En La retirada: Irak, Libia, Afganistán y la fragilidad del poder de Estados Unidos, de Noam Chomsky y Vijay Prashad, se plantea una idea incómoda, pero bastante reveladora: incluso los poderes que parecen absolutos se debilitan cuando chocan con la conciencia y la organización de los pueblos.
Esto significa que los imperios no caen de golpe, sino que se agrietan poco a poco, cuando su legitimidad se desgasta y cuando quienes estaban en desventaja comienzan a decir ¡basta! Esa reflexión geopolítica tiene ahora vigencia en terrenos más cercanos a la vida cotidiana.
Durante años, el poder se expresó a través de ejércitos y tratados internacionales, pero también mediante contratos interminables, letras pequeñas y algoritmos diseñados para que la salida fuera más difícil que la entrada.
Fue así como las plataformas digitales de streaming —presentadas como símbolos de modernidad y libertad de elección— reprodujeron una lógica de dominio silencioso: te suscribes en segundos, pero cancelar se convierte en un viacrucis.
Aceptar sin cuestionar esa dinámica equivale a normalizar un orden en el que el poder económico se impone sobre la dignidad de las personas. Cuando millones de usuarias y usuarios se resignan a cobros automáticos, a renovaciones sin aviso y a procesos de cancelación casi imposibles, está en juego algo más que el dinero: el derecho elemental a decidir. Por eso, regular también es democratizar.
El pasado 12 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma que promovimos e impulsamos en el Congreso como una iniciativa de protección a las y los consumidores digitales, conocida como Click to Cancel o, dicho en español claro y directo: “un clic para cancelar”.
Puede parecer un cambio sencillo, incluso obvio, pero durante años fue negado por gigantes del streaming que operaban en México en condiciones de ventaja e inequidad frente a la población usuaria.
Esta medida nace de una realidad concreta: millones de mexicanas y mexicanos enfrentaban cobros automáticos por suscripciones digitales que se renovaban sin aviso y procesos de cancelación diseñados para desincentivar cualquier intento de salida.
La reforma establece obligaciones claras, como informar de manera transparente los cobros recurrentes, notificar con al menos cinco días de anticipación antes de una renovación automática y permitir la cancelación inmediata por el mismo medio con que se contrató el servicio. Si con un clic te suscribiste, con un clic debes poder cancelar; así de sencillo.
No se trata de ir contra la tecnología ni contra la innovación, se trata de poner reglas donde antes solo había abuso normalizado. La importancia de esta reforma radica en que devuelve equilibrio a la relación entre público consumidor y corporaciones. Democratiza el uso de los servicios digitales y coloca a la persona usuaria en el centro, no como rehén de contratos opacos, sino como sujeta de derechos.
Además, esta medida tiene un impacto social profundo, pues protege especialmente a personas adultas mayores, a niñas, niños y a quienes no siempre dominan los entornos digitales y suelen ser blanco fácil de estrategias poco claras. Asimismo, humaniza la tecnología, al reconocer que detrás de cada cuenta hay una persona, una familia y un ingreso económico que debe ser respetado.
Esta reforma es parte de una visión más amplia impulsada desde la llegada de los gobiernos de la Cuarta Transformación y que hoy continúa con el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum. En los últimos años, México ha avanzado en la regulación de las plataformas digitales, para que su operación beneficie al pueblo.
Ahí está el reconocimiento de derechos laborales y de seguridad social para las y los trabajadores de aplicaciones de reparto y transporte; la discusión legislativa para equilibrar la competencia entre plataformas de streaming, y el fortalecimiento del marco legal de protección a consumidoras y consumidores frente a prácticas abusivas en el entorno digital.
Todas estas acciones responden a la misma convicción de que el mercado no puede autorregularse cuando existen asimetrías tan profundas de poder. El Estado tiene la responsabilidad de intervenir para proteger al pueblo. Regular no es frenar el desarrollo, es garantizar que el progreso no se construya sobre el abuso.
La entrada en vigor de esta ley es, en ese sentido, una victoria colectiva y el resultado de una demanda social acumulada. Es la prueba de que cuando el poder económico se enfrenta a la voluntad popular organizada también muestra su fragilidad.
Hoy, cada ciudadana y cada ciudadano puede decidir libremente si continúa o no con una suscripción, sin miedo a cargos ocultos y cancelaciones imposibles. Eso también es soberanía, pero en lo cotidiano, expresada en lo digital y en la tranquilidad del hogar.
La transformación digital debe ser, al mismo tiempo, una transformación social. Y esta reforma es un paso firme hacia un México más justo, donde incluso los gigantes del streaming deben entender que aquí manda el pueblo. Basta con un clic. Y eso, ante un poder desmedido, no es algo menor.
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