- El porcentaje de trabajadores con derecho a recibir fondos para el retiro se incrementarán de 56% a 97%.

- Los cambios se inscriben en un ciclo histórico de reformas realizadas por la Cuarta Transformación.

Para México ya no había mañana: o dejábamos que se consumara una de las injusticias más grandes que trajo consigo el neoliberalismo, con el establecimiento del sistema de pensiones de cuentas individuales de 1997, o nos poníamos a trabajar con toda responsabilidad para buscar la solución más adecuada para reparar los estropicios heredados de décadas anteriores.

Hoy aprobamos en la Cámara de Diputados el Dictamen a la Iniciativa por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, presentada por el Ejecutivo federal, que traerá como consecuencia que más personas podrán recibir el pago de sus pensiones luego de que concluyan con su etapa de trabajo en activo.

Esta reforma al sistema de pensiones se inscribe en un ciclo histórico de cambios impulsados por la Cuarta Transformación, que tiene como objetivo incrementar el salario de las y los trabajadores y, por consiguiente, sus percepciones de jubilación, materializados en políticas públicas y modificaciones legales que van desde la consagración constitucional de la pensión universal para adultos mayores, hasta los históricos incrementos a los salarios mínimos y las reformas en materia de combate a la defraudación fiscal, pasando por la reforma laboral —que trae grabados los principios de democracia sindical, transparencia y justicia en el establecimiento de los contratos colectivos—, además de la formalización y reconocimiento del trabajo doméstico con plenos derechos a la seguridad social, por mencionar algunos. Y lo que se viene, con la muy próxima eliminación de los esquemas fraudulentos y simuladores de subcontratación laboral, lo que incentivará la contabilización de más trabajos formales y la integración de más personas a los esquemas de seguridad social.

Con la reforma aprobada, el porcentaje de trabajadores con derecho a una pensión se incrementarán de 56% a 97%, y se establecerá una pensión garantizada que incrementará su cobertura de 34% a 82% de beneficiarios.

Esta iniciativa es producto de un diálogo en el que se han conciliado posiciones de empleados, patrones y Gobierno, mediante un enfoque humanista y progresivo. Entre otras características relevantes de esta reforma, está la disminución en las semanas de cotización para tener derecho a una pensión, que pasan de mil 250 a 750, con un incremento paulatino hasta llegar a mil.

La contribución de los patrones al fondo de pensiones pasará gradualmente del 5.15 al 13.875% del salario cotizado, es decir, crecerá casi tres veces, mientras que la aportación gubernamental se transforma en una cuota social que favorecerá más a quienes reciben menores salarios. En ambos casos, la gradualidad de dichas contribuciones deberá asegurar que la pensión que se alcance sea digna. Y algo muy importante: no habrá incremento en las aportaciones de las y los trabajadores.

Una consecuencia fundamental que se verá con la aprobación de esta iniciativa es el aumento en la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje que las personas jubiladas cobrarán con referencia a su último salario, que pasa de una media del 30% con el esquema vigente, a un mínimo de 54% y un máximo de 103% con la reforma aprobada. Un salto exponencial en favor de las y los mexicanos.

También se plantea la justa regularización en el cobro de las comisiones por parte de las Afores, de acuerdo con estándares internacionales, tomando como referencia la media de comisiones que se cobran en Colombia, Chile y Estados Unidos, que es del 0.54%, cuando en México el promedio es del 0.98%. Y es que, con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), si las comisiones disminuyen a la mitad desde su nivel actual, el ahorro promedio de las y los trabajadores se incrementará en un 12%, situación que se verá reflejada en el aumento en la tasa de reemplazo.

Vale la pena establecer que, en términos regionales, si miramos a los países de América Latina, los sistemas colombiano y chileno ostentan objetivos equiparables a los que fundamentan al esquema mexicano de contribuciones, mientras que el parámetro estadounidense responde a una realidad geoeconómica evidente, recordando que Estados Unidos es el principal socio comercial de México y que, junto con Canadá, nos encontramos inscritos en uno de los tratados de más profundo calado como es el T-MEC.

La reforma que hemos discutido y aprobado es realista y responsable, en el marco de las posibilidades actuales, en un contexto de incertidumbre global por la pandemia de COVID-19, bajo la lógica del cambio de régimen que nuestro país experimenta desde 2018. Se ha dado un primer paso fundamental para no dejar en el desamparo a las y los trabajadores que, de no existir una modificación legal como la referida, se quedarían naufragando, recibiendo apenas un fondo de ahorros insuficiente para retirarse del mundo laboral con dignidad.

Así como antes se rescataba a banqueros y grandes empresarios, hoy el interés principal está en respaldar al pueblo de México, a la ciudadanía de a pie que con mucho esfuerzo labora, día tras día, y que tiene todo el derecho a recibir una pensión que cubra con suficiencia sus necesidades a la hora del retiro.