Palacio Legislativo de San Lázaro, 20 de octubre de 2026.— La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 419 votos a favor, el dictamen que fortalece el marco legal para prevenir, sancionar y erradicar el reclutamiento forzado de personas, al establecer penas de hasta 20 años de prisión y multas para quienes incorporen a personas a grupos delictivos, y de hasta 25 años cuando se empleen amenazas, coacción, violencia o abuso de poder.
Con esta reforma, Morena y sus integrantes en la LXVI Legislatura respaldaron el establecimiento de sanciones específicas contra una conducta que vulnera la libertad y los derechos de las personas, con especial atención a la protección de niñas, niños y adolescentes, cuyo reclutamiento será considerado forzado en todos los casos.
El dictamen adiciona el Capítulo II Bis, denominado “Del Reclutamiento Forzado de Personas”, a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
La reforma contempla penas de 10 a 20 años de prisión y de cinco mil a 50 mil días multa para quien, por cualquier medio, invite, induzca, incorpore o reclute a una o más personas para formar parte de grupos delictivos, de la delincuencia organizada o para realizar actividades delictivas previstas en la legislación aplicable.
Cuando estas conductas se cometan mediante intimidación, amenaza, coacción, violencia física o moral o abuso de poder, las sanciones aumentarán a entre 15 y 25 años de prisión, además de multas de 10 mil a 80 mil días.
Asimismo, establece agravantes que permitirán incrementar las penas hasta en una mitad cuando concurran circunstancias como el abuso de un cargo público, el uso indebido de conocimientos adquiridos en empresas de seguridad privada, o cuando las víctimas pertenezcan a pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, se encuentren en situación de movilidad humana o sean objeto de tortura, violencia sexual, privación de la libertad o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La reforma también contempla sanciones agravadas cuando las víctimas cuenten con formación profesional o conocimientos especializados, así como cuando la persona responsable haya pertenecido a corporaciones de seguridad pública o a la Fuerza Armada Permanente. En los casos en que el responsable sea una persona servidora pública, se impondrán, además, la destitución y la inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por un plazo igual al de la pena de prisión impuesta.
En materia de protección a la niñez, el dictamen dispone que, cuando niñas, niños o adolescentes sean imputados por este delito, deberá prevalecer el interés superior de la niñez, garantizando la protección más amplia y la restitución de sus derechos, conforme a la legislación aplicable en materia de derechos de la infancia y justicia penal para adolescentes.
De igual manera, se prevé la posibilidad de reducir hasta en una tercera parte las penas cuando los autores o partícipes proporcionen información relevante, corroborada por otros elementos de prueba, que contribuya a esclarecer los hechos o identificar a otros responsables, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el dictamen, incluida la reparación integral del daño y que no se trate de una persona imputada por delincuencia organizada.
Con su aprobación unánime, la Cámara de Diputados avanzó en el fortalecimiento de las herramientas legales para combatir el reclutamiento de personas con fines delictivos y establecer consecuencias penales diferenciadas según las circunstancias en que se cometa el ilícito.
El dictamen fue remitido a la Cámara de Senadores para continuar con el proceso legislativo correspondiente. Además, establece un plazo de 180 días naturales, a partir de su entrada en vigor, para que las legislaturas de las entidades federativas que contemplen el delito de reclutamiento realicen las adecuaciones legales necesarias para armonizar sus ordenamientos con la reforma.
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