federal marítimo-terrestre (Zofemat) contigua, sin distinción de origen, nacionalidad o condición social. La propuesta reforma la Ley General de Bienes Nacionales (adición del artículo 8 Bis y modificación del 127) y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (artículo 56).
El proyecto obliga a autoridades federales, estatales y municipales a asegurar pasos desde vías públicas hacia las playas y la Zofemat, con señalización, condiciones de seguridad y servicios básicos. Asimismo, prohíbe cualquier cobro, cuota o restricción para ingresar, salvo disposición expresa por prevención y protección ambiental, seguridad pública o interés nacional.
Las concesiones o permisos en la Zofemat deberán incluir acceso público; de lo contrario, procederá su revocación. En paralelo, se plantea que la SEMARNAT garantice un día a la semana con acceso gratuito a las áreas naturales protegidas bajo su competencia, preferentemente domingos o días festivos.
En los considerandos, Monreal subraya que el objetivo es hacer efectivo el principio de acceso universal a los bienes nacionales y evitar que medidas de conservación se conviertan en barreras excluyentes. El planteamiento busca conciliar la protección ecológica con el mandato constitucional que reconoce a las playas como bienes de uso público (artículos 4° y 27).
El documento publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente advierte que en distintos litorales, especialmente dentro de áreas naturales protegidas, se han instalado bloqueos físicos o esquemas de cobro que dificultan o impiden el libre paso, con efectos excluyentes sobre población local, turistas nacionales y visitantes extranjeros. Estas prácticas, agrega, han provocado inconformidad social, litigios y afectaciones económicas en comunidades que dependen del turismo regional; se cita, entre otros, el caso de Tulum, Quintana Roo.
La iniciativa considera que cobrar por acceder a espacios que pertenecen a la Nación constituye una forma de privatización de facto del patrimonio natural. Por ello, propone reordenar el marco legal para reafirmar el acceso libre y gratuito, incluso cuando las playas estén dentro de ANP, sin menoscabar su conservación, separando con claridad los mecanismos de financiamiento ambiental del derecho público de acceso.
