En El obsceno pájaro de la noche, José Donoso ofrece una imagen brutal del miedo. El imbunche, un ser encerrado en sí mismo, incapaz de hablar, de mirar, de moverse, es la encarnación del trauma, del silencio impuesto y de la identidad anulada por el terror.
El imbunche no nace así: es convertido por otros, por un contexto externo que lo mutila y lo encierra. Esa figura, aunque fantástica, es profundamente real para miles de mexicanas y mexicanos que han sido víctimas de extorsión.
La extorsión es una forma de violencia que se instala en el cuerpo y en la rutina diaria. La persona que ha sido extorsionada vive con miedo de hablar, de denunciar, de volver a confiar. El daño no termina al cumplir con lo exigido, sino que comienza ahí. El miedo se vuelve cotidiano y la víctima se convierte en rehén de su propio silencio.
Por eso, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, no es una simple reforma penal; es una apuesta por romper el miedo y dar cobijo a las víctimas. Es una forma de decirle a la ciudadanía que el Estado no solo reconoce su dolor, sino que está dispuesto a enfrentarlo con todas sus herramientas.
Durante esta semana, en el Congreso, estaremos discutiendo y analizando esta ley reglamentaria del artículo 73 constitucional. Su discusión y, en su caso, aprobación será un paso decisivo para darle al país un marco jurídico integral, que permita combatir con eficacia uno de los delitos más destructivos del tejido social.
Esa ley plantea fortalecer las capacidades de los tres órdenes de gobierno, para investigar y sancionar el delito de la extorsión, pero también para prevenirlo, combatirlo y proteger a las víctimas. Su espíritu es claro: no basta con castigar, hay que impedir que el miedo siga echando raíces.
Por ello, se endurecen las penas, con agravantes y atenuantes según las circunstancias, pero también se proponen medidas preventivas, campañas de sensibilización, mecanismos de denuncia anónima y la restricción del uso de medios digitales en cárceles, donde se gestan muchas extorsiones.
El proyecto de reforma modifica cinco leyes fundamentales: el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Con esto se armoniza el sistema legal, para evitar vacíos y duplicidades que impiden una persecución eficaz.
Otro aspecto relevante es la distribución de competencias. La Fiscalía General de la República podrá atraer casos específicos, garantizando así una investigación técnica, especializada y con alcance nacional, evitando que la impunidad se refugie en los límites de la jurisdicción local.
La ley también reconoce la complejidad de la extorsión en todas sus modalidades: desde las amenazas telefónicas hasta los cobros de piso y las presiones ejercidas por servidores públicos corruptos.
En cada caso, las penas se ajustarán según la gravedad y las condiciones particulares; es decir, se incrementarán cuando las víctimas sean personas adultas mayores, mujeres embarazadas, migrantes o se encuentren en situación de vulnerabilidad. Y se duplicarán cuando los agresores sean elementos de las Fuerzas Armadas o funcionarios que, en lugar de proteger, traicionan la confianza pública.
Sin embargo, lo que más destaca de esta reforma es su enfoque humano. Lejos de reducirse a una política de mano dura, la propuesta de la presidenta pone en el centro de importancia a las víctimas.
Establece principios que obligan a las autoridades a actuar con rapidez, eficiencia y sensibilidad; a investigar sin revictimizar; a reparar el daño, y a ofrecer acompañamiento psicológico y jurídico.
Se proponen, además, medidas cautelares que protegen la vida y la integridad de las personas extorsionadas. Es decir, además de combatir el delito, se hace frente a la soledad y al miedo en los que muchas víctimas quedan atrapadas después de denunciar.
Este nuevo marco normativo también impulsa la colaboración internacional. La cooperación con otros países y organismos permitirá intercambiar información y proteger a quienes se persiga o amenace más allá de nuestras fronteras.
Por todo lo anterior, la ley representa un cambio de paradigma. No se trata solo de endurecer el castigo, se trata de devolverle al pueblo su derecho a vivir sin miedo. Eso significa dar voz a quienes fueron callados, desmontar el poder del miedo y construir una nueva relación entre el Estado y la ciudadanía, basada en la confianza y la protección.
También de eso se trata esta reforma: de dar cobijo, de tender la mano a quienes han sido víctimas y decirles que no están solas ni solos, demostrando que el Estado impulsa leyes para proteger al pueblo de México.
Con esta ley, nuestro país puede dar un paso firme hacia una Estrategia de Seguridad más humana y congruente con la visión de la Cuarta Transformación para romper el miedo y para que la ciudadanía vuelva a vivir con dignidad, con libertad y sin temor.
X: @RicardoMonrealA
