● La reforma respalda derechos sociales de trabajadores.

● No habrá espacio para simulaciones.

Para nadie es un secreto que, con la llegada de la Cuarta Transformación, el outsourcing era un tema sobre el cual —invariablemente— esta legislatura y este gobierno habrían de posicionarse, esencialmente porque emanamos de una corriente política cuya principal seña de identidad es la justicia social.

Al interior de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, de la cual soy integrante, ya se venía dando el debate. Basta recordar que el pasado mes de febrero llevamos a cabo un foro de Parlamento Abierto en donde escuchamos a los sectores interesados para robustecer nuestra perspectiva sobre un tema a lo menos controvertible desde el punto de vista de la legitimidad y de la ética laboral.

Incluso en el Senado y en esta misma Cámara de Diputados han venido presentándose distintos proyectos de reformas; desde aquellos que apuntan por prohibir expresamente este régimen laboral, hasta los que trazan mayores acotaciones al marco normativo vigente. Y lo que es un hecho es que ningún legislador, ni aquellas ni aquellos que aprobaron en 2012 la reforma que abrió las puertas a la subcontratación, ni quienes conformamos esta LXIV Legislatura, en ningún momento se nos ocurriría decirle a nuestros representados que estamos a favor de que se les reduzcan sus derechos, como ocurre en el presente. Por eso es imperativo que realicemos acciones que permitan mitigar este fenómeno que crece como una bola de nieve rodando en picada, y que con su marcha va viendo crecer sus dimensiones, y que con el pasar del tiempo resulta más difícil de frenar.

La propuesta que convoca la discusión de hoy, turnada por el Poder Ejecutivo federal, tiene principios tan justos como diáfanos. Con los proyectos de reforma a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social, a la Ley del Infonavit, al Código Fiscal de la Federación, a la Ley del ISR y a la Ley del IVA, el Gobierno de México nos propone:

● Regular la subcontratación de personal, los servicios especializados y obras especializadas, además de las agencias de colocación.

● Prohibir la subcontratación de personal consistente en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.

● En el caso de las agencias de colocación, establecer que en ningún caso serán consideradas como patrón.

● Las empresas que falten a la nueva normativa legal podrán ser procesadas por delitos de defraudación fiscal, junto con el hecho de que no se permitirá que deduzcan impuestos y se les impondrán multas cuando caigan en incumplimiento.

En suma, con esta reforma en materia de subcontratación laboral se pretende inhibir el registro de los trabajadores en la seguridad social con salarios menores a los que realmente perciben, lo cual desemboca en graves afectaciones a sus respectivos fondos de pensiones, a los fondos de vivienda y a menores liquidaciones e indemnizaciones frente a despidos. Por el contrario, pretendemos que los derechos sociales de las y los trabajadores queden blindados, fomentando estabilidad laboral, la generación de antigüedad y el cumplimiento con las obligaciones fiscales.

Ampliando nuestra perspectiva de análisis, observamos que este paquete de reformas para frenar las injusticias del outsourcing van de la mano con una serie de medidas implementadas por el Gobierno y las y los legisladores de la Cuarta Transformación, tanto en con el incremento de los salarios mínimos —a niveles nunca vistos en la historia moderna de México— como con la reforma laboral, que justo está entrando en marcha por estos días, misma con la que procuramos el aseguramiento de la democracia sindical, el tránsito a juicios laborales más eficientes y la transparencia en los contratos colectivos de trabajo.

Con la reforma laboral, la política de incrementar los salarios mínimos y ahora, con la iniciativa sobre el outsourcing, transitamos de un esquema de justicia laboral meramente enunciativo a uno en el que las y los mexicanos puedan comprobar que sus garantías y derechos están realmente protegidos. Todo esto constituye, en la práctica, una auténtica revolución en el mundo del trabajo que sólo podía ser posible en la Cuarta Transformación.