DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA (DPL). Con el permiso de la presidencia; yo quisiera enfocar este debate a los seis grandes problemas que resuelve la iniciativa preferente sobre la Ley de la Industria Eléctrica.

El tema de la sobre oferta de la capacidad de generación, la ausencia de condiciones equitativas para competir en el mercado, el desacierto de un despacho que no toma en cuenta los costos reales totales en la generación, los cuantiosos subsidios que reciben las empresas eléctricas privadas, la inequidad de los certificados de energías limpias y los daños derivados de los contratos con los productores independientes.

Las reformas implementadas anteriormente alentaron el otorgamiento desmedido de permisos de generación eléctrica y eso ha derivado en un exceso de capacidad en el mercado mayorista de electricidad.

La oferta asciende a 85 mil 900 mega watts, la demanda apenas alcanza 48 mil mega watts, y además, la capacidad de generación sigue creciendo, están en construcción en este momento 24 mil 500 mega watts más que en poco tiempo entrarán al sistema y el parque de centrales serán más del doble de lo que necesita el país.

Este sobre equipamiento daña enormemente a la hacienda pública por tres razones; lo ingresos que no percibe la CFE por estar obligada sus centrales a parar. Dos, los subsidios que la ley permite que reciban lo generadores privados. Y tres, los sobre costos en los que incurre la CFE para poder mantener la continuidad y la confiabilidad de la red eléctrica.

La iniciativa del Ejecutivo tiene como un eje principal la planeación del sistema eléctrico nacional para equilibrar la oferta con la demanda.

El segundo problema a resolver es la ausencia de condiciones equitativas en el mercado. La reforma energética creó que un modelo de mercado con reglas para favorecer únicamente a los grupos económicos privados en detrimento de la CFE.

La ley como está actualmente restringe el margen de actuación de la empresa productiva del Estado, la obliga a subsidiar a sus competidores en detrimento de las finanzas públicas, en detrimento de su propio desempeño empresarial y de su eficacia operativa.

La competencia desleal y el dumping comercial, van en contra de la libre competencia y de la libre concurrencia, lo cual está completamente prohibido en los tratados de libre comercio.

La ley vigente simula que hay un mercado competitivo cuando en realidad las empresas privadas, al contrario de la CFE, están autorizadas para realizar todo tipo de transacciones; ellas pueden hacer comercio intrafirma, los contratos bilaterales, comerciar, por no decir especular con los certificados de energía limpia y el ofrecimiento de precios subsidiados.

En cambio a la CFE se le prohíben las operaciones intrafirma, se le prohíbe comprar electricidad, se le obliga a comprar electricidad privada aunque no tenga ninguna necesidad de comprar esa electricidad.

A la CFE no se le reconoce la energía limpia que produce, y produce el 20 por ciento de la generación total. Eso lo hicieron con la única finalidad de obligar a la CFE a comprar certificados de energías limpias haciendo que estos certificados sean un negocio redondo de los privados.

A la CFE se le obliga a subsidiar a sus competidores, el porteo, el respaldo, los servicios auxiliares. A la CFE se le obliga a comprar electricidad mediante subastas que no reflejan los costos unitarios de generación más bajos, sino al contrario, el precio que ofertan los privados con sus centrales eólicas y solares simulan tener un costo más económico, pero en realidad es enormemente caro, si se consideran todos los costos que esa electricidad acarrea y que tiene que pagar la empresa pública con cargo al erario, con cargo a los contribuyentes y con quienes pagamos luz cada bimestre.

El mercado eléctrico es una simulación, no hay competencia, sólo hay confabulación para que la CFE acabe cerrando centrales públicas y puedan los privados quedarse en el mercado.

Voy en el segundo punto, son seis puntos.

Quisiera señalar rápidamente, que el tercer problema es el desacierto del despacho eléctrico que no toma en cuenta los costos reales. Voy a dar algunas cifras elocuentes.

El parque eólico Iberdrola pasa primero al despacho eléctrico, porque se le asigna un costo marginal de cero. ¿De verdad cuesta cero pesos a Iberdrola generar su electricidad? No. La realidad es que cuesta 2.7 kilowatt hora el costo total unitario y lo paga el Estado, no lo paga la empresa esta.

La iniciativa del Ejecutivo Federal propone remplazar ese despacho tramposo, por uno que realmente considere el costo real.

Concluyo con dos cosas; primero la CFE está subsidiando a las privadas el porteo estampilla del que disfrutan algunas centrales que utilizan fuentes renovables de energía, subsidia el respaldo que necesitan las granjas solares y los parques eólicos que sólo dan luz cuando hay sol o viento y producen una electricidad altamente variable. La CFE tiene que respaldar con 13 mil mega watt a estos privados.

También gozan de subsidios del uso de la red eléctrica, no pagan el uso de la red eléctrica. La transmisión cuesta y ellos no la pagan y al gobierno, a la CFE de acuerdo a la ley le cuestan 249 mil 606 millones de pesos. Tan sólo Iberdrola recibe un subsidio de 56 mil 175 millones de pesos equivalentes al 22 por ciento de los subsidios totales.

Falta mucho por explicar. La derecha dice que no tenemos argumentos, al debate nos remitimos.

Gracias.

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