Palacio Legislativo de San Lázaro, 20 de octubre de 2026.— La diputada Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una reserva al dictamen relativo a la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con el propósito de evitar que el aplazamiento de su implementación afecte los derechos fundamentales de las personas con discapacidad y de las personas adultas mayores.
Durante su intervención en tribuna, la legisladora expuso la preocupación de colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellos Decidir es mi Derecho, ante la posibilidad de que la postergación del Código prolongue la falta de mecanismos judiciales adecuados para garantizar el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
Sánchez Cordero señaló que su propuesta busca mantener la eliminación de los procedimientos de interdicción, que restringen el ejercicio de derechos, y evitar un vacío procesal derivado de la derogación de dichos procedimientos sin la entrada en vigor de los nuevos mecanismos de designación de apoyos.
La reserva plantea adicionar los párrafos quinto, sexto, séptimo y octavo al artículo segundo transitorio del decreto correspondiente, a fin de establecer una excepción al calendario general de implementación del Código Nacional para el procedimiento de designación extraordinaria de apoyos, previsto en los artículos 445 y 454.
La diputada explicó que esta medida permitiría que dicho procedimiento entre en vigor de inmediato en todo el territorio nacional, sin alterar el calendario general de aplicación del ordenamiento. Durante el periodo de transición, las solicitudes podrían tramitarse ante las autoridades jurisdiccionales civiles o familiares competentes, mediante la aplicación supletoria de las disposiciones locales sobre jurisdicción voluntaria, siempre que sean compatibles con el procedimiento extraordinario y sus salvaguardas.
Asimismo, destacó la importancia de distinguir entre la designación judicial extraordinaria de apoyos y los mecanismos ordinarios mediante los cuales las personas pueden elegir voluntariamente a quienes les acompañen en el ejercicio de su capacidad jurídica. Estos últimos, puntualizó, pueden formalizarse a través de las figuras previstas en la legislación civil aplicable, incluso ante notario público, con respeto pleno a la voluntad y las preferencias de cada persona.
La legisladora subrayó que el reconocimiento de la capacidad jurídica constituye un derecho fundamental respaldado por el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por lo que su protección no debe quedar supeditada a la implementación general del Código.
Advirtió que prolongar la transición hasta 2030 o 2031 sin establecer mecanismos de excepción podría comprometer el acceso a la justicia, la protección del patrimonio y el ejercicio de otros derechos fundamentales de las personas con discapacidad y de las personas adultas mayores.
Finalmente, Sánchez Cordero sostuvo que la ampliación de los plazos debe realizarse de manera ordenada y coherente con el marco jurídico, sin generar contradicciones normativas ni dejar desprotegidos a sectores que requieren garantías específicas. Por ello, solicitó el respaldo de las y los legisladores a la reserva presentada, con el objetivo de asegurar que la transición al nuevo sistema de justicia civil y familiar no implique un retroceso en el reconocimiento y ejercicio de derechos.
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