Palacio Legislativo de San Lázaro, 28-09-2025. La diputada Gabriela Jiménez Godoy, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, anunció que presentará la Ley de Inversiones Mixtas para el Bienestar, un marco que articula al Estado y a la iniciativa privada para detonar la economía priorizando el impacto social por encima de la rentabilidad inmediata.
Durante el “Foro de análisis de la iniciativa de Ley de Inversiones Mixtas”, Jiménez subrayó que la infraestructura debe ser “herramienta de justicia social” y enfocarse en cerrar brechas de acceso a salud, educación, agua, vivienda digna y conectividad. La propuesta contempla la participación de Afores y capital privado bajo condiciones de seguridad y certeza jurídica; la creación de órganos colegiados con paridad, transparencia y rendición de cuentas; y una arquitectura institucional sencilla, sin burocracia innecesaria y con reglas claras.
La legisladora recalcó que el nuevo modelo pone al centro la vida cotidiana de las personas y requiere la participación de todos los sectores y voluntad política. “Queremos proyectos que cambien realidades, no sólo balances financieros”, afirmó.
En respaldo, el diputado Edén Garcés Medina (Morena) adelantó que su bancada priorizará la inversión pública en el PEF 2026 y celebró que la iniciativa contemple un portafolio de proyectos para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum en la implementación del Plan México. La diputada Clara Cárdenas Galván (Morena) destacó que la propuesta blinda errores del pasado y asegura que “cada peso invertido tenga un propósito social” con transparencia.
Desde el sector privado, Gisselle Moran Jiménez, CEO de Real Estate Media Group, sostuvo que el marco impulsará competitividad, innovación y confianza para invertir en México; mientras que Adolfo González Olhovich, del CONARED, estimó que el país requiere alrededor de 20 billones de pesos para cubrir la infraestructura pendiente y valoró que la ley plantee reglas de gobernanza, transparencia, competencia económica, prevención de lavado y anticorrupción.
Las y los participantes coincidieron en que la inversión mixta público-privada es clave para modernizar infraestructura, generar empleo de calidad y avanzar hacia un desarrollo sostenible, equitativo e inclusivo.
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